Colombia es un país de paradojas donde la palabra crisis parece estar siempre a la vuelta de la esquina. Aún así, si lo comparamos con otros países del mundo, el nuestro es uno de los que menos períodos de recesión económica ha tenido en su historia, claro que esto no le ha impedido ser uno de los que más ha hecho reformas tributarias en los últimos 30 años.

Para ser más específicos, desde la expedición de la Constitución de 1991, han pasado 21 reformas tributarias, más o menos una cada año y medio, todas ellas enfocadas, o al menos así lo dijeron los gobiernos de turno, en sortear la crisis económica del momento. 

La de este año no es la excepción. Gustavo Petro recibe un país fuertemente endeudado y sin posibilidades presupuestales para implementar las ambiciosas reformas que materializan el cambio prometido en campaña. 

¿Pero en qué se diferencia esta reforma tributaria con las pasadas? ¿A quién beneficia? ¿Es buena o mala para el país? Mi objetivo con esta columna, es abordar estas preguntas  y llevar su discusión desde las oficinas del Ministerio de Hacienda en el centro de Bogotá a la gente común de toda Colombia. 

El propósito principal de toda reforma tributaria es aumentar el recaudo fiscal que recibe el Estado a partir de los impuestos. Naturalmente, se traza una meta de recaudo que en este caso son 25 billones de pesos -la más alta de la historia- la cual se busca lograr a partir de  mecanismos como la creación o modificación de impuestos directos e indirectos. Los primeros hacen referencia a impuestos que llegan directamente al contribuyente -persona que paga impuestos- como el impuesto de renta; y los segundos, a impuestos sobre  bienes y servicios consumidos, como el impuesto al valor agregado (IVA). 

Particularmente, esta Reforma Tributaria es histórica para el país. Pues tiene una naturaleza progresiva y esto implica que los impuestos están pensados en los ingresos de cada ciudadano de manera justa. Por tanto, la población paga impuestos de acuerdo con su capacidad de generación de ingresos. A continuación presento 3 puntos positivos de la tributaria de Petro:

El primero se refiere al hecho de que es la primera vez donde se opta decididamente por trasladar una parte de la carga tributaria de las empresas (personas jurídicas) a los ciudadanos (personas naturales) y esto, aporta significativamente a la productividad del país y la generación de empleo formal y de calidad.  Esto se puede evidenciar en la propuesta del Gobierno de limitar los beneficios tributarios para las personas que tengan ingresos superiores a los diez millones de pesos mensuales y qué, según cálculos del Ministerio de Hacienda, solo representan el 2% de la población. 

Un segundo punto positivo es que la reforma tributaria incluye una política a favor del cambio climático y la salúd pública, sentando un precedente en la historia tributaria del país. En pro a esto grava las emisiones de carbono, algo que nunca se había hecho en el país, una decisión enfocada en tener recursos de los sectores más contaminantes para poder mitigar su impacto en el medio ambiente. 

Además, trae un impuesto a las bebidas azucaradas y los alimentos procesados, algo que como médico veo como una decisión acertada. Actualmente, Colombia es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con este tipo de impuestos, a pesar de que su efectividad se ha probado como desincentivo al consumo de bebidas azucaradas. Hoy 22 de 33 países de la región aplican este tipo de tributos como medida de salud pública.

Finalmente y tal vez, el  punto más importante es que el Gobierno mantendrá la tarifa de renta a las empresas (35% sobre la utilidad neta) pero eliminará las exenciones derivadas del mismo impuesto. En Colombia las exenciones y beneficios a las empresas han promovido de manera irresponsable el capitalismo entre amigos dándole privilegio al poder de lobby de las empresas privadas. La eliminación de las exenciones es un paso acertado en el camino de construir una sociedad capitalista sana y justa. 

En resumen, la Tributaria de Petro aboga por la preservación del medio ambiente, por la lucha contra enfermedades no transmisibles y sobre todo, por un país con mayor equidad social y tributaria a través de la aplicación verdadera del principio de progresividad. No es fácil meterle la mano al bolsillo de los colombianos, pero es un esfuerzo que debemos hacer como sociedad para buscar una distribución más equitativa de los ingresos y del gasto de inversión social del Estado. Esta es una reforma fiscal estructural que si se aprueba de manera correcta, nos salvará de tener que pasar nuevas reformas en los próximos años.