El fiscal Arides Martínez le imputó el delito de homicidio en concurso homogéneo y sucesivo en la modalidad de dolo eventual al empresario Enrique Vives Caballero, por la tragedia en Gaira donde murieron 6 jóvenes y uno más herido. 

En su intervención, el representante del ente investigador hizo un recuento del sustento de los delitos imputados y llamó la atención de varios hechos relacionados con el acto cometido por Enrique Vives. 

El fiscal mencionó que entre el lugar en el que se ubicó el primer hallazgo, que corresponde a una extremidad de una víctima desmembrada y el lugar donde terminó el carro hubo un trayecto de 410 metros, en una zona donde la velocidad máxima era apenas de 30 kilómetros por hora. 

Además del delito de homicidio en modalidad de dolo eventual, como autor material de los hechos, el fiscal mencionó que también estaba pendiente una adición de otra imputación con respecto a la víctima que había sobrevivido, y sobre el cual se plantearía imputar el delito de lesiones personales en calidad de dolo, a menos que el joven fallezca y, en ese caso, se adicionaría un delito más de homicidio como ocurrió con las otras seis víctimas. 

Después de escuchar la exposición del fiscal Arides Martínez, el empresario Enrique Vives Caballero no se allanó a los cargos que se le imputaron por el delito de homicidio en concurso homogéneo y sucesivo en la modalidad de dolo eventual. 

"No acepto los cargos porque no corresponden a la realidad ... No es acorde a la realidad", señaló el empresario.

La jueza le preguntó si para su decisión había sido asesorado por su defensor, Álex Fernández Harding, y este respondió que sí, pero que su decisión la tomaba de manera autónoma y consciente. 

En la misma audiencia, la defensa de las víctimas pidieron que, como medida cautelar, se suspendieran los dominios de los bienes muebles e inmuebles que estuvieran a nombre de este, de cara a reclamaciones de las familias de las víctimas, pues aspiraban a una reparación de 350 millones de pesos (cada una de manera individual). 

La petición corresponde a una medida de embargo sobre cuatro bienes que tiene a su nombre el empresario.