La experiencia de la elección presidencial en Venezuela el domingo 28 de julio es un extraordinario espacio de reflexión para explicitar en nuestros alumnos las amenazas que enfrenta la democracia en nuestra América Latina.

La realidad me indica que esta no es una cuestión de derechas o izquierdas, que en gran medida ha impactado en los análisis que hemos realizado históricamente, ya que América Latina demuestra que ejemplos como estos cruzan de lado a lado las tendencias políticas.

El ejemplo resulta ser bastante completo, porque no sólo debe limitarse a lo sucedido el día de la elección, sino que el antes y el después aportan aspectos relevantes que debemos considerar, que es necesario visibilizar e instalar en la conciencia histórica individual y colectiva de todos los latinoamericanos.

En primer lugar, quiero expresar que para enfrentar las amenazas a la democracia es necesario identificarlas y establecer dónde se encuentran. Ya me he planteado en columnas anteriores, que estas provienen del propio funcionamiento del sistema democrático y otras residen en agentes externos a él. Lo anterior se explicita en que la democracia es un “Experimento Abierto”, un proceso de permanente transformación colectiva cuyo real significado se explicita a través de la participación, la deliberación y el conflicto.

La democracia tiene la virtud de pensarse y repensarse a sí misma y, en el proceso, debemos entender que el conflicto y la tensión son parte de ella, claro está que estos se desarrollen dentro de los marcos que la misma democracia ha establecido. Ir más allá de ellos, imponer soluciones autoritarias, desconocer la relevancia de la participación ciudadana y sus mandatos, no son expresiones del conflicto democrático, son expresiones de falta de cultura democrática y por ende una amenaza que socava sus bases fundamentales.

La democracia es, por lo mismo anunciado en las líneas precedentes, un proyecto histórico, construido a lo largo del tiempo por hombres y mujeres de ayer y de hoy, y espero que también los de mañana. Por lo mismo, su existencia no puede darse por sentada, los riesgos están a la vuelta de la esquina, dentro de ella o merodeándola, por lo que la actitud de alerta en función de su protección y cuidado es lo que el sistema demanda de cada uno de los ciudadanos que reconocemos sus más genuinos valores y virtudes.

Sin obviar en el análisis de que la democracia en Venezuela viene siendo amenazada desde hace unas cuántas décadas, lo que hemos vivido en las últimas semanas parece, de no haber una verdadera reacción democrática, un verdadero réquiem de dicha experiencia.

El cóctel parece estar más que armado, entre los ingredientes podemos destacar: la actitud del gobierno de Nicolás Maduro, con expresiones de claro autoritarismo, antes de la jornada del 28 de julio; sus constantes conflictos con gobiernos de la región; la poca colaboración con organismos judiciales de otros países de Latinoamérica; sus permanentes polémicas, cargadas de frases poco afortunadas y muy desvinculadas de la realidad; mientras que en la escena interna se persigue a la oposición; se politiza las fuerzas armadas y las policías; se controlan los medios informativos, entre los aspectos más relevantes.

La construcción histórica del proyecto democrático nos habla de que se ha complejizado, ha robustecido sus alcances, va desde las garantías de la participación y acción ciudadana en libertad, hasta la satisfacción de las necesidades sociales, la protección de las poblaciones marginales, la preocupación por los mecanismos de inclusión, en definitiva un espacio que procura que todas las personas puedan beneficiarse de sus propio funcionamiento y de los dividendos de la prosperidad y del desarrollo.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) da cuenta de una crisis humanitaria sin precedentes para Venezuela, es, después de Siria, el país con una mayor cantidad de refugiados, sobre los 7 millones de personas, que no encontraron en el funcionamiento del actual gobierno, posibilidad dentro de su país para ser incluidos, respetados y con condiciones aceptables que permitan que sus habitantes vean en su proyecto posibilidades de prosperidad y desarrollo.

La persecución interna a María Corina Machado, impidiendo su candidatura presidencial tiene su correlato externo con la prohibición de la llegada de observadores externos al proceso eleccionario en Venezuela. A las ya acaloradas discusiones a través de la prensa entre representantes de los gobiernos de Venezuela y Chile por la forma de llevar adelante investigaciones para temas sensibles de delincuencia en nuestra región y que, en un caso específico por lo demás, el rapto y muerte del teniente Ronald Ojeda en Chile, tienen claros ribetes políticos. Sectores claramente de izquierda en la región, por el sólo hecho de explicitar el respeto por aspectos básicos de la democracia han sido considerados enemigos del régimen venezolano.

Las declaraciones de Lula Da Silva y del ex presidente de Argentina Alberto Fernández que demandaban el respeto irrestricto a los resultados de la elección convirtieron a grandes partidarios de ayer en personas, por decir lo menos, no gratas para el régimen de Maduro. El gobierno venezolano, en su aventura por destruir los principios democráticos fundamentales, se arroga el derecho a silenciar comentarios más allá de sus fronteras, invalidar la opinión distinta e instalar mecanismos que develan altos niveles de autoritarismo.

Hoy, a más de una semana de la elección, no se han cumplido los aspectos mínimos de probidad y transparencia que una elección democrática demanda para una elección presidencial. Se entrega la información, de un organismo electoral que no tiene independencia del gobierno, con un resultado que no responde a las proyecciones de las encuestas y menos al resultado expresado por veedores externos. Las Actas del proceso han sido acalladas por la fuerza, al igual que las manifestaciones de los opositores que han terminado con un número de muertes que hablan de que el conflicto ha escalado mucho más allá de los límites que una real democracia puede tolerar.

Los apoyos que ha recibido el gobierno de Maduro para reconocer los resultados de la elección no resultan ser verdaderos referentes democráticos, muy por el contrario, en todas las mediciones realizadas se encuentran con intensidades democráticas muy bajas o con gobiernos abiertamente fuera de ella. Paralelo a ello, el autoritarismo de Maduro lo ha llevado a decisiones diplomáticas que convertirán a su país en el nuevo paria de la región, no será por la una acción concertada de países marcados por la oposición abierta a las supuestas inclinaciones ideológicas del régimen de Maduro, no, será por la imposibilidad del gobierno de mantener una transparencia, probidad y un relato democrático que demanda la comunidad internacional.

Importantes naciones del mundo y de la región han dado un paso más radical, han reconocido el triunfo de la oposición, con lo que podemos instalarnos en un escenario similar al vivido en la región cuando Juan Guaidó fue reconocido como presidente encargado de Venezuela pero que nunca terminó por legitimarse, por el contrario, muchos países que lo reconocieron terminaron manteniendo relaciones diplomáticas con el régimen chavista.

Por el contrario, gobiernos de la región, muchos de izquierda por lo demás, han asumido una postura crítica del manejo gubernamental en Venezuela desde hace algunos años, como por ejemplo el de Chile, mientras otros han asumido una actitud más que cautelosa para con la evolución de los acontecimientos en dicho país. Ninguno ha salido abiertamente a reconocer el triunfo de Maduro, muchos esperan la información de organismos internacionales especialistas en validar procesos electorales, como por ejemplo la Fundación Carter. Pero todos ellos se han dado cuenta de lo erosionada que se encuentra la democracia en Venezuela y, muy especialmente para las democracias de izquierda de la región, que puede convertirse en su peor propaganda.