Con esta “noticia”, algunos medios han querido cuestionar la imparcialidad del funcionario. Pero esto, lejos de ser un descubrimiento, es propio del sistema penal estadounidense.

Imagínese lo escandaloso que sería, en Colombia, que la fiscal que lleva el caso de Álvaro Uribe militara en el Polo Democrático. Semejante escándalo sería si quien investiga al Senador Iván Cepeda fuese elegido por el Centro Democrático. Pero eso, en Estados Unidos, es normal.

Nosotros venimos de una tradición que, por siglos, ha rechazado la injerencia de la política en los asuntos de la rama judicial. Por eso, quizás algo ingenuamente, hemos erigido la imagen de una justicia no solo ciega, sino apolítica. Nos hacemos creer que los funcionarios judiciales no tienen preferencias políticas ni comulgan con las ideas de partido alguno. Como mínimo, tenemos la ilusión de que, en caso de ello darse, no incidiría en modo alguno con el ejercicio de su cargo.

En cambio, en muestra de su característico pragmatismo, el sistema penal de los Estados Unidos no pretende en modo alguno mantener este ideal. Allá, no solamente se acepta que los fiscales tomen partido político, sino que es un requisito del cargo:

Empezando por el Fiscal General (Attorney General), este funcionario es escogido “a dedo” por el Presidente. Hace parte de su gabinete, como cualquier ministro. A su vez, el FG nombra a todos los fiscales federales (es decir, los que se encargan de los delitos a nivel nacional). Él y todos ellos hacen parte de un Gobierno que sigue un programa político.

Pero, además, Estados Unidos tiene un sistema estatal, en el que cada Estado se dicta sus propias normas y, por lo tanto, hay asuntos que pueden ser ilegales en uno y no en otro. Por eso, adicionales a los fiscales federales, existen los fiscales estatales. Estos funcionarios no son nombrados por el presidente, sino elegidos por voto popular dentro de cada Estado. Y sí: cada candidato se lanza a través de un partido político. El pueblo vota según la ideología de cada uno y, quien obtenga más votos, se consagra como fiscal.

Alvin Bragg es un afroamericano de Harlem, graduado de Harvard con honores. Fue juez, litigante y defensor de derechos humanos. Milita en el partido demócrata y, tras vencer a su contendor republicano en el 2021, fue elegido por voto popular como Fiscal del Estado de Nueva York. Actualmente, es el único fiscal de la historia en lograr una condena contra un expresidente de los Estados Unidos.

A nosotros nos cuesta mucho digerir que un fiscal sea elegido por voto popular como representante de un partido político. No sé si eso muestra un nivel de madurez institucional que sería impensable para nosotros o refleja una honestidad tan burda que causaría un soponcio a nuestra pudorosa Constitución. O quizás ambas. Pero, sea cual fuere el caso, Colombia no está lista para siquiera contemplar esta opción.

Tendríamos muchas más elecciones de las que actualmente tenemos, con todos los líos que ello acarrea. Cada partido presentaría su candidato y habrá quien se lance a fiscal “por firmas”. Habría reconteo de votos, demandas al proceso electoral y nulidades por doquier. Los elegidos pasarían buena parte de su término defendiendo su propia elección y reaccionando ante los ataques políticamente motivados de quienes aspiran a sucederlos.

Los fiscales tendrían que hacer campaña y aprender el arte del voto popular. Habría que ver cómo lidiar con quienes ayudaron elegirlo y de qué manera ocuparse de quienes, in genere, recusarán por enemistad política. Más que todo, expondríamos al ente acusador a un descrédito generalizado a su imparcialidad en el que cualquier caso medianamente relevante quedaría tachado de persecución política. Nuestra Fiscalía que, ya sin política, está agonizando de buen nombre, se vería seriamente desacreditada por quienes armarían de cada caso una teoría de la conspiración.

No… definitivamente, no estamos listos para una Fiscalía con partido político. Por ahora, es mejor seguir manteniendo el secreto.