El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó el cierre definitivo de los basureros a cielo abierto en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz que presta sus servicios a Barranquilla.

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La medida, producto de una acción popular elevada por la Procuraduría General de la Nación, conmina a Interaseo y al Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad, Atlántico, “intervenir, clausurar y erradicar de manera definitiva y total los basureros, basurales, puntos críticos o botaderos ilegales a cielo abierto que existan en su jurisdicción”.   

El ente de control, en el recurso legal, acreditó la afectación ocasionada al entorno y la comunidad de esta zona ante la mala disposición de residuos.

Entre los argumentos está la afectación de “los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación y restauración”.

La Procuraduría evidenció que la existencia de esos vertederos de basura ilegales afecta no solo a los moradores de los sectores cercanos a los mismos, sino también la seguridad de la navegación aérea, y la integridad de pilotos, tripulación y pasajeros de las aeronaves, debido a la proliferación de aves de carroña en los alrededores del Aeropuerto Ernesto Cortissoz que impiden -según dijo- que las operaciones aéreas se lleven a cabo con normalidad.

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“En cumplimiento de lo sentenciado por el Juzgado Segundo Administrativo de Barranquilla, que fue confirmado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, las entidades accionadas deberán cumplir con el cierre de los botaderos La Concepción, Cachimberos, Ómar Pérez, la Vuelta del Diablo, San Vicente 1 y 2, Frente Delta, Frente Delta 2 y 3, lote detrás de Granabastos, lote detrás del Club de Leones, y cualquier otro basural colindante con el área de influencia del aeropuerto, en los términos dispuestos en la ley y las normas ambientales”, refirió la PGN.

Adicionalmente, dentro de la decisión del Tribunal, se ordenó la construcción de una escombrera o sitio específico para la disposición final de los residuos de construcción y demolición y, al mismo tiempo, la formulación un plan de manejo ambiental.

“De manera cooperada, coordinada y armónica, en el marco de sus competencias, los accionados deberán reestablecer a los soledeños los derechos e intereses relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, la seguridad y salubridad públicas, y el acceso a los servicios públicos”, finalizó el ente de control.