Si hay una tarea pendiente en Colombia es la reforma agraria. Más de 200 años de historia republicana, tres intentos fallidos y seis décadas de conflicto armado nos han dejado en una situación realmente insostenible: que el 1% de las fincas ocupe el 81% de las tierras, según datos de Oxfam. 

Son cifras de terror. Nuestro índice de Gini de concentración de la tierra ronda el 0,88, cuando el 1 representaría que solo una persona tiene toda la tierra en Colombia. Y si nos vamos al Gini de propietarios la situación es más grave, pues se acerca peligrosamente al 0,9. ¿Qué significa esto? Que muy pocas personas, grandes terratenientes y latifundistas, son dueños de la inmensa mayoría de las tierras del país, una situación indeseable para un país con una vocación agrícola por naturaleza. 

La tierra es riqueza. Así ha sido a lo largo de la historia latinoamericana y que esta se concentre en tan pocas manos, explica en alguna medida los alarmantes índices de desigualdad socioeconómica de nuestro país. 

A lo anterior se suma otro dato: de las más de 26 millones de hectáreas de tierra fértil, sólamente se explotan alrededor de siete millones de hectáreas. Esto demuestra la vocación productiva de los grandes tenedores de tierras, muchos de ellos dedicados a la ganadería extensiva. 

Lejos de condenar una actividad económica, es claro que los tiempos que corren exigen un cambio social, el cual pasa por transformar la manera en la que utilizamos la tierra en Colombia. Si queremos vencer al hambre -hoy por hoy uno de los principales problemas de nuestra sociedad y del mundo entero- urge que la inmensa mayoría de la tierra fértil del país se ponga a producir alimentos. 

Si analizamos las estadísticas del DANE y las cuentas nacionales -la evolución de la participación sectorial del agro en el PIB-, encontramos que su aporte ha ido perdiendo fuerza en las últimas décadas. La agricultura representó, en 1970, el 26,2% en el PIB. En 2005 bajó al 8,3% y siguió descendiendo hasta alcanzar el 7% en 2017. A causa de ello, Colombia importa millones de toneladas de granos, entre los que se encuentran arroz, maíz y soya, los que se producían domésticamente en mayores cantidades. Durante esos años, los tratados de libre comercio y el contrabando pusieron en desventaja al sector campesino, incrementando el déficit comercial de la Cuenta Corriente, pero sin tener presente lo que significaba la soberanía alimentaria. Esa situación ha hecho más vulnerable alimentariamente a Colombia.

Llevo meses repitiendo que sin seguridad alimentaria no puede haber vida digna ni prosperidad, mucho menos puede haber paz total, y para alcanzar la seguridad alimentaria es imperativo democratizar la tenencia de la tierra y promover su productividad agrícola. 

Esta no es una noción nueva, ni soy el primero en decirla, por el contrario, es algo que hemos sabido hace mucho tiempo pero llevamos casi un siglo fallando en alcanzar. Desde que en 1936 el presidente liberal Alfonzo Lopez Pumarejo proclamó la Ley 200, hemos tratado de reformar el agro. Otros presidentes liberales como Alberto Lleras Camargo en 1961, y el propio César Gaviria en 1994, también promovieron leyes que buscaban distribuir de manera más equitativa la tierra en Colombia. Sin embargo, a cada intento de reforma le siguieron muchas contrarreformas que sumaron al descontento campesino y alimentaron la violencia política en el país. 

La lucha por la tierra está metida en el germen de la guerra en Colombia, por lo que si queremos alcanzar realmente la paz total debemos saldar la deuda histórica que tenemos con el campo. 

Es por eso que el primer punto del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016, se habla de una ‘Reforma Rural Integral’, que no es otra cosa que una reforma agraria. En dicho acuerdo, además, se suscribe el compromiso por parte del Estado de legalizar siete millones de hectáreas de tierra y comprar otros tres millones de hectáreas para entregarla a los productores agrícolas, en especial a aquellos campesinos que han sido víctimas del conflicto armado. 

El Gobierno ya está avanzando en ese propósito. De acuerdo con la ministra de Agricultura, Cecilia López, están legalizadas 681.371 hectáreas, que corresponden en su gran mayoría a personas que habitan predios sin título formal. Es decir, que en menos de 100 días el gobierno Petro ha puesto en marcha la reforma agraria, valiéndose de los mecanismos vigentes en la Constitución y la Ley. 

Pero no nos podemos detener ahí, para llevar a cabo una política pública agrícola de gran calado en Colombia se tiene que generar y actualizar el aplazado catastro multipropósito con el cual se podrán mejorar las estadísticas del campo y el diagnóstico de su situación real. 

Sólo así se podrán identificar claramente los propietarios de los millones de hectáreas de tierras fértiles e inventariar a los campesinos que potencialmente deberían ser beneficiados con la reforma. Un efecto del catastro multipropósito será el incremento del predial rural a las tierras improductivas, lo cual obligaría fiscalmente a los latifundistas y mega-latifundistas a que inicien procesos productivos en las tierras, o, en su defecto, las vendan para la reforma agraria, evitando así que la tierra sea un activo refugio, improductivo y oculto. 

También es importante resaltar que en la Sociedad de Activos Especiales, SAE, hay tierras que están en extinción de dominio y otras que tienen sentencias de extinción en firme. Esto significa que estas tierras pueden ser objeto de la reforma agraria para su repartición, tal cual lo manifestó la ministra López. 

El faltante deberá ser adquirido por el Estado, a un costo entre 30 y 60 billones de pesos, según lo anunciado por el Presidente de la República. Esos recursos los obtendrían, en parte, de pagar y vender Títulos de Deuda Pública (TES) de mediano y largo plazo, los cuales son negociables en el mercado. 

Por último, es importante resaltar que la reforma no solo consiste en comprar tierras, sino en distribuirlas correctamente y sobre todo garantizar su productividad.  Para esto, es vital el papel de la Agencia de Desarrollo Rural, que será la encargada de acompañar al campesino beneficiado con la reforma para ayudarle a gestionar el crédito necesario para comprar insumos y adecuar la tierra. Igualmente, deberán identificar dónde se necesita que el Gobierno central intervenga con obras complementarias, como vías terciarias o acceso a agua potable. 

Ejemplos como el de Brasil nos enseñan que la mejor manera de lograr que las políticas agrícolas prosperen es fomentando organizaciones campesinas y el cooperativismo, por lo que aquí hay otro rol importante que debe jugar el Estado como facilitador de dicha asociatividad. 

Este es un tema que no da espera, y cómo el Gobierno lo sabe se está valiendo de las herramientas que otorga la ley para avanzar con la reforma, aún antes de presentar un proyecto legislativo ante el Congreso. Esto demuestra voluntad política y compromiso, dos elementos de los que han carecido los gobiernos anteriores para realmente resolver el problema de la tierra en Colombia. 

Nos tenemos que meter en la cabeza que si no distribuimos mejor la tierra en el país y la volcamos hacia su natural vocación productiva, será imposible alcanzar la paz total. Tenemos una oportunidad de oro para saldar por fin una deuda histórica, no permitamos que vuelvan a frenar la reforma agraria que ya arrancó.