La tremenda película “Post” de Steven Spielberg, protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks, que hurguetea en las polémicas generadas por el descubrimiento de documentos secretos que demostraban que el gobierno de Estados Unidos había engañado por décadas a la opinión pública con respecto a la Guerra de Vietnam y que, en la práctica, se había enviado a miles de jóvenes estadounidenses a una muerte casi segura y a un conflicto en que no había posibilidades de salir airosos. En la escena final del filme, después de que el poder judicial ha defendido la libertad de prensa, expresando que los medios de comunicación están para defender a las personas y no a los gobiernos, deja en claro la relevancia que tiene para la salud espiritual de una nación, un poder judicial que recuerde y respeto los valores más trascendentes de una sociedad.

En Estados Unidos sin duda, por la tradición jurídica en la que se entronca desde la Independencia, se eleva al poder judicial como el más importante de su Estado Nación y que es el que se expresa en última instancia para dirimir, incluso los conflictos entre los otros dos poderes. Los padres fundadores estadunidenses, los que escribieron la Declaración de la Independencia, fueron principalmente abogados, lo que tuvo un efecto rotundo en la vida cotidiana y en la cultura de dicho país. Si revisamos aportes relevantes de poetas, dramaturgos, novelistas percibiremos que la mentalidad de la nueva nación tenía en la política y el derecho sus elementos constitutivos.

A diferencia del largo proceso que se vivió en la Europa de las revoluciones liberales, el pragmatismo estadounidense se deshizo de todos los tribunales de justicia que olían a privilegios y corrupción tan propios del Viejo Mundo Contemporáneo. Pasaron a la Historia el derecho eclesiástico, el derecho administrativo e incluso los tribunales de equidad y limitaron el alcance de la jurisprudencia tan normativa y no pocas veces desigual de la tradición anglosajona. Esta idea no sólo dio origen a la supremacía del poder judicial y su control sobre la legalidad, sino que fundamentalmente la relevancia que tiene para la sana convivencia un régimen judicial que investigue y sancione en igualdad de condiciones eliminando los beneficios de casta y de fuero que tantos relatos oscuros han llenado en las páginas de la Historia.

Todo este preámbulo para contextualizar las opiniones que un importante sector de la derecha chilena busca volver a instalar, “Los Tribunales Militares” de tan nefasto recuerdo en la época de la dictadura en Chile y del que la democracia demoró más de los conveniente en eliminar y que hoy, amparado en delitos deleznables y de alta figuración mediática, buscan instalar en el ideario jurídico de nuestro país.

El asesinato vil de tres representantes de la policía uniformada de Chile en la zona de la Araucanía ha sido el pretexto emocional para turbar la razón y posibilitar que un grupo de parlamentarios haya instalado, en un trámite legislativo, la idea de reponer los tribunales militares para funcionarios en servicio activo en posibles delitos cometidos en Estado de excepción constitucional. Todo esto huele mal, huele a aprovechamientos político de un crimen horrendo, huele a desprestigiar a los tribunales de justicia y a los fiscales que buscan realizar su trabajo, huele e que las violaciones a lo derechos humanos y el uso desproporcionado de la fuerza de carabineros de Chile durante el estallido social queden impunes, huele a instalar un especia de amnistía especial para trágicos hechos que terminaron con chilenos muertos y otros con importantes daños físicos de por vida, huele a reducir el estallido social a la lógica de un movimiento fuertemente ideologizado, de violencia inaudita que sin respetar las condiciones mínimas de convivencia y hasta sin razones claras, instaló el miedo en el Chile de fines del 2019 y comienzos del 2020, huele a ocultar los discursos de políticos de todas las tendencias ideológicas que hablaron de un Chile desigual, discriminador y poco solidario, que sería el gran responsable de un descontento acumulado que explotó, en algunos casos con inusitada violencia y que convirtió al “oasis de Latinoamérica” en un polvorín social. Aquellos que quieren reducir el estallido social a los lamentables episodios de violencia son los que hablan del “octubrismo”, muchos de los cuales hicieron sus respectivos mea culpa cuando millones de chilenos cansados de los abusos, de la discriminación, la desigualdad y los privilegios se expresaron más allá de lo que la realidad histórica de este país recordaba.

Para una persona de mi edad, que cursó sus estudios universitarios en los últimos años de la dictadura, la experiencia de la Justicia Militar resulta ser uno de los peores recuerdos. Tuve compañeros de universidad y de pensión que vivieron vigilados por representantes de dicha justicia, que instalaban estudiantes falsos en facultades y carreras, que facilitaron que muchos profesores se convirtieran en delatores y denunciantes de sus propios estudiantes, que tenían permanentemente supervisadas viviendas y que tomaron prisioneros y apremiaron física y sicológicamente, bajo la protección y la impunidad que dichos tribunales instalaron.

Parece que el ambiente emocional está para bollos, hay una intencionalidad de aquellos que se acostumbraron a que el orden se puede mantener a través de las violaciones a los derechos humanos, al uso sistemático de la fuerza desproporcionada y a la impunidad de los tribunales de justicia que protegían a los perpetradores. Son los mismos que se arrogan casi exclusivamente el apoyo a los funcionarios de las policías y las fuerzas armadas, que fueran casi los únicos que valoran su rol y, de paso, tienden a convertir a los demás chilenos en enemigos irreconciliables. A las bases de las fuerzas armadas y de orden y seguridad se les enseñó a odiar a un sector relevante de la sociedad chilena, desde el proceso mismo de instrucción policial y militar, instalando en ellos la lógica orwelliana del enemigo interno, que tan nefastas consecuencias generó en nuestro país y que parece que, después de 34 años de recuperación de la democracia, no hemos sido capaces de desarraigar completamente.

A carabineros, a investigaciones y a cada una de las ramas de las fuerzas armadas de Chile se les apoya con más y mejor preparación, con una lógica de unidad nacional, sin instrucciones partidistas y dotándolos de los medios materiales que le permitan enfrentar de la mejor manera su tarea, donde el enemigo es el crimen, la delincuencia, el narcotráfico y no los chilenos que pueden pensar distinto, como por tantos años se les ha hecho creer.

Sin duda que volver por los caminos de la Justicia Militar sería un retraso civilizatorio para Chile. En momentos de tanta sensibilidad es necesario que aquellos primeros borradores de la Historia, aquellas noticias que en su momento nos hablaron de lo que era y fue la justicia militar en Chile nos pueden no solo refrescar la menta, también lo corazones para no caer en errores de los que podamos lamentarnos profundamente.

En noviembre del año 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado de Chile por la prohibición, en marzo del año 1993 (ya en democracia), de la publicación del libro de Humberto Palamara, “Ética y Servicios de Inteligencia”, en el cual abordaba aspectos de la inteligencia militar y la necesidad de adecuarla a determinados parámetros éticos. Es importante recordar que el Sr. Palamara era oficial retirado de la armada de Chile y se desempeñaba, en Punta Arenas, como funcionario civil de dicha rama castrense. Se buscó destruir, por parte de la Justicia Militar, el libro desde la imprenta e incluso del computador personal del autor, al que además sometieron a juicio por dos delitos de desobediencia y fue, incluso, condenado por ello y también por desacato producto de una entrevista que dio con posterioridad.

En el año 2010, después de veinte años desde la recuperación de la democracia, la discusión sobre la Justicia Militar estaba presente en el derrotero político del país. El entonces presidente, Sebastián Piñera, señalaba que la Justicia Militar no garantizaba el debido proceso, la igualdad ante la ley y el pleno cumplimiento de los tratados internacionales, con motivo del envío de un proyecto de ley que buscaba modificar la competencia de los tribunales militares.

Recién, en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se incorporaba una nueva acotación a la ley que buscaba que ningún civil pudiera ser víctima o imputado en un proceso que llevara a efecto la justicia militar.

No tenemos más de quince años en que buscamos destrabar una practica muchas veces abusiva y arbitraria de la aplicación de la justicia heredada de las páginas más oscuras de la dictadura militar en Chile y nos queremos olvidar de que la justicia militar  cuenta con responsables que no tienen la competencia profesional ni la idoneidad para ejercer funciones en la materia, no cuentan con formación jurídica que les dé las competencia  para desempeñarse como jueces o fiscales, que muchos de ellos responden con claridad a la superioridad del mando y no al interés general por la justicia, lo que en la práctica genera una administración de justicia espuria, sin la debida independencia e imparcialidad, ya que instala la discriminación y el abuso.

Chile no merece volver a repetir estos horrorosos hechos, no merece tener nuevos fiscales militares como Fernando Torres Silva, quien, inmediatamente después del golpe de Estado de 1973, fue designado por la junta para participar en los Consejos de Guerra instaurados por la dictadura, nombrado como fiscal ad hoc en diversas causas de triste recuerdo por la forma de investigar y las sentencias aplicadas que, ya en democracia, lo llevaron a ser condenado por asociación ilícita y como uno de los responsables de la muerte del químico Eugenio Berríos para que no compareciera ante los tribunales ordinarios en el caso del atentado a Orlando Letelier en Washington.

Chile merece una justicia eficiente, pero sobre todo limpia, proba y transparente, en que no existan fueros especiales que instalen la impunidad.