Los accionistas de la empresa Air-e respondieron  al agente interventor, Edwin Palma, después de revelar múltiples irregularidades en la compañía que afectaban a los usuarios.

Según los accionistas, el comunicado de Palma "tiene defecto estructural".

"Señala los efectos de la crisis, con múltiples imprecisiones e información abiertamente equivocada, pero no explica las causas estructurales que la provocaron", agregaron.

Puntualizaron que se trata de "causas que no son atribuibles a Air-e".

Los accionistas señalaron que, toda acción que Air-e ejecutó, estuvo vigilada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD).

"La intervención fue solicitada por la misma empresa el día 30 de agosto 2024", recordaron.

Este es el resto del comunicado textual de los accionistas de Air-e:

Antecedentes de la compañía

Antes de la intervención, Air-e presentaba los siguientes logros:

1.  Cumplimiento de indicadores:

*    La SSPD realizó visitas trimestrales a Air-e, evaluando más de 50 indicadores con un promedio de cumplimiento del 91%.

*   En mayo de 2024, la SSPD efectuó una visita integral, su evaluación más exhaustiva sin hallazgos significativos.

2.  Calidad del servicio:

*   Durante los cuatro años de operación, los indicadores de calidad alcanzaron en 2023 los niveles exigidos para 2030, logrando una calidad de servicio sin precedentes en la región.

3.  Viabilidad financiera

*   La compañía se asumió el 1° de octubre de 2020, enfrentando inicialmente pérdidas de

$60.000 millones de pesos mensuales. No obstante, a través de la implementación de su plan de negocios, la empresa logró revertir esta tendencia y alcanzó un EBITDA positivo en el cuarto trimestre de 2022 hasta que se dieron los cambios externos que hicieron inviable su operación como consta en los estados financieros auditados.

Ejemplos de imprecisiones e información equivocada en el comunicado emitido desde air-e intervenida:

*Obligaciones financieras: Se mencionan deudas por 1.9 billones de pesos, de estos únicamente $411.811 millones (equivalentes al 22% del total de pasivos) se encontraban vencidos en esa fecha. Adicionalmente, no se reconoce que la empresa tiene más de 5 billones de pesos por cobrar a usuarios y entes oficiales. Es responsabilidad del interventor gestionar

*Altos costos de energía: El informe señala los altos precios de generación como un hallazgo, pero este problema fue denunciado durante años por la administración anterior ante la SSPD, la CREG, la SIC, el MME y otras entidades regulatorias.

*Calidad del servicio: Es falso que exista un deterioro en la calidad. Los indicadores SAIDI y SAIFI, que miden interrupciones del servicio, mejoraron a niveles históricos respecto a lo que se vivía en la época de Electricaribe como lo certificaron las auditorias de calidad adelantadas cada año por entidades independientes.

*Supuestos “racionamientos”: la empresa tiene la potestad legal de programar los mantenimientos que considere necesarios dentro de su estrategia para operar el sistema siempre y cuando cumpla con las metas de calidad. Adicionalmente, Air-e avisó que reactivaría los “períodos de continuidad”, de acuerdo con la disposición legal, en las comunidades que no cumplían con sus mínimos de recaudo y hurto de energía, los cuales eran periodos que se interrumpía el servicio y que efectivamente se realizaron.1

*Supuesto “Incumplimiento” en el plan de inversiones es FALSO. En mayo 2024 la SSPD hizo una visita integral con casi 20 personas a Air-e y concluyeron que no existía un incumplimiento regulatorio. Adicionalmente, en un video de estas sesiones, el funcionario responsable de la SSPD expresa, explícitamente, “en Air-e se están desarrollando las inversiones”.

Compromiso con la transparencia

Air-e pre-toma reiteran su compromiso con los más altos estándares de gestión operativa, administrativa y financiera, tal como lo verificó la SSPD en cada visita de inspección trimestral durante la anterior administración. La compañía continuará trabajando para esclarecer las inconsistencias presentadas en el informe y garantizar la verdad ante las instancias competentes.