7:48 pm. Domingo 08 de Julio de 2018
Opinión
7:48 pm. Domingo 08 de Julio de 2018

Han pasado algunos años desde que el líder comunal Luis Barrios Machado solicitó por primera vez una cita en mi oficina. En esa oportunidad me entregó copia de las denuncias que venía realizando por las afectaciones que tenía la comunidad con un proyecto de construcción de viviendas de interés social en el municipio del Palmar de Varela. Desde entonces se convirtió en frecuente visitante  y proveedor de prolija información sobre hechos de corrupción en los que incurrieron distintas administraciones del municipio.

Luis era un hombre respetuoso con las autoridades, implacable y perseverante en sus denuncias, riguroso en la recopilación del material documental que soportaba sus acusaciones, una persona dispuesta a contribuir en la solución de los problemas del sector poblacional que representaba. En sus últimas visitas expresó preocupaciones por los malos manejos que se venían presentando al interior de la ESE Hospital de Palmar de Varela, por el desasosiego que le producían las continuas hostilidades de que era víctima por parte de miembros de la Policía Nacional, a quienes había denunciado por su connivencia con el microtráfico y por haber dado mal trato físico a uno de sus hijos.

Siempre se quejó de que el Estado no le daba protección. En procura de salvaguardar su vida acudió al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la propia Unidad Nacional de Protección. Como se ha hecho costumbre, ninguna de esas entidades tomó en serio las amenazas de que era objeto el líder comunal, negligencia que aprovecharon los criminales para impedirle continuar su labor de defensa de los derechos de la población quitándole la vida el pasado martes delante de sus hijos menores, quienes impotentes presenciaron el asesinato de su padre.

Los golpes de pecho no se hicieron esperar: fue un “error fatal", "Aceptamos nuestra responsabilidad" manifestó el Ministro del Interior, Guillermo Rivera en el programa “Pregunta Yamid”.

“No sé, por que razón no se atendió esa solicitud de protección por el trámite de emergencia”, dijo el Director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora.

“Tenemos que redoblar la defensa de los líderes sociales y de los ciudadanos de a pie que están siendo objeto de la acción de grupos al margen de la ley…” expresó el Fiscal Martínez Neira.

El Comandante de la Policía en el Atlántico, ofreció $10 millones de recompensa por información sobre los responsables del crimen del líder comunal, ofrecimiento que fue aumentado a $15 millones luego de que se realizara un  Consejo  Departamental de Seguridad.

El Defensor del Pueblo Carlos Negret señaló que “esa muerte se pudo prevenir” y denunció que en Colombia asesinan a un activista o defensor de derechos humanos cada tres días.

De poco o nada sirven los golpes de pecho. Ni los lamentos de las autoridades estatales, ni los ofrecimientos de recompensas, ni llegar al fondo de las investigaciones para establecer si se cumplió o no el protocolo de protección en la UNP, regresarán la vida a Luis Barrios, un líder que por obra y gracia de la omisión oficial se convirtió el pasado martes en el número 123 de los líderes sociales asesinados en Colombia durante el 2018.

Según la Defensoría del Pueblo, desde 2016 hasta junio pasado se habían perpetrado 311 crímenes contra líderes sociales, la Procuraduría informó  que para el mismo periodo tales asesinatos ascendieron a 402, mientras que las ONGs de Derechos Humanos advierten que en 2018 han ocurrido 127. Pese a las diferencias evidenciadas en las cifras, lo que sí está claro es que si las autoridades no le ponen un tatequieto a este fenómeno criminal, seguirá in crescendo como hasta ahora.

Era previsible que este tipo de crímenes se presentaran en la etapa del pos acuerdo y por tanto el gobierno está en la obligación perentoria de adoptar un plan de contingencia para la protección de los lideres y lideresas sociales. No lo ha hecho y ahí están las funestas e infames consecuencias.

No pretendo ser ave de mal agüero, pero mucho me temo que las buenas intenciones del Fiscal General  de no desfallecer “en el esfuerzo de judicializar a los asesinos de nuestros líderes” no pasará de ser un anuncio más de esos que con tanto aspaviento le gusta hacer al ilustre doctor Martínez Neira; ahora que por fin el Congreso de la República aprobó como tipo penal objetivo, el delito de amenaza contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, esperamos que la fiscalía ponga fin a la impunidad que caracteriza esa conducta delictiva y de paso se prevenga la comisión de nuevos asesinatos.

Si durante este gobierno, que se jacta de haber desarmado la palabra contra los defensores de derechos humanos, se ha asesinado a cientos de líderes y lideresas, ¿qué nos espera con el que se avecina? Quizá tendremos un gobierno que retome las prácticas de la seguridad democrática en la que no se ahorró esfuerzo alguno para deslegitimar a los líderes sociales y defensores de derechos humanos tildándoles como “politiqueros al servicio del terrorismo”.

Lamentablemente la tendencia de la actual coyuntura indica que de seguir como vamos, los crímenes contra quienes defendemos los derechos humanos no van a parar, ni  se van atenuar, mucho me temo que van aumentar.

Mientras las entidades del Estado se pelan con las ONGs de Derechos Humanos por las cifras, los criminales disfrutan de la impunidad que de gratis les ofrece la Fiscalía General de la Nación.

 

 

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