Este lunes 4 de julio se cumple el plazo final para que la Convención Constituyente entregue al presidente de la República, Gabriel Boric, el documento final de la propuesta constitucional que será plebiscitada el 4 de septiembre. Más allá de cualquier interpretación podríamos afirmar que el proceso concluirá y con una propuesta concreta para el país, a diferencia de lo que los agoreros del fracaso ya habían pronosticado asumiendo que se extendería más allá de los plazos establecidos…, en definitiva no ha sido así.

Lo que me parece correcto afirmar es que durante un año Chile entero ha tenido una experiencia ciudadana única en su historia y ha favorecido que muchos más se hayan interesado por la influencia que los principios jurídicos, presentes en una carta constitucional, tienen sobre su cotidianeidad.

La excepcionalidad del proceso debe ser valorada por toda la comunidad chilena ya que, más allá del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, nunca en la historia de Chile se había escenificado un proceso constituyente  más legítimo y democrático que este: fue instalado por los movimientos sociales que concluyeron con el Estallido Social de 2019, obligando a una  clase política,  dividida entre quienes se sentían cómodos con el orden jurídico, un grupo de  timoratos con propuestas que fueron torpedeadas por los mismos sectores afines de la dictadura  y otros  amarrados por los enclaves autoritarios de la constitución de los 4 Comandantes en Jefe, a firmar un “Acuerdo por La Paz y la Nueva Constitución”; se aprobó la propuesta Constitucional con un plebiscito en que la opción afirmativa y a través de una Convención Constituyente 100% elegida por la ciudadanía, rozó el 80% de la votación; se eligió democráticamente a cada uno de los convencionales e incluso tuvieron su espacio de participación los sectores que buscaron ser elegidos para taponear el proceso a través del principio de los dos tercio, como medida obstruccionista, para cualquier nuevo articulado constitucional y; por último, será aprobada o rechaza el próximo 4 de septiembre a través de un Plebiscito Obligatorio. Pésele a quien le pese, le duela a quien le duela, la realidad indica que, más allá del articulado y el contenido de la carta o del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, nunca en la Historia de Chile se había escenificado un proceso más amplio, legítimo y democrático que este para discutir y comprometer de manera más activa a la ciudadanía, sobre una nueva constitución para Chile.

Desde hace unos meses, incluso cuando aún quedaban debates relevantes al interior de la Convención Constituyente, los referentes políticos empezaron a mover sus cartas y a tomar sus decisiones. Los partidos de derecha se plantearon fuerte y claro, optaron monolíticamente por la opción Rechazo. Para algunos una medida acertada, la decisión permitirá aunar esfuerzos y, al mismo tiempo, sanar heridas que dejó el fracaso en las elecciones presidenciales.

Para otros es una claro error del sector ya que convierte al Plebiscito del 4 de septiembre en una de las típicas pugnas de derecha-izquierda y que dejan en claro que defienden la esencia del modelo anterior, el neoliberalismo, con un Estado subsidiario y un mercado que regula, a través del precio, el acceso no sólo a los bienes de consumo, sino que también a los servicios básicos como la salud, la vivienda, las pensiones y la educación. La crítica también vino por lo extemporáneo de la medida, el proceso constituyente no había terminado, quedaban relevantes votaciones, con lo que se instalaba la pregunta, ¿votaría para dar la mejor propuesta constitucional a Chile o para seguir alimentando su opción a favor del rechazo? La ciudadanía deberá sacar sus propias conclusiones al respecto.

Un referente que ha tenido cierta figuración a la luz del proceso constituyente han sido los autodenominados “Amarillos”. Reúnen a un variopinto grupo que se mueve entre representantes de una derecha democrática y sectores de centroizquierda muy comprometidos con los primeros años de la Concertación. La verdad es que estos sectores habían presentado desde hace algún tiempo un proceso de derechización que no podrían negar y que tiene relación con una abierta postura opositora al segundo gobierno de Michelle Bachelet y sus reformas emblemáticas: fin del lucro con recursos públicos en la educación, ampliación del pilar solidario, reforma a las pensiones, reforma tributaria e, incluso, el tímido intento, más emblemático que real, de generar espacios de participación ciudadana para discutir sobre los principios, valores, derechos, deberes e instituciones que debían recoger una legítima carta constitucional para Chile.

Este grupo, los “Amarillos” se rodean de una aureola de intelectualidad, representada claramente en su líder y vocero, Cristian Warnken, que a través de una publicitada y aparatosa ceremonia se plantearon a favor del “Rechazo” el domingo 26 de junio. Llama la atención que un grupo de intelectuales no hayan esgrimido ningún concepto para fundamentar, desde el contenido, su opción, sus palabras se limitaron a decir algo así “Queremos una nueva Constitución para Chile, esta no”. En una entrevista previa, a su líder Warnken le escuché una sola justificación conceptual al respecto, que hubiera preferido que la Constitución dijera que el Estado de Chile reconocía la  Interculturalidad en vez de  la Plurinacionalidad. Llama la atención con un intelectual de cuño cometa dicha error conceptual, ya que se refieren a elementos completamente distintos que buscan instalar y que, por lo demás, la propuesta de la nueva constitución reconoce, y ampliamente, la interculturalidad en Chile, pero dentro de un Estado Plurinacional.

A diferencia del sector de derecha, podemos aventurar una explicación de ¿por qué el sector de los “Amarillos” no ha explicitado con claridad sus diferencias conceptuales con la nueva carta? Puede que se hayan acomodado al modelo anterior y profitando de él, se han sentido cómodos y no se atreven a expresar públicamente que no creen en la responsabilidad en materia de derechos sociales, económicos y culturales por parte del Estado y que están, de una u otra manera, cuidando para sí y para sus futuras generaciones privilegios disfrazados de un seudo mérito, tal como lo ha expresado con tanta brillantez Michael Sandel en “La Tiranía del Mérito”.

Entre ellos podemos encontrar personas que trabajan en medios de comunicación de marcada tendencia de derecha, otros pasaron de los ministerios Concertacionistas a empresas privadas acarreando todas sus conexiones e información privilegiada, e incluso laboraron en directorios de Administradoras de Fondos de Pensión, algunos crearon sus propias empresas, incluso se hicieron grandes empresarios en la educación y se enriquecieron con el aporte del Estado a los colegios subvencionados, otros crearon rimbombantes ONGs, Consultorías, en fin, y gracias a Dios, les ha ido bien y terminaron por valorar el modelo más allá de las consecuencias sociales del mismo.

Tanto la derecha tradicional como los Amarillos han elevado un slogan de campaña para el rechazo, que implica generar un nuevo proceso constituyente. Lo que está claro es que deberían trasparentar su postura al respecto, ya que dicho elemento no está en el juego democrático que se vivenciará el 4 de septiembre. Además no han dicho nada referido a ¿cómo se realizaría dicho proceso?, ¿a través de qué mecanismo?, ¿con qué nivel de participación?, ¿cuál sería el rol de la ciudadanía, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales y de los “especialistas” en fin? De no haber un pronunciamiento al respecto antes del plebiscito sería una verdadera irresponsabilidad de aquellos que, teniendo tribuna, juegan con cartas secretas y excluyentes los pasos a seguir en el país. De experiencias como ésas, está llena la Historia de Chile. 

¿Por qué puse los “especialistas” entre comillas? Fundamentalmente por el desprecio encubierto que muchos de estos sectores han dejado entrever de la seudo capacidad de los Convencionales para ser parte de este proceso y se les olvida que tienen el mayor reconocimiento de todos, fueron electos en un sistema abierto, transparente y democrático y son genuinos representantes de la ciudadanía y, al amparo del más puro liberalismo que les acomoda, son sujetos de derechos y deberes al igual que  todos los demás.

Los sectores de centro-izquierda, que no se han descolgado o no se presentan díscolos a la lógica de sus partidos, que reúne a la Democracia Cristiana, el Partido Radical Socialdemócrata, el Partido por la Democracia y hasta sectores del Partido Socialista, parecen estar claramente orientados por la opción “Apruebo”. En la Democracia Cristiana han discutido si tomarán una decisión como partido o darán libertad a sus militantes. En el Partido por la Democracia, si bien no han tomado una opción institucional, creen que la Constitución tiene más aspectos positivos que negativos y están abiertos a reformar algunos aspectos de la misma. El partido socialista parece cada día más cercano a los sectores de izquierda que acompañaron a Gabriel Boric en su campaña presidencial y han defendido, junto al Frente Amplio y al Partido Comunista, la opción del “Apruebo”. 

Hasta ahora las encuestas favorecen claramente la opción “Rechazo” pero con un porcentaje relevante de indecisos. Recordemos que el Plebiscito del 4 de septiembre es obligatorio con un padrón electoral que supera los 15 millones de votantes, muy distinto a elecciones anteriores en que, en el mejor de los casos, hemos estado levemente por sobre el 50% de dicho universo electoral. A diferencia de lo que ha pasado hasta ahora, donde las discusiones se han instalado en temas más de forma que de contenido, referidos a actuaciones de algunos convencionales, a opiniones desacertadas y hasta hilarantes y, a una tremenda campaña de fake news, que se han tomada los medios de comunicación y, muy especialmente, las redes sociales.

Llegó el momento en que los chilenos honremos este proceso constituyente y discutamos desde lo conceptual, analicemos el articulado de la constitución, conversemos en familia y con amigos de las implicancias en la vida misma de las condiciones que allí se explicitan y de cómo, más allá de mirarnos el ombligo, vemos que somos capaces de avanzar en cohesión social, que es la única que da sustento a las instituciones democráticas, que favorece el reconocimiento del otro como otro con los mismos derechos y deberes, que reduce al escenario político una conflictividad cívica y ciudadana normal,  y no los niveles de desigualdad y discriminación que nos tienen  divididos y enfrentados. Debemos reconocer que la libertad y la igualdad son algo más que discursos jurídicos y que hay responsabilidades sociales y económicas que se derivan de ellos, y que el único camino posible y favorecedor de una convivencia que crea y no destruye, es la Justicia Social.

Como dijo el Presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública a inicios de junio pasado, ambas opciones, “Apruebo” y “Rechazo” son legítimas, ya que fueron instaladas por un amplio movimiento social, que demandó una respuesta de la clase política a través del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” y que se legitimó  y se legitimará a través de procesos amplios, libres y transparentes de participación ciudadana. Chile decidirá el 4 de septiembre.