La larga historia de violencias que ha sufrido el pueblo colombiano, entre ellas las mujeres sometidas a desplazamientos forzosos por motivo de la guerra, ha llevado a grandes conflictos en donde la deshumanización de los confrontamientos ha puesto un sello en la vida de estas mujeres, hombres y a la niñez generacional, los cuales conforman nuestros diferenciales grupos poblacionales.

Pero la guerra ha impactado a toda la población: una parte la defiende como el único estilo de vida, y desde los poderes imponen sus propias dinámicas, y la otra, que es su mayoría, proclama la paz como la única forma de reconstruir el país.

Sus efectos tocan sensiblemente a todos los rincones de Colombia, y han penetrado en el inconsciente colectivo, que ve en los enfrentamientos y en las luchas intestinas la única forma de controlar territorialmente.  Y no hago referencia únicamente al territorio como figura legal o físicamente simbólica, sino también a las regiones mentales que tienen relación con el “espacio psico político de la comunicación”, que, así mismo, está relacionado con la cultura.

Las universidades no se escapan de esta condición, plagadas de pugnas y de luchas intestinas, representando en su mayoría a un micro país, en el que las fuerzas que creen representar el “bien”, se enfrentan contras las fuerzas del “mal”. En medio de estos polos enfrentados, se encuentra una franja indiferente, que, es su mayoría, guarda silencio ante la confusión de quienes representan “la verdad”.

Los escándalos por las diferentes tipologías de violencias que se han dado en la Universidad del Atlántico nos colocan en el contexto descrito, convirtiéndose en un choque constante entre la academia y el bochorno cotidiano de la vulgaridad y el oprobio.

Las mujeres, ya sean académicas o estudiantes, hemos sido víctimas de estas estrategias que se convierten en formas políticas de contraataque, en el que, cada grupo o persona, en muestra de poder, monta sus propias maniobras para deslegitimar a los otros, u otras. Durante estos últimos años la violencia de género que sufren las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, por medio de formas como el desprestigio, la deslegitimación de sus conocimientos, acoso laboral, físico, emocional, sexual, hasta el feminicidio, ha sido una constante histórica. Obviamente, con la diferencia de que hoy, desde el avance y la apropiación de los derechos humanos, lo que antes eran “secretos” o “peleas entre marido y mujer”, se ha transformado mediante la capacidad de la denuncia como mecanismo de defensa ante la injuria. La mayoría de los casos todavía quedan impunes ante un sistema jurídico débil, que, no obstante, su desarrollo, su alcance no logra impactar la legitimidad de nuestros derechos.

 La Universidad del Atlántico, para el Ministerio de Educación, debe convertirse en un estudio de caso contra la violencia de género. Las delaciones de las estudiantes acosadas históricamente, y en tiempos de pandemia desde la virtualidad, como fueron las denuncias de las estudiantes de la Facultad de Arquitectura, quedaron minimizadas a un conversatorio virtual, y los otros múltiples acosos, se convierten en anécdotas por las redes sociales, que se “incendian” muchas veces como estrategias —lamentablemente en innumerables casos con perfiles falsos— que ayudan a la confusión y a la desinformación,  y, todavía más, a lo peor a la impunidad. Lo más grave de este panorama de violencia institucional fueron las extrañas condiciones de la estudiante Madeleine, que apareció muerta en la sede Centro; este agravio letal, no forma parte de la historia de las víctimas de la Universidad del Atlántico, pues sus familiares y grupos de derechos humanos y de defensa de las víctimas, continúan con el propósito de resarcir su memoria. Madeline no ha tenido esta oportunidad.

 Y qué decir de los pasquines, que son el “desayuno” cotidiano de los WhatsApp, donde se exterioriza toda la rabia y descomposición de una “cultura institucional”, cargada de odios, como secuelas fidedignas de la no resolución de los conflictos.

Cuando no se intervienen los enfrentamientos para impartir justicia, se convierten en una bola de nieve que no tiene fin. Para intermediarlos, se necesita escuchar las razones que originan los desacuerdos, además de que se investigue el meollo de las denuncias, para, así, analizar las diferencias políticas, laborales y emocionales, entre otras posibles razones.  

La Oficina de Control Disciplinario, como ente regulador, juega un rol indispensable como instancia para dirimir situaciones problemáticas, apoyada con la plataforma jurídica institucional y otras instancias, las cuales permiten intervenir, mediar, pero también resolver los múltiples problemas que, con frecuencia, se presentan.

El “Estatuto de Acoso sexual”, aprobado por el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, en cuya construcción final no intervenimos —desconociendo las razones—, son elementos importantes a tener en cuenta, ya que si una reglamentación interventora,  si bien importante, no es funcional, se debe discutir con los estamentos institucionales, especialmente con la Facultad de Derecho y su comunidad, que conocen la raigambre de la ruta del complejo sistema jurídico y de gestión, que convierte muchas veces en inaplicable una reglamentación.  

Visto lo anterior, toda esta falta de coherencia funcional y reglamentaria, profundiza el autismo institucional,  que no hace parte de nuestro presente, sino que ha sido resultado de que nuestra cultura universitaria ha “institucionalizado” las violencias como forma de resolver los conflictos, la cual se ejerce, entre otros medios, a través de pasquines, escritos anónimos en los cuales se expone ante la opinión pública, entre otros, la sátira, la mentira, rabias, la difamación o las supuestas “verdades” que exteriorizan las contrariedades de los territorios mentales, cargados de aprensión y de odios.

En la percepción social, se piensa que, por reconocernos como feministas, somos responsables de resolver todos los hechos de violencias que sufrimos las mujeres en la Universidad del Atlántico, cuando, contrariamente, muchas integrantes de nuestro grupo también hemos sido víctimas. Recordemos los hechos de la quema de la Rectoría (24 de agosto de 2015, revisar comunicado público), donde se me acusó, mediante improperios, cuando estuve como encargada por dos años en ese máximo cargo.

Si bien la denuncia es un mecanismo muy importante para promover la justicia, como grupo de académicas activistas, nunca podremos reemplazar el ejercicio de respeto, imparcialidad, equidad, materializado por mecanismos y acciones reguladora del Estado y la institución.

 Por estas razones, estamos haciendo un llamado a las organizaciones de mujeres, conformadas por estudiantes de   la Universidad del Atlántico y profesoras, pero además, de la ciudad y el país, para que nos unamos como frente, a través de propuestas y con su presencia, con el objetivo de generar acciones desde nuestra propia mirada, en  la resolución de los ciclos repetitivos de  violencias de géneros institucional; así también,  a las  nuevas masculinidades  de las diferentes orillas, para que se unan a este propósito deliberativo, con el compromiso y la construcción de prácticas que aplasten el machismo. Se busca construir formas comunicacionales que ayuden a desactivar los mapas mentales de las violencias, pues los silencios se convierten en complicidad.

 La lucha contra estos enfrentamientos estructurales no es un hecho solo de mujeres. Es imposible lograr la trasformación de una cultura de conflictos por una cultura que aboga por el respeto y el pacifismo, de modo que se derroten las trampas de los micro machismos, los cuales embisten para confundir y difamar, pero nunca solucionar.

Espero que la apertura hoy generada por las denuncias realizadas por la profesora Mirna Bernal Martínez ante el Consejo Superior, sea un canal de iniciativas, y que esta acción no sea ignorada y se convierta en acusación de coyuntura, sino, por el contrario, se derive en un sano compromiso institucional para escuchar las partes involucradas y, de esta manera, actuar en derecho, con el ánimo de impartir justicia frente a acusaciones o supuestas irregularidades personales o colectivas.