La Real Academia de la Lengua española aporta tres acepciones relacionadas con el concepto de “ciudadanía”: cualidad y derechos de ciudadano; Conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación y; Comportamiento propio de un buen ciudadano. La misma fuente establece que el “ciudadano”  es una persona que participa activamente dentro de un Estado y que es titular de derechos y sometido a sus leyes.

En la lógica emergente del “Ascenso de Occidente”, desde la llamada perspectiva valórica, los conceptos de ciudadanía y ciudadanos adquieren una relevancia crucial, son parte del bagaje cultural del cual dicha civilización se ufana en aportar a la comunidad mundial. Desde la antigua Atenas en que se organiza, por evolución, un sistema de ejercicio directo del poder por parte de los ciudadanos y que, siguiendo las palabras de Aristóteles, sólo puede desarrollarse plenamente al interior de su comunidad social y política. De esta manera el ciudadano y la ciudadanía se definen por su participación en las decisiones del Estado.

La teoría difusionista del “Ascenso de Occidente” nos dice que el testimonio pasó de los griegos a los romanos en donde se construyó un modelo diferente de ciudadanía. La notable expansión desde finales de la República y en especial en el período Imperial, se construyó la posibilidad de que la ciudadanía no estuviera exclusivamente atada al nacimiento, sino que también por la posibilidad de aceptar  un mismo orden jurídico, con iguales derechos y obligaciones, en lo público y también en lo privado, siempre y cuando, al igual que en la Atenas clásica, se tratara de hombres jurídicamente libres.

A fines del imperio y el surgimiento de una nueva comunidad, más bien religiosa, la “Cristiandad” generó una involución en el concepto, especialmente a partir del modelo de San Agustín que des temporalizó la vida en la tierra y el rol del hombre común y corriente era prepararse para una vida plena después de la muerte. Solo el aporte de Santo Tomás de Aquino, varios siglos después, logrando un cierto nivel de armonía entre la filosofía cristiana con la aristotélica, se volvió a dar importancia a la vida terrenal, considerada entonces como una manifestación del poder divino.

Los ideales ilustrados y las revoluciones atlánticas de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX dieron un nuevo impulso al concepto de ciudadano. Por primera vez se hace explícita la diferencia entre hombre político y hombre natural y se empieza a construir la noción de que es en el derecho, la ley, en donde se consagran los principios claves del pacto social: libertad, igualdad y solidaridad;  y nos hace partícipes de una comunidad que, por lo demás, elabora un proyecto futuro en común. Surge el Estado-Nación moderno, y poco a poco el súbdito va dando paso a la universalización del ciudadano. Las primeras bases jurídicas al respecto son, claramente, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. 

El desmoronamiento del viejo orden feudal, el liberalismo revolucionario en todas sus manifestaciones propagan la conformación de una sociedad que no acepta la instalación legal de privilegios y que lucha por demandas materiales y políticas,  con el consiguiente proceso de ampliación de la base de participación ciudadana, la conformación de una comunidad política moderna y la profesionalización de las funciones públicas.

En lo sucesivo el concepto ciudadanía en la lógica del Estado- Nación emergente  sufrirá nuevas y necesarias tensiones, que en un breve vistazo pueden enumerarse de la siguiente manera: movilizaciones de trabajadores por la falta de reconocimiento a sus derechos; organizaciones femeninas por el logro pleno del estatus de ciudadanas; derechos de las personas con habilidades diferentes; reivindicaciones de los pueblos originarios o minorías desplazadas de la igualdad de derechos y obligaciones. De esa manera el concepto de ciudadanía transita, en algunos países más rápido que en otros, desde las variadas lógicas reivindicativas y de la emergencia de los derechos humanos.

Desde fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la era de la globalización, con sus redes e interconexiones, con la unificación de los mercados y los acuerdos de libre comercio, con la revolución informática y la lógica de la instantaneidad, que ha favorecido también la democratización de la cultura y la necesidad de ajustar los ordenamientos jurídicos del Estado-Nación a una lógica planetaria. Las nuevas dimensiones ya no son exclusivamente nacionales, los ciudadanos de hoy se mueven, desde sus países,  en redes que los conectan con el sistema mundo, lo que genera nuevos desafíos desde la lógica de la convivencia social y cultural, con organizaciones, empresas e incluso una sociedad civil trasnacional. De esta manera, el ejercicio de la ciudadanía se expresa en forma simultánea y en distintos niveles. Urge una nueva forma de ver, entender y ejercer la ciudadanía, lo que los especialistas han llamado “la Ciudadanía Glocal”.

La “Ciudadanía Glocal” habla de personas, organizaciones y comunidades que desde lo local son capaces de pensar globalmente, tiene la capacidad de adaptarse a las peculiaridades de cada entorno, ser justos, solidarios y defender las virtudes ciudadanas. La Unicef considera que el “ciudadano global” “…entiende la interconectividad, respeta y valora la diversidad, tiene la posibilidad de oponerse a la injusticia y actúa en formas significativas.”

El desafío es sin duda para la educación, aquella que debe entregar la familia, la escuela y la sociedad en su conjunto  para que los actuales y futuros ciudadanos mundiales puedan entender y ejercer sus derechos y sean capaces de ser solidarios con los seres humanos del mundo entero. Lo anterior demanda la adquisición de conocimientos, el desarrollo del pensamiento crítico acerca de cuestiones que se expresan desde lo local a lo mundial y que sean capaces de advertir y reconocer la las relaciones con otros ciudadanos globales, lejanos físicamente, diversos culturalmente pero claramente interdependientes; ampliar el sentido de pertenencia bajo la lógica de una humanidad común, que comparte los valores del pacto social no sólo a escala nacional, sino que global, donde se valora la paz por sobre la guerra, la justicia  por sobre el abuso, la solidaridad sobre la individualidad y la competencia, con herramientas que le permitan hacerse sentir y expresarse a través de los canales necesarios para llegar a los niveles que toman decisiones.

Necesitamos formar ciudadanos que no sean indiferentes a los conflictos armados, a las injusticias, las desigualdades, los abusos del poder, el hambre que se manifiesten en cualquier parte del mundo y a entender que la solidaridad no es sólo un slogan ilustrado, menos aún en el mundo actual que tiende a justificar y hasta normalizar tales experiencias límites.

El desafío es enorme, pero no sólo queda ahí, el “ciudadano global” también es un “ciudadano digital”, ya que las tecnologías de la información y el conocimiento se han instalado como un elemento básico de socialización. Hoy se requieren pautas de convivencia y comportamiento para un mundo virtual, con responsabilidades y compromisos de todos aquellos que allí interactuamos, sobre la base de conductas y principios éticos, legales, seguros y responsables en nuestro accionar a través de todas las plataformas digitales.

Parece de Perogrullo, pero una “ciudadanía global-digital” requiere de acceso a internet y las redes sociales, situación que la llamada “brecha digital” instala como un real desafío. ¿De qué manera formaremos “ciudadanos globales-digitales” sino puede desarrollar habilidades tecnológicas y de comportamiento propias de un mundo virtual? Hacer accesible la alfabetización y la responsabilidad  digital es el primer paso hoy, en especial en los ciudadanos globales actuales y futuros con graves desigualdades.

El acceso de los medios digitales instala transformaciones políticas que son relevantes de analizar y tener en cuenta. Debemos preguntarnos ¿quiénes hacen política hoy? ¿Quiénes hacen información? ¿Quiénes buscan intervenir en procesos democráticos? ¿Qué desafíos y oportunidades plantea la era global-digital en términos de oportunidades y desafíos para los actuales sistemas democráticos? ¿Cuán relevante es educar para la diversidad, para la diferencia y no para la desigualdad? ¿Cómo generamos un marco de convivencia que nos asegure el correcto uso de los canales digitales en el ejercicio activo  e informado del quehacer ciudadano?

Muchas de dichas preguntas es posible enfrentarlas de mejor manera desde lo que se ha llamado un “gobierno Abierto”, que dispone de un conjunto de técnicas tendientes a optimizar la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos para lograr un diálogo dinámico, colaborativo, efectivo y eficaz, donde las nuevas tecnologías de la información juegan un rol trascendental. La idea es ver en la “ciudadanía global-digital” la oportunidad para hacer más y mejor democracia, abriendo nuevos espacios para la participación ciudadana, intensificando la transparencia y las políticas de probidad en el ejercicio de las funciones públicas, facilitando el acceso a la información, a la discusión y al debate e instalando oportunidades para que los “ciudadanos globales-digitales” puedan tener una mayor injerencia en el diseño, participación, aprobación y control de las políticas públicas.