Recientemente, en el Congreso de la República aprobamos la ley que prohíbe el matrimonio infantil en Colombia, un hecho que representa un paso trascendental para la defensa de los derechos de las niñas. En un país donde aún persisten prácticas que vulneran la infancia, esta legislación es un mensaje contundente: la niñez no es un terreno de explotación ni de abuso. Durante años, desde el Senado, en conjunto con el liderazgo que han venido ejerciendo los activistas y organizaciones, hemos luchado incansablemente para erradicar esta práctica que, en esencia, es una forma de violencia de género. Con esta ley, cerramos una puerta al maltrato y se abre una ventana a un futuro más justo para nuestras niñas.

Somos conscientes de que Colombia, como signataria de múltiples tratados internacionales que promueven los derechos de la niñez, estaba en deuda con sus menores. A lo largo de la geografía colombiana, muchísimas niñas se vieron obligadas a casarse o convivir con adultos en nuestro país, situación que las venía exponiendo a riesgos físicos, psicológicos y sociales. El matrimonio infantil, lejos de ser una decisión libre, muchas veces es resultado de presiones familiares, pobreza, y la falta de oportunidades educativas. Por eso, con este nuevo marco legal que establecimos desde el Legislativo, no solo protege a las menores, sino que también les da un respiro para soñar con un futuro en el que ellas sean quienes elijan su propio destino.

La importancia de esta ley radica en su efecto preventivo y en la protección de los derechos humanos. Desde ahora, no será posible validar legalmente una unión matrimonial con una persona menor de 18 años, sin excepciones. Este es un avance, a través del cual no solo buscamos detener matrimonios forzados, sino que también que la sociedad civil reconozca que una niña no puede ser considerada una esposa. La edad mínima para contraer matrimonio debe ser un estándar que asegure madurez y autonomía en la toma de decisiones. Dejar que nuestras niñas crezcan en entornos de protección y desarrollo es una responsabilidad ineludible del Estado.

Sin embargo, la promulgación de esta ley es solo el primer paso. Ahora, el desafío consiste en garantizar su implementación efectiva en todos los rincones del país. No podemos permitir que esta normativa sea letra muerta en zonas rurales donde las prácticas tradicionales pueden ser más fuertes que las leyes escritas. Es fundamental que las instituciones competentes, como el ICBF y las secretarías de educación, trabajen de la mano para educar a las comunidades sobre los derechos de las niñas y las consecuencias legales de incumplir esta normativa. La sociedad civil también tiene un rol protagónico en la vigilancia de su cumplimiento.

Al aprobar esta ley, enviamos un mensaje claro y firme a toda Colombia: no hay lugar para el matrimonio infantil en nuestra sociedad. Reconocemos que, para proteger a las niñas, debemos ir más allá de las sanciones. Se requieren políticas integrales que promuevan la educación sexual, el empoderamiento femenino y el acceso a oportunidades económicas para que las familias no vean en el matrimonio infantil una salida a la pobreza. Es momento de cambiar y transformar esta compleja realidad: nuestras niñas deben estar en las aulas de clases, no en los altares.

En definitiva, con la prohibición del matrimonio infantil no solo protegemos la infancia, sino que también reafirmamos nuestro compromiso como congresistas y como sociedad hacia el bienestar y el desarrollo de las nuevas generaciones. Si realmente aspiramos a un país donde se respeten los derechos de todos, este tipo de medidas son imprescindibles. Hoy celebramos un triunfo de la justicia y la equidad, pero mañana seguiremos trabajando para asegurar que todas las niñas colombianas crezcan libres, empoderadas y con un futuro lleno de posibilidades.