La historia del liberalismo económico tiene como elemento crucial su relación con el Estado, desde la crítica al mercantilismo estatista de la Monarquía absoluta, contra el que se rebela y se eleva a un movimiento revolucionario, pasando por las diferencias en su interior por definir una mayor o menor presencia y, a lo mejor la madre de sus batallas, la de demostrar que es un mejor modelo que el estatismo soviético que se instituye como una alternativa de desarrollo desde la década de 1930 y hasta viene entrado el siglo XX.

Sus más ortodoxos representantes han visto al Estado como un mal menor que se eleva sólo para proteger la vida, la libertad y la propiedad privada. Para los que lo han llevado un nivel prácticamente anárquico ven al Estado como un ente opresor del cual hay que liberarse. Y para muchos, incluso los que se presentan más moderados o que representan un liberalismo más humanista no dejan de hablar que el Estado es un pésimo empresario, que su burocracia sólo ralentiza la iniciativa privada, la única que puede movilizar los factores productivos, asegurar el crecimiento. reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.

Sí, no son pocos los liberales que han demonizado el rol económico del Estado y que sólo lo elevan a una especie de gendarme que debe generar una normativa que permita que los privados puedan desarrollar de manera eficiente su actividad y que, movilizados por el afán de lucro personal, generan un círculo virtuoso que es el gran creador de riqueza y calidad de vida en el mundo.

La gran mayoría de los liberales hablan de su modelo económico para representar los períodos expansivos de la economía, pero el capitalismo ha demostrado caer en crisis cíclicas en las que, por decir lo menos, el modelo parece no funcionar con la misma eficiencia que en los períodos de expansión. El padre de la macroeconomía, Keynes, lo advirtió como consecuencia de la Crisis Económica de 1929 y planteaba que una economía, en especial en los períodos más complejos, no puede llevar al pleno uso de sus factores productivos si no es a través de la intervención económica del Estado, en especial en los períodos contracicíclicos, ya que sólo la demanda agregada, impulsada por el mayor gasto público, permite hacer frentes a las necesidades sociales y es la salvaguarda necesaria para que muchos privados puedan mantenerse dentro del sistemas y no terminar en la ruina.

He aquí una verdad que uno puede seguir a lo largo de la historia e incluso podemos verla en situaciones más que concretas en la actualidad. Ante la crisis del Covid, la empresa privada demandaba una mayor intervención del Estado para enfrentar la debacle, e incluso no fueron pocos los que demandaron un mayor endeudamiento y gasto público del Estado para mantener a un nivel mínimo la economía a través de apoyos sociales que terminaban consumiéndose en el mercado a través de la adquisición de productos que el mundo privado buscaba vender.

No sé si se puede hablar de modelo si no es capaz de dar respuestas económicas a los períodos de profundas crisis y el lenguaje estatista y planificador, que tanto dicen odiar, se instala en su vocabulario: “¿qué hará el gobierno?”, “¿De qué manera el Estado enfrentará esta crisis?”, “Es necesario que el Estado nos proteja ante la situación económica que estamos viviendo, de lo contrario es el fin de la industria”, son frases que repetidamente escuchamos de aquellos que, al bailar con la bonita, poco menos que demonizan la intervención del Estado en la economía.

Hace ya un par de semanas en Chile, una importante empresa del acero, Huachipato, ha explicitado que no puede seguir en funciones ya que no es competitivo con el acero chino que, al recibir subsidio de parte de su Estado, genera una competencia desleal, que estaría provocando su quiebra. La siderúrgica nombrada es una subsidiaria de la Compañía de Acero del Pacífico, CAP, que tiene otras tantas empresas que tienen relevantes utilidades, pero que no está dispuesta a mantener en operaciones a esta filial y ha instalado una discusión en la que se demanda al gobierno actual, como el posible responsable de que más de 22 mil personas puedan quedar cesantes.

La siderurgia de Huachipato fue una de las últimas empresas del Estado en ser privatizadas por la dictadura de Pinochet, específicamente en el año de 1987. Desde dicha fecha a tenido pingues utilizades que se han repartido de manera generosa entre sus accionarios mayoritarios. Es decir, estamos hablando de más de treinta cinco años de utilidades, y no son capaces de enfrentar unos cuantos años de vacas flacas. Desde la misma lógica liberal representa una pésima administración, no fue capaz de dosificar las utilidades para enfrentar los períodos de crisis, o no se modernizó de manera adecuada y, a lo mejor, el foco estuvo puesto siempre en las utilidades más allá de la vida útil del proyecto económico.

Hace un mes que la Comisión por la Libre Competencia en Chile, buscando salvar a la empresa, determinó un aumento en los impuestos al acero chino de casi un 16%, situación que la empresa fue consideró insuficiente. Los datos expresados para tomar la medida parecen valederos y a pesar de ello, los representantes del actual gobierno en su interior, votaron por un aumento más significativo.

Desde todos los sectores, políticos y sociales, se ha levantado la mano para criticar al actual gobierno y elevarlo al responsable del posible cierre de la empresa. Hoy, una empresa que ha gozado de grandes utilidades por caso 40 años no es capaz de enfrentar una situación crítica, incluso no está dispuesta a que otras empresas del mismo consorcio, apoyen en este momento, sino que instalan un discurso y crean una realidad en donde la responsabilidad se traspasa a un ente político que la vendió al mundo privado, a precio de huevo, a fines de la década de los 80.

La presión se ha instalado, el mundo popular y las autoridades reclaman un rol más activo del actual gobierno, el ministro de economía se desplaza a la zona en cuestión, tiene entrevistas relevantes y hace comentarios que siguen inclinando la balanza de las responsabilidades lejos de los dueños que se han llenado los bolsillos por muchos años. Se solicita urgente que la comisión antimonopolio se vuelva a reunir, que suba en al menos diez puntos más el impuesto al acero chino, para que privados sigan manteniendo una empresa rentable.

La economía nos habla siempre de un costo de oportunidad. De hacerse realidad las medidas, tendremos que preguntarnos quien pagará los costos para que una empresa privada siga siendo rentable. Más aún cuando aún no hay claridad con el nivel de subsidio del acero chino, del impacto que tendrá en nuestras relaciones con el gigante asiático en muchos de nuestros commodities, para con la economía que consume casi el 50% de las materias primas del mundo.  La realidad económica e histórica indica que serán los mismos de siempre, cada uno de nosotros, ciudadanos de a pie que tendremos que comprar acero un 26% más caro, efecto que impactará de una u otra manera a más de diecinueve millones de chilenos para rescatar una empresa privada que da empleo directo e indirecto a 22 mil personas. El liberalismo económico sigue funcionando con la máxima de siempre, “se privatizan las utilidades y se socializan las pérdidas”