La Superintendencia de Industria y Comercio se ha pronunciado: UBER incurrió en competencia desleal y desviación de clientela; por su parte, UBER ha tomado una decisión definitiva: Hasta el 31 de Enero de este año ejercerá operaciones en Colombia. Dos decisiones desafortunadas, que en nada cambian el panorama de la realidad que dio origen a la controversia, y aunque el tema puede tener muchos enfoques, quiero quedarme con uno: La evidente distancia que existe entre el Derecho y las nuevas tecnologías.  Es inevitable que el desarrollo tecnológico vaya más rápido que el ámbito legal que deba regularle, pero hay escenarios que son previsibles, y sin embargo preferimos seguir de espalda a esas realidades, que asumirlas. Uber no apareció ayer, tiene ya 10 años de existencia y 4 de operación en Colombia.

El problema llamado “uber” no se soluciona con decisiones restrictivas que pretenden forzosamente mantener vigente un modelo de negocio destinado a desaparecer o por lo menos, a sufrir cambios trascendentales. El manejo político para sostener el monopolio de los taxis no será suficiente. El reloj no da marcha atrás.  Sería tanto como creer que aquella frase célebre de Mafalda pudiera aplicar en su literalidad: “Paren el mundo que me quiero bajar!”. Si... el mundo no va a parar, las aplicaciones seguirán, la mayor competencia de los taxistas ya está aquí… los carros autónomos (sin conductor) en muchos países del mundo ya están en prueba... y algunos como Singapur y USA  que sí hacen la tarea oportunamente, ya están normativizando los aspectos éticos y jurídicos que enmarcan tales desafíos. El servicio que podrá prestar un vehículo autónomo será mucho más económico que el que pueda ofrecer el ser humano, por lo cual creo firmemente que al menos como conocemos hoy el servicio público de taxi  sufrirá cambios importantes y sobretodo… indetenibles.

El derecho y la legalidad  no son unos inamovibles y deben estar en constante evolución para brindar respuestas a un mundo globalizado y a las tecnologías disruptivas, por ello preocupa no sólo la ausencia de algunas regulaciones normativas, sino que en las aulas donde se imparte el derecho tampoco se le están brindando las competencias a los estudiantes destinados a resolver los problemas jurídicos basados en la disrupción de nuevas tecnologías. Me di a la tarea de revisar al menos 20 planes de estudio publicados en las páginas web de las diferentes universidades del País, y sólo en un caso, encontré una asignatura sobre nuevas tecnologías en pregrado. Craso error, el derecho de nuevas tecnologías es transversal, está tocando todas las áreas del derecho y rompe los esquemas de  los problemas jurídicos tradicionales que hasta ahora se han resuelto.

El Gobierno actual ha tomado las banderas de la economía naranja y el gobierno digital, lo que le impone siendo coherente con sus políticas sobre el tema, realizar verdaderos esfuerzos legislativos para conjurar la desafortunada decisión de la superintendencia ante la ausencia de un marco regulatorio propio, pues seguirán declarando competencia desleal y desviación de clientes a otras aplicaciones, no sólo aquellas relacionadas con el sector de transporte, sino también por ejemplo con el sector hotelero, caso Airbnb.

Ojalá que las Facultades de Derecho se den a la tarea urgente de modernizar sus planes de estudio… pues el Ciberderecho también está aquí!