El tema de los ‘colados’ y violación a las prohibiciones para ingresar público al estadio Metropolitano para el partido Colombia-Venezuela, por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, pasa de titulares de prensa a actuaciones disciplinarias.

En horas de la tarde de este martes,  la Procuraduría General de la Nación solicitó al Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, “información relacionada con el protocolo de bioseguridad implementado para el ingreso y asistencia al partido de fútbol Colombia vs Venezuela del pasado 9 de octubre”.

De acuerdo con el Ministerio Público, en carta enviada al alcalde, Jaime Pumarejo Heins, el ente de control requirió información relacionada con el número de tribunas habilitadas para el público, número de personas que ingresaron a los palcos y número de personas diferentes a las delegaciones de cada uno de los equipos que ingresaron al evento deportivo.

Así mismo, pidió al ente territorial un informe sobre las medidas de vigilancia y control adoptadas para el ingreso y permanencia en el estadio que garantizaran el cumplimiento del protocolo establecido para la reactivación del fútbol en Colombia, y la Resolución 1507 del 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Finalmente, la Procuraduría recordó que es indispensable dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con la implementación de medidas sanitarias orientadas al control del contagio y propagación de la Covid-19.

Pero resulta que en los partidos internacionales, como son las eliminatorias, los entes territoriales son desplazados y el manejo y administración de los estadios queda en manos de la Federación Colombiana de Fútbol y de la Conmebol. Amos y dueños de los estadios.

Se conoció que la FCF fue la encargada de acreditar a patrocinadores y servidores públicos andinos, que vinieron a Barranquilla con cualquier pretexto, pero en realidad era para colarse con sus hijos en el Metropolitano a ver el partido, en un evento que se suponía era sin público, a puerta cerrada.