Ordenan investigar las decisiones de funcionarios de la Procuraduría que declararon dos veces la nulidad del proceso, lo que condujo al archivo de la investigación.
A cada uno de los mandatarios les toca pagar aproximadamente 100 millones de pesos, pues no son sancionables con inhabilidad debido a que no ocupan cargos públicos.
El pacto estuvo acompañado de una letra que ahora se la hacen efectiva a uno de los firmantes que abandonó el acuerdo y que de quejoso pasó a investigado.
