Obtener una cita para tramitar el pasaporte en el Atlántico se ha convertido en una auténtica odisea. La plataforma digital destinada a gestionar este proceso constantemente tiene fallas y deja a los ciudadanos sin opciones.

Las citas se agotan en minutos, cuando no están completamente bloqueadas durante semanas. Este panorama evidencia no solo una preocupante desconexión entre las necesidades ciudadanas y la capacidad institucional, sino también una brecha entre las expectativas de los usuarios, que hoy exigen servicios digitales ágiles y eficientes, y la capacidad de respuesta que debería ofrecer una administración moderna.

El reciente caso de la periodista y empresaria Karen Osorio es un ejemplo alarmante de esta problemática. Durante una semana entera estuvo sometida a los laberintos de la tramitología en la oficina de pasaportes. Le hicieron realizar un sinfín de diligencias adicionales que incluyeron la solicitud de documentos que primero debían estar impresos en blanco y negro y luego impresos a color.

La obsolescencia y falta de integración de los equipos con los sistemas de identificación ciudadana impedían avanzar con su proceso. Como migrante, Karen enfrenta la urgencia de regresar a Estados Unidos, pero veía con frustración cómo los días pasaban sin solución. Así como ella, cientos de ciudadanos enfrentan diariamente un trámite que hace pocos años era motivo de admiración y hoy es un fracaso evidente. Así quedó evidenciado en sus redes sociales, en la que cuenta con más de 156 mil seguidores, donde recibió denuncias de más casos similares.

La oficina de pasaportes en el Atlántico enfrenta serias limitaciones estructurales y presupuestales. No cuenta con un centro de costos que le permita gestionar una asignación presupuestal adecuada. Además, dispone únicamente de seis funcionarios de planta, incluida la jefa de la dependencia, aunque actualmente una plaza está vacante, dejando solo cinco funcionarios para atender la demanda. Ante esta precariedad, recurrieron este año a la vinculación de 22 contratistas bajo la modalidad de prestación de servicios, quienes trabajaron desde el 15 de enero hasta el 15 de julio. Luego, esa lista se redujo a la mitad, quedando apenas 11 contratistas para el resto del año, lo que provocó que durante varios días la dependencia funcionara sin contratistas.

En cuanto a su plataforma tecnológica, la oficina opera con equipos adquiridos en el año 2020: 31 computadores, 23 cámaras, 20 escáneres, 21 pads de firmas y 21 lectores de huella, para los conocedores en tecnología son equipos que ya tienen su remplazo en el mercado digital. Estos recursos, insuficientes y desactualizados, dificultan aún más la prestación del servicio.

Para nadie es un secreto que la demanda de pasaportes ha crecido de manera exponencial. Entre enero y mayo de 2022 se expidieron más de 38.000 pasaportes y al finalizar ese año la cifra superó los 98.000, casi triplicando los niveles de 2019.

Para agosto de 2023 ya se habían expedido 53.000 pasaportes, evidenciando que la alta demanda continúa. Sin embargo, este crecimiento no justifica el colapso del sistema. Por el contrario, expone una alarmante falta de planificación y previsión por parte de las autoridades.

Esta falta de planificación, comentan en la puerta del edificio donde se realiza el trámite, fue lo que trajo de vuelta el servicio irregular de tramitadores y agencias que, explotando las fallas del sistema, ofrecen sus servicios para agendar citas. Esta práctica expuesta ante los medios en el pasado por la misma oficina de pasaportes, además de ilegal, expone la desesperación de quienes solo buscan ejercer su derecho a la movilidad internacional.

Las soluciones son claras y urgentes. Es necesario modernizar la plataforma de citas para garantizar su funcionalidad, aumentar los puntos de atención y capacitar al personal encargado del proceso. Estas medidas no solo aliviarían el caos actual, sino que también devolverían la confianza de los ciudadanos en un servicio esencial.

El derecho a obtener un pasaporte es más que un trámite, es una garantía de libertad de movimiento y dignidad. Los habitantes del Atlántico merecen un sistema eficiente y respetuoso, a la altura de las demandas de una ciudadanía moderna.