Lo que en principio fue concebido y vendido como un proyecto de vivienda en armonía con la naturaleza, se vislumbra hoy como el más grande atentado ambiental y complejo tugurial cerca del mar Caribe y del río Magdalena. Muy lejos de cumplir su promesa, Ciudad Mallorquín se ha convertido en un proyecto urbanístico que en lugar de ofrecer un paisaje de renovación en el área metropolitana de Barranquilla, generará congestión humana, vehicular y ni qué decir del fuerte impacto ambiental.

Con una extensión mayor a 50 hectáreas, el denominado "proyecto inclusivo y sostenible" desarrollado en el municipio de Puerto Colombia por el Grupo Argos, promete la construcción de 18.000 viviendas, de las cuales el 92% son (VIS) Vivienda de Interés Social y 7% (NO VIS) Vivienda de Segmento Medio, así como 130 mil metros cuadrados de una red de espacio público de primer nivel, corredores verdes del proyecto y doce kilómetros de nuevas vías. Se estima que será habitado por una población cercana a las 67 mil personas, una densidad superior a la del municipio que se encuentra por encima de las 54 mil.

Las múltiples denuncias y preocupaciones que han surgido alrededor del proyecto residencial se resumen en: las graves consecuencias ambientales que traerá la destrucción de más de 50 hectáreas de bosque seco tropical; la alta densidad habitacional que conlleva severos problemas de movilidad; y la preocupación por el manejo de las aguas servidas, que deja muchas inquietudes y otros riesgos para el ecosistema.

La tala de bosques y el descapote ha sido evidente para la construcción de Ciudad Mallorquín, que aunque se ha planteado como un megaproyecto que implementa la innovadora estrategia de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) para la gestión y manejo sostenible de la biodiversidad y ecología urbana, sigue empañada por gran deuda ambiental que está dejando en el departamento. Para mencionar solo un dato, de las 50 hectáreas sólo 4.5 serán destinadas a zonas verdes. Un importante pulmón que ya no se recuperará.

Cada vez que uno se encuentra con una congestión vehicular y observa la selva urbana de cemento atestada de infracciones por cuenta de todo el mundo, comprueba la incapacidad que han tenido las administraciones para atender y resolver los asuntos más apremiantes de la movilidad, y esta ciudadela residencial, lastimosamente será la nueva perla del pastel de la movilidad en Barranquilla y Puerto Colombia. 

Las alertas acerca del caos vehicular sin precedentes que desatará el proyecto son justificadas en las dificultades que se presentan en zonas como Alameda del Río o Caribe Verde que carecen de vías alternas y parqueaderos suficientes en los conjuntos residenciales. De solo imaginar los más de 17.000 vehículos que se calculan se movilizarán entre visitantes y residentes de la zona, da dolor de cabeza. Por otro lado, persiste la preocupación por los procesos de tratamiento de aguas en este sector. No existe precisión sobre si se cuenta con servicio de aguas servidas o si serán vertidas a la ciénaga, terminando finalmente en el Río Magdalena.

Comparto la intranquilidad de los ciudadanos, cuando dudan de los señalados beneficios del proyecto Ciudad Mallorquín, conscientes de que se trata de un negociazo a favor de uno de los grupos constructores más poderosos del país, que está arrasando con un importante ecosistema del Atlántico. Todo lo relacionado con el megaproyecto debe ser explicado con claridad a la opinión pública.

Exigimos que se garantice la protección del bosque seco tropical, la ciénaga y sus alrededores de bosques de manglares, flora y fauna, no podemos permitir que Ciudad Mallorquín se convierta en un terrible desastre ambiental, un escándalo urbanístico, y una tragedia tugurial.