El Juez 35 Penal de control de garantías de Bogotá decidió este sábado enviar a guarniciones militares al exdirector y exsubdirector de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, para salvaguardar sus vidas ante la colaboración que están realizando a la justicia por el entramado de corrupción dentro de la entidad.

Durante su intervención, el juez consideró que no hubo detrimento patrimonial en algunos contratos de la UNGRD porque los mismos se ejecutaron, pero sí hubo algún tipo de direccionamiento por parte de los exfuncionarios para entregarlos a personas conocidas.  Solo en uno de los contratos sí se demostró un detrimento para el Estado, según el juez.

Así mismo, señaló que sí hubo inferencia razonable de autoría o participación de los imputados.

En este caso hay un agravante porque hay dos ramas del poder público inmersos como lo son el Ejecutivo (el ministro de Hacienda, el segundo al mando de ejecución presupuestal en Presidencia)  y el Legislativo (Congreso), según señaló el juez. 

El entramado criminal en la UNGRD "permeó a dos poderes del Estado". 

"La medida de aseguramiento en centro carcelario es idónea" , dijo el juez, quien también aseguró “hay un reconocimiento de la responsabilidad, aunque no se haya aceptado cargos”.

El juez detalló que el Estado debe garantizar a todos los colombianos la protección de la vida y la seguridad y por eso se cumple los requisitos para acceder a la petición de la Fiscalía en centro carcelario con el componente del Inpec, que puede proteger el bien común de la vida. 

"Las Fuerzas Militares no tienen porque custodiar y no son atribuirle esas funciones", aseguró el juez. 

"Los batallones no son zonas de reclusión", insistió el juez. 

Sin embargo, aunque no comparte que se lleven a personas a batallones o estaciones de Policía, pero al ver el material probatorio de la Fiscalía y de la defensa en la audiencia existe un riesgo grande contra la vida, por esa exclusiva razón accede a la petición de la Fiscalía de imponer en centro reclusión a Luis Eduardo López Rosero a una estación de Policía, mientras que a los funcionarios serán enviados a un batallón del Ejército. 

Cabe señalar que Gustavo Moreno, abogado del ex subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla,  había pedido detención en una guarnición militar  porque la vida de su cliente corre peligro, debido a que igual que Olmedo López, están colaborando con la justicia para revelar todo el entramado de corrupción en la UNGRD y porque es un potencial testigo de la Fiscalía. 

“Estamos en presencia de un amenazado, que quieren que se calle, hay múltiples amenazas”, indicó el abogado. 

Moreno reiteró que Pinilla presentará un preacuerdo con la Fiscalía para la aceptación de cargos.

Así mismo el representante del contratista, Luis Eduardo López Rosero, aseguró que su defendido efectivamente va ser condenado por estos hechos por entregar dineros a funcionarios para acceder al contrato de 20 carrotanques en La Guajira y por tal razón señaló “no se va a oponer a la medida de aseguramiento que está solicitando la Fiscalía” y  lo que busca su cliente es llegar a un preacuerdo con el ente acusador porque va “resolver su problema”. 

También había pedido que fuera enviado a una guarnición militar.  Más temprano, el abogado de Olmedo López también había pedido que si le colocaba una medida aseguramiento fuera en un batallón porque su vida corre peligro al ser declarado como objetivo militar por grupos al margen de la ley y que "ya estaba dada la orden" para matarlo. 

Hay que recordar que Olmedo, Sneyder y el contratista Luis Eduardo López Rosero fueron imputados de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado, los cuales no aceptaron.

Los exfuncionarios, López Rosero y otras personas que trabajaban en entidades del Estado tuvieron un “acuerdo criminal que tuvo como propósito delitos contra la administración pública”, según la Fiscalía. 

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El ente acusador señaló que Sneyder y Olmedo presuntamente coordinaron con otros funcionarios el pago de coimas para beneficio propio y entregar el contrato para la adquisición de 40 carrotanques que supuestamente iba a llevar agua a las zonas más secas del departamento de La Guajira.

También estarían presuntamente implicados en los mismos hechos, Sandra Ortiz, que fue consejera para las Regiones; Iván Name, del Partido Verde y que fue presidente del Senado en la anterior legislatura (2023-2024), y Andrés Calle, expresidente de la Cámara.

Igualmente aparecen en las denuncias Carlos Ramón González, que el año pasado dirigía el Departamento Administrativo de Presidencia, desde donde supuestamente dio la orden para pagar las coimas a Name y Calle. 

Sandra Ortiz ya se ha presentado a la Fiscalía para declarar sobre los hechos. Así mismo el ente acusador pasó traslado a la Corte Suprema de Justicia para que inicie las investigaciones con respecto a los congresistas que han sido señalados en el entramado de corrupción al interior de la UNGRD.