“No hay plazo que no se cumpla…..” reza la frase de uso tan popular. En más de alguna de estas columnas me he planteado en términos de que el proceso constituyente parecía no parecía captar ningún tipo de interés. El desprecio de los medios de comunicación es  la consecuencia lógica de una ciudadanía que parece estar más preocupada del día a día y se expresa, a partir de ello, con cierta desconexión con la nueva iniciativa constituyente. Al mismo tiempo, líderes políticos y de opinión que, durante el proceso constitucional fracasado en septiembre del año pasado, lograron mucha notoriedad, hoy no aparecen en las primeras páginas, en los titulares de los noticieros televisivos o radiales y menos en programas especiales que cubrieran con cierta regularidad el proceso. Hoy Amarillos, Demócratas, Radicales, representantes del Partido por la Democracia e incluso algunos sectores del Partido Socialista, no han buscado o no han encontrado tribuna para expresar su sentir sobre lo que está pasando, aunque no creo que les falte interés por figurar.

Sin duda que el proceso, que debe definirse a través de un referéndum ciudadano el próximo 17 de diciembre, ya está entrando en su etapa final. Se están aprobando o rechazando normas que adquieren cierta notoriedad y que han permitido que algunas figuras empiecen a sacar la voz y a asomar con timidez algunas reflexiones. De manera muy diferente a la caja de resonancia que tuvo el proceso anterior, bombardeado mediáticamente desde su instalación, la elección de la directiva, la creación de su reglamentación y qué decir del momento en que se empezaron a realizar las votaciones que conformarían el contenido de la carta.

No vale la pena reflexionar sobre un proceso fracasado, sería importante que aquellos que la rechazaron, que se prestaron para el discurso más emocional que racional, que no perdonaron aspectos de la organización del gobierno y la estructura de los poderes que no compartían,  y que no sopesaron la relevancia de que en ella quedaba plasmada la lógica de los derechos sociales que parecían ser la real médula de los movimientos que explotaron con tanta fuerza en octubre del 2019 y que se instituían como la exclusiva fuente material de esa aventura constitucional, hicieran al menos un mea culpa en esta materia. Ni siquiera el famoso slogan de algunos sectores para salvar la iniciativa, “Aprobar para reformar”, les hizo algún sentido.

Ahora, por lo que hemos seguido del actual proceso, parece que estamos en otra cosa. El aplastante triunfo del republicanismo, avalado por un proceso electoral que priorizó las circunscripciones senatoriales, con una ciudadanía que se tiende a identificar con un rol más bien opositor y un ambiente más que crispado por la tremenda seguidilla de actos electorales en los que cada vez se informa menos, y que, amparados en las redes sociales, divulgan, no pocas veces, discursos falsos y de odio que contaminan profundamente el ambiente.

A pesar de la mayor información periodística y del aumento de las opiniones de figuras políticas relevantes, la ciudadanía, según demuestran variadas encuestas, se mantiene ajena al proceso. Es posible que haya calado profundo en ella el discurso de que los problemas cotidianos no los resuelve una carta constitucional, que los temas de delincuencia, que las bajas pensiones, el deficiente sistema de salud, las grandes diferencias en el acceso a educación de calidad no tienen nada que ver con el contenido de la constitución. Una vez más una gran mentira permea a vastos sectores sociales, de tanto bombardear a través de los más variados medios, la gente ha elevado ese discurso a una verdad absoluta, la lógica fascista de “miente, miente que siempre algo queda” adquiere nuevamente realidad.

Lo que ha votado el consejo Constituyente hoy va a impactar profundamente en la vida, en el día a día, de todos los ciudadanos. Se ha consagrado la desigualdad en el acceso a la salud, se constitucionaliza a las Administradoras de Fondos de Pensión, se pone en peligro la ley de aborto en tres causales, se instala la objeción de conciencia institucional, se libera del pago de contribuciones al 20% más rico del país por su primera vivienda y, a lo mejor la guinda de la torta, se rechaza la norma que decía que las Fuerzas Armadas debían respetar el orden democrático y los derechos humanos.

De más está recordar a muchos por qué la ciudadanía salió a la calle el 18 de octubre de 2019. El plebiscito municipal de diciembre del mismo año demostraba el amplio interés de la ciudadanía por reformular aspectos claves del sistema de pensiones, de las prestaciones en salud y educación. Hoy, a casi 4 años de movilizaciones masivas que fueron reprimidas en varias ocasiones violando los derechos humanos de muchos de nuestros habitantes, con muertes, pérdidas oculares, por nombrar los más significativos e incluso con actos de turbas delincuenciales que destruyeron, robaron y saquearon locales comerciales, no ha cambiado nada en los sistemas descritos. Las AFP enseñorean el sistema de pensiones, las Isapres se dan el lujo de ralentizar fallos de la Corte Suprema que las obligaban a devolver millonarios cobros abusivos a sus planes de salud y una educación que dispara cada día más la brecha entre los sectores acomodados y aquellos que solo pueden “elegir” dentro de un diezmado y desprotegido sistema escolar público. La reforma tributaria, que pretendía recaudar más fondos para enfrentar estas difíciles realidades, ha sido sepultada por los sectores de derecha y los “tontos útiles” descolgados de la antigua Concertación por la Democracia, fueron los palos blancos de un sistema que perpetúa desigualdades y discriminaciones.

Vale la pena detenernos en los alcances de dos aspectos que me parecen al menos complejo. Karl Loewenstein, en su intento por clasificar las constituciones, nos aportó un concepto de utilidad para dar coherencia a una realidad, las llamadas constituciones semánticas, que no son otra cosa que ordenamientos jurídicos que se imponen con el fin de dar un disfraz de legitimidad a un orden que monopoliza el poder en determinados grupos sociales y económicos. Desde esta perspectiva, la Constitución de 1980, a la luz de quien la lea con independencia del contexto histórico en que surge y en los primeros años de su aplicación,  es la carta constitucional que daba un tremendo avance en la instalación, en el derecho positivo, sobre materias de derechos humanos. La realidad decía otra cosa muy diferente, permitió, amparó y no persiguió graves abusos a dichos derechos, para muchos el período de mayores y más intensas violaciones a lo largo de toda la historia de Chile.

Uno de los mecanismos predilectos al respecto fue derivar a los tribunales militares las acusaciones al respecto, que ralentizaron los procesos e impidieron una eficiente y pertinente administración de justicia y que podría haber detenido otras violaciones, ya que instituyó el amparo, la protección de los perpetradores e institucionalizó la impunidad. Hoy la constitución ni siquiera se disfraza para permitir aquello, incluso lo declara con claridad y vuelve a instalar a la justicia militar en un escenario de deleznables y horrorosos recuerdos en nuestra historia.

En la misma lógica, un sector político históricamente proclive a la severidad de las penas judiciales muestra una extraña apertura y promueve el arresto domiciliario para prisioneros de avanzada edad. En Chile durante años se discutió aspectos de humanidad asociados a detenidos con enfermedades terminales o catastróficas, con traumas siquiátricos que les impide tener consciencia de la consecuencia de sus delitos, muchos de los cuales murieron en la cárcel, al amparo de vastos sectores que perciben el sistema carcelario como un espacio eminente de castigo y no de rehabilitación. Hoy, a esa misma derecha, incluso la más dura, se le ablanda el corazón y promueve una medida humanitaria. La realidad nos indica que dicha propuesta busca beneficiar, en casi el 80% de los casos, a militares responsables de violaciones intensas y sistemáticas a los derechos humanos y que, amparados en una justicia militar conscientemente inoperante, y después de más de 30 años de intentos de la democracia y de los tribunales ordinarios, algo de justicia se ha hecho, llevando a algunos perpetradores en su tercera edad a las cárceles “especialmente acondicionadas” para ellos.

Con respecto a la objeción de consciencia institucional resulta ser, en palabras de la profesora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile, Yanira Zúñiga, como una verdadera rareza en la historia del constitucionalismo, al plantear que “no hay una consagración explícita de la objeción de conciencia como tal, ni mucho menos de la objeción de conciencia en su variante institucional”. Sin duda que lo habitual al respecto es la objeción de consciencia personal, definida como la libertad de cada individuo por formarse una opinión sobre el mundo y actuar en función de esa creencia.

De materializarse esta afirmación en nuestro nuevo orden constitucional podría significar que instituciones de salud se nieguen a aplicar el aborto en las tres causales legalmente establecidas o aplicar sistemas de fertilización asistida, que las farmacias se negaran a vender píldoras del día después, e incluso establecimientos educacionales pudieran impedir el acceso y/o expulsar a las alumnas y alumnos LGTBI+, a hijos de madres o padres solteras, o alumnas o alumnos padres antes de terminar su enseñanza secundaria. Institucionalizar la rareza de que las personas jurídicas pueden tener conciencia, abre un tremendo espacio para que las empresas puedan servirse de estas normas, generando una grave distorsión en el sistema general. Peligrosa la puerta que se abre.

Aún hay etapas del proceso constituyente que pueden corregir estas normas que generan tan complejas consecuencias. El rol del Comité de Expertos y los, al parecer olvidados, 12 bordes constitucionales establecidos al principio del proceso, parecen ser la esperanza. Pero el sartén lo tiene por el mango el mundo de los Republicanos y los sectores de una derecha más democrática que parece comportarse con silenciosa complicidad en sus votaciones y en la que no han hecho mella las declaraciones de importantes figuras políticas del sector que están claramente instaladas en el rechazo de la propuesta de mantenerse estas condiciones. ¿Cuántos seguiremos pensando que los Republicanos siguen siendo los viudos acérrimos de la dictadura cívico militar y de toda su institucionalidad, a los que una elección democrática los instaló, coyunturalmente en la conducción de un proceso constituyente, que nunca han sentido?