10:55 am. Jueves 11 de Mayo de 2017
Opinión
10:55 am. Jueves 11 de Mayo de 2017

El pasado 6 de abril, a través del Acto Legislativo 01 del 2017 se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), bajo cuatro pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y no repetición. Este acto legislativo integrado a la Constitución contiene una cláusula de no modificación en lo correspondiente al acuerdo de paz.

La consecución de una paz duradera comienza con el reconocimiento de la víctima como un ciudadano que tiene derechos y que con estos puede acceder a la protección integral del Estado. Lo primero frente a todo esto es conocer la verdad, realmente ¿Qué ocurrió?, ¿Cuáles fueron las circunstancias?, y si existen desaparecidos ¿Dónde están?.

Para ello se estableció la comisión de la verdad, que a través de un procedimiento sancionatorio aplicado a los guerrilleros, fuerza pública y terceros (colaboradores del paramilitarismo), Tienen la obligación de decir la verdad so pena de ser excluidos de la JEP. Algo similar al programa de justicia y paz, garantizado acá con la prohibición de locomoción y movimiento por un tiempo de 5 a 8 años en las zonas veredales establecidas por el Estado.

El valor de la justicia se liga con la reparación a las víctimas que tiene en este escenario un sistema mixto basado en un régimen de reparación restaurativa y no sólo retributiva, es decir que buscan el mejoramiento de los territorios que fueron víctimas de los ataques terroristas e incursiones armadas de los grupos guerrilleros. Dándole un valor más simbólico en cuanto a la integración victimario-víctima del conflicto armado. Así se puede reconstruir las zonas urbanas destruidas ó, la reparación ambiental a través de medidas de descontaminación del medio ambiente.

Ahora bien, la víctima al ingresar a este proceso de restauración, busca una efectividad en la administración de justicia que esta actúe de manera célere y que      cumpla con una reparación integral. Pero para ello debe existir una primera despolitización en la selección de los magistrados que integrarán el Tribunal Especial para la Paz, y será un primer paso para obtener una calidad procesal idónea frente a las víctimas.

El proceso, aunque joven aún, vislumbra grandes avances en materia del cumplimiento de los principio de verdad, justicia, reparación y no repetición, pero esto no garantiza que efectivamente cumpla con el cometido para el que fue creado, hay que esperar que el legislador desarrolle con alcance efectivo el marco normativo que deben seguir para poder sentar una crítica más profunda. En estos momentos, solo queda confiar en que las víctimas del conflicto sean reparadas íntegramente. 

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