Lo que era una solución para llevar agua potable a las comunidades más necesitadas de La Guajira, uno de los departamentos más olvidados por el Estado colombiano, se convirtió en el hecho de corrupción más grande en los dos años del Gobierno de Gustavo Petro.

Aprovechando las facilidades que generó la declaratoria de emergencia para este departamento de la Costa Caribe, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió dos órdenes de compra de carrotanques en noviembre y octubre del 2023. La primera de ellas fue para adquirir 40 de estos vehículos a la empresa Impoamericana Roger SAS por un valor de $46.800 millones.

La otra orden completaba el lote de 80 automotores tipo cisterna que iban a ser entregados a la Fuerza Pública para que en coordinación con los entes territoriales guajiros llevaran agua potable a los más necesitados.

Sin embargo, pasó el tiempo y de los vehículos no se supo nada hasta que La W Radio dio a conocer el 22 de febrero de este año que los carrotanques estaban parqueados y sin ser usados. La lupa se activó y empezaron a caer las fichas más importantes de la UNGRD.

Lo primero que se identificó es un sobrecosto en el contrato suscrito entre las partes, sobre todo porque gran parte de estos 80 automotores no estaban en óptimas condiciones para terrenos en muchos casos sin pavimentar como los de La Guajira. 

Aunque el director Olmedo López trató de defender su gestión y el propio Presidente, Gustavo Petro fue su escudero por unos días, terminó saliendo de su cargo el 29 de febrero, cuando fue denunciado penalmente por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia e investigado por la Procuraduría y la Contraloría.

Junto a Olmedo también cayó el subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla. Estos serán los dos nombres más importantes en el devenir de este proceso.

El papel Impoamericana Roger SAS

A pesar de no tener experiencia en el sector de transporte o uno similar, la empresa Impoamericana Roger SAS fue seleccionada para este millonario contrato que superó los $75 mil millones, si se suman las dos órdenes.

Las investigaciones periodísticas señalaban que la empresa no contaba con una trayectoria sólida en la venta de este tipo de vehículos y su actividad principal estaba relacionada con el comercio de productos de ferretería, entre otros.

Pero más escandaloso fue el presunto sobrecosto en la contratación, ya que en comparación con las otras cotizaciones presentadas a la UNGRD, se identificó que se escogió la opción más cara y por ende podría presentarse un posible detrimento patrimonial. 

Los carrotanques habrían sido adquiridos por $600 millones, pero facturados a la UNGRD por $1.200 millones. 

Aunque el primer nombre detrás de esta empresa fue el de Roger Alexander Pastas Fuertes, el caso se centró en el tercer gran personaje en este escándalo: Luis Eduardo López Rosero, el contratista real de los carrotanques.

En un hecho que fue confesado por López Rosero, Olmedo y Pinilla, la elección de Impoamericana fue para que el contratista “prestara” un dinero que tenía como finalidad supuestamente sobornar a congresistas para impulsar las reformas del Gobierno.

Del bolsillo de López Rosero salieron $4.000 millones que habrían sido entregados a Iván Name y Andrés Calle, presidente del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, en el pasado periodo legislativo.

Congresistas y ministros mencionados

Con la mención de dos congresistas de tan alto rango la polémica creció, principalmente porque Olmedo López y Sneyder Pinilla decidieron hablar para buscar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Lo primero que afirmó Olmedo es que los hechos de corrupción comprometen hasta $380 mil millones de la UNGRD, mientras que Pinilla sostuvo que las órdenes vinieron, supuestamente, de ministros, funcionarios del rango medio y nueve congresistas. 

Pero dos de los nombres más recurrentes fueron el del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el anterior director del Dapre, Carlos Ramón González. 

Según las declaraciones de los dos exfuncionarios de la UNGRD, Bonilla gestionó con urgencia contratos que sumaban $92 mil millones.

Uno de ellos fue para Cotorra, Córdoba, por $50 mil millones; otro para El Salado, en Bolívar, por $12 mil millones, y uno para Saravena, Arauca, por $30 mil millones.

Olmedo indicó a la Fiscalía que estos contratos eran para "cumplirle a los congresistas con contratos”. 

Estos dineros habrían sido transferencias que el Ministerio de Hacienda le hizo a la UNGRD y, según Olmedo López, lograron que la Comisión de Crédito Público del Congreso aprobara créditos internacionales que gestionaba la cartera.

Supuestamente los congresistas beneficiados fueron Julián Peinado (liberal), Juan Pablo Gallo (liberal), Liliana Bitar (conservadora), Julio Chagüi (La U), Wadith Manzur (conservador) y Karen Manrique (curul de paz), así como el excongresista Juan Diego Muñoz (verde). Todos investigados hoy por la Corte Suprema.

En sus confesiones, López y Pinilla, a quienes se sumó la exasesora del Ministro de Hacienda, Alejandra Benavides, indicaron que además de Bonilla, también dieron órdenes de cometer estos supuestos hechos de corrupción Luis Fernando Velasco, exministro de Hacienda; César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública, y Carlos Ramón González.

El rol de González habría sido citar a todas las partes el 27 de noviembre del año pasado para hablar de la supuesta entrega de "mermelada" para impulsar las reformas, igualmente, habría ordenado a Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre, que mantuviera contactos y presionara para el supuesto desarrollo del plan.

Carlos Ramón González también habría intervenido para que Sandra Ortiz, quien era consejera para las Regiones, creara un espacio de contacto entre Name y Olmedo López, y fuera ella quien le entregara los supuestos $3.000 millones a Name.

Pinilla habría sido el encargado de darle $1.000 millones a Andrés Calle. Recordemos que estos dos supuestos sobornos se dieron con el dinero que entregó el empresario Luis Eduardo López. 

Cabe destacar que tanto Ortiz, González y Name son del Partido de la Alianza Verde. 

Otros de los que han sido mencionados por supuestamente gestionar contratos fueron Víctor Andrés Mesa, Luis Carlos Barreto y Ramírez Cobo. Los dos primeros exfuncionarios de la UNGRD.

Dentro de los distintos procesos que tiene abierta la Fiscalía en este momento, se han filtrado videos de las supuestas reuniones que mantuvieron estas personas, sin embargo, la mayoría de los casos están en sus primeros pasos.

Uno de los más avanzados es el de Sandra Ortiz, quien fue cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario por las pruebas que hay en su contra. Fue imputada por lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

Además, Ortiz dentro de sus palabras hizo señalamientos contra la actual directora del Dapre, Laura Sarabia: “Le avisé a Laura Sarabia de 10 carrotanques más, entonces señora juez, nunca, jamás... soy incapaz de quitarle un vaso de agua a los niños de La Guajira, nosotros sabíamos el compromiso como Gobierno. Esos señores (Olmedo López y Sneyder Pinilla) son mentirosos, fue una cortina de humo, mi compromiso con La Guajira está ahí”.

“Las personas que están implicadas hoy no están acá y nunca las van a mencionar, porque es un mecanismo de ellos y otras personas. Yo soy su chivo expiatorio y esa persona que tiene mucho poder en la presidencia, está al lado del Presidente y ella fue la que armó el complot para que estuviera acá. Estoy preocupada por mi seguridad", remató.

Por esto Sarabia denunció penalmente a Sandra Ortiz. 

El escándalo de corrupción ha marcado al Gobierno de Gustavo Petro, quien ha perdido a piezas como Bonilla y Carlos Ramón González por este hecho.

No obstante, dentro de todo lo rocambolesco del asunto, la UNGRD logró cobijar con pólizas a los carrotanques, los cuales serán distribuidos en todo el territorio nacional, cuatro de ellos para el Atlántico. 

Aunque hay que mencionar que la Procuraduría, al verificar el estado de los 80 vehículos, evidenció que varios de ellos presentan abolladuras y recomendó a la UNGRD revisar su funcionalidad.

Igualmente, el Ministerio Público profirió su primera decisión con respecto a este hecho: destituyó e inhabilitó a Olmedo López por 18 años y a Sneyder Pinilla por 20 años por los sobrecostos en la adquisición de los carrotanques. La inhabilidad para Víctor Andrés Meza, exsubdirector General, fue de 10 años.