La discusión de la reforma tributaria se acaba de surtir en la Cámara de Representantes, y en ella se dio una oportunidad inesperada, gracias a la inclusión de los impuestos saludables, para continuar mi lucha en pro a la salud de los colombianos, un propósito que me ha acompañado toda mi vida desde que me recibí como médico y que en este trasegar político mantengo como una de mis principales banderas.

Digo inesperado porque cuando aspiraba al Congreso de la República nunca pensé que el nuevo gobierno fuera a revivir el impuesto a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, y menos que lo hiciera por medio de una reforma tributaria.

Es un hecho científico que el consumo de azúcar produce enfermedades graves para la salud, como son la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, las cardiopatías coronarias o el cáncer, para citar solo algunas. Además, cuando un niño consume azúcar le afecta su desarrollo emocional, le produce irritabilidad y le disminuye la concentración y la atención. Otra consecuencia de la proliferación de estas enfermedades es la caída de la productividad laboral y empresarial, y una disminución en el rendimiento académico de quienes las padecen.

Por eso respaldamos la iniciativa de gravar a las gaseosas y otras bebidas azucaradas como una estrategia para, a largo plazo, disminuir su consumo y por consiguiente mejorar la salud pública y la productividad de los colombianos.

Cabe destacar que el impuesto a las bebidas azucaradas es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quienes promueven la medida como una acción efectiva para disminuir el consumo de estos productos nocivos para la salud.

Con la aprobación de este punto de la reforma tributaria, Colombia se suma al grupo de los más de 70 países en el mundo que cuentan con impuestos saludables, siendo el país número 23 en América Latina en aprobarlos; y comienza a andar en un largo camino que ha sido muy difícil de empezar a transitar.

Desde hace por lo menos una década se viene discutiendo el tema de gravar las bebidas azucaradas en el país, tanto en la comunidad médica como en la política, pero por una razón u otra, todos los intentos habían sido fallidos. Es innegable el poder de la industria azucarera en el país, y también de la industria de las gaseosas, por lo que encontrar un mínimo consenso para plantear un impuesto que fuera posible aprobar era una tarea titánica que se vislumbraba de imposible.

Este Gobierno del cambio lo ha hecho posible. Pese a todas las críticas recibidas y las opiniones divididas que causó el impuesto, un hecho es cierto: los impuestos saludables en Colombia eran mera filosofía, ¡hoy son una realidad!

Es el talante del nuevo gobierno, el de lograr consensos y consolidar soluciones pragmáticas. En ese sentido, el impuesto aprobado es el impuesto posible, no más, no menos, y para ponderar es preciso decir que, si bien dimos un paso histórico, este apenas es el primer paso.

Durante las discusiones de la reforma tributaria adelantadas en la plenaria de la Cámara de Representantes, este servidor -junto con más de 60 compañeros- firmamos una proposición para que al impuesto a las bebidas azucaradas le adicionaran las endulzadas con edulcorantes, sustancias que no solo han probado ser tan nocivas para la salud como el azúcar, sino que al dejarlas por fuera se podría crear un incentivo para que la industria de las bebidas azucaradas migre hacia estos aditivos artificiales para mantener el sabor dulce de sus productos, que es al final de cuentas el que genera adicción en la población.

Nuestro propósito era tener una reforma ideal. Lamentablemente, esa no era la reforma posible. En el texto final se fijaron como topes para gravar las bebidas un límite de 6 gramos de azúcar y a partir de 2025 de 5 gramos, lo cual quiere decir que cualquier bebida por debajo de esa cantidad no será objeto del impuesto. Esto le deja un margen de progresividad a la industria para bajar las cantidades de azúcar en sus productos, como ya ha venido sucediendo gracias a previas legislaciones sobre el etiquetado en los envases.

Entendemos que esta discusión pudo haber frenado una reforma tributaria necesaria para el país, gracias a la cual se podrán financiar los ambiciosos proyectos de inversión social y equidad del nuevo gobierno. Si bien nos hubiera gustado que se avalara nuestra proposición, no seremos un palo en la rueda y seguiremos dando la batalla por la salud de los colombianos en todos los espacios que nos sea posible.

Gracias al impuesto aprobado, en los primeros años se logrará un recaudo importante de recursos que servirá para perseguir el propósito de la “justicia sanitaria”. Un concepto que mira la salud como algo integral, que parte de una correcta alimentación y el acceso al agua potable, saneamiento básico y la educación nutricional para toda la población.

Soy un convencido de que por ahí empieza la salud: si hay agua potable, buena alimentación, y se vive en condiciones de salubridad, el riesgo de padecer enfermedades crónicas disminuye drásticamente, mejorando la calidad de vida de la gente y ahorrándole billones de pesos al Estado.

Pero no podemos perder de vista el verdadero objetivo de los impuestos saludables, que consiste en impactar positivamente la salud pública de los colombianos cambiando sus hábitos de consumo. Por eso somos conscientes de que ese camino será largo, y que en un futuro tendremos que dar la discusión seria en el Congreso sobre la necesidad de gravar todos los productos que contengan azúcar añadida y edulcorantes, independientemente de los gramos que tengan.

Hacia allá caminaremos, pero era necesario empezar a andar.