Según acaba de publicar la Corporación Excelencia en la Justicia, en los últimos 30 años, el número de abogados activos en nuestro país ha crecido en cerca de un 500%. 

En términos absolutos, pasamos de tener 65.624 abogados activos en 1996, a 375.580 a cierre de 2022. Incluso, teniendo en cuenta el crecimiento natural de la población, la cifra sigue siendo impresionante: pasamos de tener 178 abogados por cada 100.000 habitantes, a 728. 

Esta es una cifra especialmente alta si se tiene en cuenta que, según el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (2022), en Colombia solamente el 50% de los jóvenes entre 17 y 21 años se inscriben a programas de educación superior (a diferencia de Chile, con 80% o la media de la OCDE, que es de 75%). Es decir, incluso pese a la baja tasa de profesionalización, tenemos una de las tasas de abogados per cápita más altas del mundo. 

Según la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, actualmente, hay 173 universidades de Colombia que ofrecen el programa de pregrado en Derecho. Sin embargo, únicamente 37 de ellas se encuentran acreditadas en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Con todo, volviendo al estudio de la Universidad Javeriana, en Colombia hoy hay cerca de 17.500 estudiantes activos de Derecho. 

Naturalmente, hay quien pensará que tenemos tantos abogados porque somos una sociedad demasiado conflictiva. Pero yo creo que es al revés: como hay abogado para todo, es fácil que cualquier desacuerdo se convierta en un litigio. Nos hemos malacostumbrado a llevar a vías judiciales conflictos menores que terminan por congestionar innecesariamente a la administración de justicia: derechos de petición (con la subsiguiente tutela) por asuntos triviales, demandas de irrisoria cuantía, acciones legales cuyo único fin es generar presión en una negociación privada, etc. Quien esté libre de culpa, ¡que arroje la primera piedra!

El asunto es que este aumento en el número de colegas no ha estado acompañado de un semejante incremento en la capacidad de la administración de justicia. Incluso, hay datos que pueden llevar a pensar que -en algunos sentidos- ha disminuido. Uno de los más discutidos es el del número de jueces: en la última década, pasamos de tener 5.958 jueces (2013), a 5.912 (2022). Otro, el del número de cancelaciones/reprogramaciones de audiencias, que está en aproximadamente el 50% en la media nacional, llegando incluso hasta el 70% (en la región caribe). 

Cualquiera que fuere la causa, lo cierto es que, al cierre del año pasado, el Consejo Superior de la Judicatura registró que la diferencia entre ingresos y egresos efectivos de procesos en la administración de justicia arrojaba un rezago del 58%. Es decir, de cada 100 entradas (como demandas, por ejemplo), únicamente se reportaron 42 salidas (como sentencias, por ejemplo). Esto quiere decir no solamente que la justicia está congestionada, sino que cada vez lo está peor. 

Los abogados tenemos una doble responsabilidad en el cuidado de la administración de justicia. No solo debemos abstenernos de promover acciones legales en asuntos que deben ser evacuados por otras vías, sino que, en ocasiones, es nuestro deber actuar como barrera de contención frente al apetito litigioso de algunos de nuestros clientes. De seguir por la vía en la que vamos, terminaremos por tener un sistema obsoleto, incapaz de evacuar siquiera aquellos asuntos que sí lo ameritan.