Cerca de un centenar de personas, entre desmovilizados de las FARC y sus familiares, abandonaron este miércoles la zona donde se reincorporaban en el municipio de Ituango para trasladarse a otra en Mutatá, ambos en el departamento de Antioquia, por la violencia que azota a esa región del noroeste de Colombia.

Los excombatientes abandonaron esta madrugada el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía, donde estaban volviendo a la vida civil tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, por el recrudecimiento del conflicto en esa región.

En las últimas semanas, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la desmovilización de la guerrilla, denunció que 11 de sus militantes fueron asesinados en Ituango y recordó que desde que se firmó el acuerdo han sido asesinados 218 exguerrilleros en todo el país.

En ese sentido, ese movimiento político dijo el mes pasado que la violencia no solo afecta a los excombatientes sino también a sus familiares y puso como ejemplo lo ocurrido el pasado 7 de junio, cuando desconocidos asesinaron en ese municipio a un hombre y dos menores de edad, uno de ellos hijo de una desmovilizada.

"Los firmantes de paz están abandonando Santa Lucía porque el Gobierno no garantiza su seguridad y su vida", afirmó en Twitter Ómar Restrepo, representante a la Cámara del partido FARC, quien calificó lo ocurrido como un "desplazamiento forzado".

Viaje de Ituango a Mutatá

Los excombatientes y sus familiares, con camiones cargados con sus objetos y viajando en autobuses, llegaron este miércoles a la cabecera municipal de Ituango donde pretendían pasar la noche para proseguir mañana su viaje a Mutatá, que tarda entre 12 y 14 horas por carretera.

Sin embargo, los ubicaron en una zona donde había "gran riesgo" con pipetas de gas, "una cantidad de chatarrería, unos olores muy malucos, realmente una cuestión antihigiénica", según denunció Manuel Antonio González Benítez, conocido en su época de guerrillero como "Elmer Arrieta", quien fue el jefe del Frente 18 de las FARC.

González, cuyo hijo fue uno de los exguerrilleros asesinados en Ituango en diciembre pasado, aseguró que lo que viven, "más que un desplazamiento, es un desarraigo de su propio territorio porque más del 80 % de los firmantes de la paz son naturales, nativos de este municipio".

"Lo que más nos sorprende es la forma en la que nos recibieron acá en el municipio (...) Lo otro es que nos llevan a marcha forzada, nos cambiaron la agenda: la ruta era por la vía nacional y ahora nos van a meter para salir a San Cristóbal, supuestamente porque es más cerca. Para nosotros es más largo, más riesgoso", añadió.

Viaje en la tarde

Tras discutir con el Gobierno la continuación del viaje, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) aseguró que, "conforme al protocolo establecido y ruta definida por la fuerza pública", las 93 personas se subieron de nuevo en los autobuses a las 17.30 hora local (23.30 GMT).

"Se espera que lleguen entre 6.00 y 8.00 a.m. de mañana (entre las 11.00 y las 13.00 GMT)", añadió la ARN.

Al respecto, el delegado de la FARC ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), Pastor Alape, aseguró que "no se explica que en un desplazamiento forzado como el que vive el colectivo en reincorporación de Ituango, la ruta de salida sea impuesta por las Fuerzas Militares, que fueron incapaces de garantizar" su vida y "permanencia en el territorio".

"La fuerza pública no garantizó la vida de los firmantes de la paz en Ituango. El Gobierno demoró seis meses en responder su solicitud de reubicación. Y el Gobierno impuso la ruta de salida definida por la Fuerza Pública. No más revictimización", añadió Alape en Twitter.

Los reincorporados se instalarán en un predio en el caserío La Fortuna, que hace parte del municipio de Mutatá.

Ese traslado había sufrido varios retrasos porque inicialmente estaba acordado para realizarse en febrero de este año "pero hubo problemas (para la adquisición) del predio nuevo y se le sumó el coronavirus", explicó a Efe el pasado 3 de julio el desmovilizado Gustavo López.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas volvió a mostrar el martes su preocupación por la inseguridad en Colombia y los riesgos que esta constituye para el proceso de paz junto a la irrupción de la pandemia, que ha "demostrado, una vez más, lo vulnerable que es la situación".

Así lo aseguró el representante de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien dijo que "la inseguridad que enfrentan excombatientes de las FARC-EP, comunidades, defensores y defensoras de los derechos humanos manos y líderes y lideresas sociales siegue siendo nuestra mayor preocupación y lamentablemente ha continuado durante la pandemia".

EFE