La Procuraduría General decidió dar por finalizado y archivar el proceso que seguía contra el excandidato presidencial Sergio Fajardo, por supuestas irregularidades en la suscripción de un polémico contrato de empréstito cuando este fue gobernador de Antioquia en el periodo 2012-2015.

La investigación se desarrollaba desde 2017 y se refería a un contrato por 98 millones de dólares suscrito en 2013 entre la Gobernación de Antioquia el banco Corpbanca y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia.

La razón del compromiso buscaba facilitar el pago de la deuda del departamento con mejores tasas cambiarias.

"Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015 su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos", explicó la Fiscalía antes de la imputación de cargos que anunció a finales de marzo de 2021.

De acuerdo con el ente acusador, esa estrategia para responder por las obligaciones financieras de Antioquia que en su momento se calculaban en $600.000 millones hizo que pasara a cerca de $1.2 billones.

Frente a estas acusaciones en el pleito que sigue abierto, la Procuraduría aseguró que había pruebas suficientes para dar fe que “el contrato suscrito fue debidamente planeado y se estudió la necesidad, modalidad, opciones, costos, valores, alternativas, disponibilidad presupuestal y capacidad financiera del departamento, encontrándose en ambos casos, que las operaciones de crédito estaban plenamente justificadas, eran necesarias y convenientes".

Con este concepto el ente de control decidió dar por finalizado y archivar el proceso, en el que además de Sergio Fajardo estaban implicadas María Eugenia Escobar y Laura María Álvarez, entonces secretaria y subsecretaria de Hacienda, respectivamente, de la Gobernación de Antioquia.