Para nadie es un secreto que este no ha sido un año fácil en materia de seguridad y orden público. Algunos datos interesantes permiten entender por qué.  

A la fecha de esta columna, la Policía lleva registrados 770.512 delitos. En comparación, el año pasado se registraron 877.209, es decir, cerca de 14% más que el actual. Pese a la baja en términos absolutos, los medios ya han registrado que algunos delitos aumentaron significativamente, como el secuestro o la extorsión. No se equivocan: aunque delitos tan graves como los sexuales o la violencia intrafamiliar se redujeron, estos dos delitos se han disparado.

En particular, preocupa la tendencia que presenta el secuestro: tras años de constante incremento, hemos pasado de 92 casos anuales, en 2019, a cerca de 300. Algo similar, pero en menor medida, ocurre con la extorsión. Este delito es tanto causa, como consecuencia, de una percepción generalizada de inseguridad en la ciudadanía.

Es palpable este sentimiento entre la ciudadanía. Nótese que, aunque el número global de delitos registrados por la Policía disminuyó, las denuncias en Fiscalía aumentaron. De hecho, el 2023 va a cerrar con el récord de ser el año en que más casos recibió la Fiscalía. Ya superamos el año pasado (que tenía el récord), y aún queda un mes por registrar.

Los delitos violentos inciden mucho en la percepción de inseguridad. De entre ellos, el homicidio sigue siendo una preocupación importante. Según la Policía, cada mes, se cometen cerca de mil en todo el país. No en vano, este es el delito que más gente tiene tras las rejas (16% de toda la población penitenciaria).

En esto, tampoco ayuda la mora judicial. Según un estudio publicado este año por la Corporación Excelencia en la Justicia, desde el 2019, sistemáticamente, la administración de justicia ha disminuido su capacidad de gestión y hoy apenas logra evacuar ¾ partes de lo que recibe. Esto es curioso, porque la rama judicial nunca había tenido más funcionarios ni presupuesto que en el 2023.

Además, tenemos el asunto de las cárceles. No siempre, tener las rejas llenas proyecta confianza; de hecho, cuando se llega a niveles extremos, produce todo lo contrario: un sentimiento de desbordante inseguridad. Aunque hoy, con un índice del 22%, pueda parecer que todavía estamos lejos de los máximos históricos de +50%, la situación que se vive en las URIs, UPJs, CAIs y demás centros transitorios de reclusión es insostenible. Si no se adoptan medidas pronto, veremos cómo eso se vuelca en INPEC y desemboca en una nueva crisis.

Para acabar de entender la percepción de inseguridad que deja este año, conviene también considerar que, de remate, hubo muy poco populismo punitivo. Normalmente, el Congreso modifica tres o cuatro veces el código penal durante el año para aumentar penas y eso ayuda a que la población sienta que el Estado reacciona ante el delito. Estas medidas no tienden a ser efectivas, pero alivian la presión de la opinión pública que demanda mano dura, especialmente, en casos escandalosos. Sin embargo, este año, salvo la creación del delito de lesiones con biopolímeros, la única reforma fue la creación del trabajo social como alternativa a la prisión para madres cabeza de hogar. De hecho, en todo el 2023, el gobierno solamente presentó un proyecto en materia penal… y era para bajar penas.

Se juntaron, entonces, muchos factores: desde un aumento significativo en algunos delitos de alto impacto, hasta una agenda legislativa relativamente quieta en política criminal (durante el año con más casos penales abiertos por la Fiscalía en nuestra historia). Todo ello contribuye a que este año sea percibido como uno de los más inseguros en tiempos recientes. Por ahora, solo queda aguardar a su cierre y esperar que (a diferencia de la canción suena por estos días) si este año tuvimos problemas, ¡el próximo no tengamos más!