La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, expresó su preocupación porque 27.891 ciudadanos de todo el país no aparecen en las bases de datos utilizadas, que corresponden a los municipios donde realizaron la inscripción para ejercer el derecho al voto el próximo 29 de octubre.

La jefa del Ministerio Público habló ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales reunida en Cúcuta, ante la que denunció que los municipios con el mayor número de estos casos son: son: Bogotá (3.786),Cúcuta (1.251), Medellín (995), Ibagué (899) y Barranquilla (878).

Al respecto, llamó la atención por el alto riesgo de trashumancia que representan estas 27.891 denuncias.

Toda la información está contrastada con las bases de datos del Sistema Nacional de Identificación y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), con la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud (BDUA) y el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben).

En consecuencia, y para evitar posibles delitos electorales, le requirió a las autoridades electorales la relación de los 1.739.105 ciudadanos inscritos, con corte al 20 de julio, para actualizar su residencia electoral, así como de los más de 2 millones inscritos a corte de agosto de 2023.

Sobre posibles inhabilidades de candidatos y como representante del máximo organismo de vigilancia electoral, pidió al Registrador Nacional que “remita –dentro de los términos– la relación definitiva de inscritos, con el fin de realizar el cruce de la misma con la base de datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) y así solicitar una posible revocatoria de inscripción”. 

Margarita Cabello también habló sobre el incremento de hechos de violencia sobre la población en alguna zonas del territorio nacional, la mayoría ejecutadas por actores armados u organizaciones al margen de la ley.

 “Esta situación afecta el orden público y la convivencia ciudadana y, por ende, pueden incidir y afectar el derecho a la participación y el derecho a elegir y postular", advirtió.

También calificó de “inadmisible” la renuncia del alcalde de La Playa de Belén, Norte de Santander, debido a amenazas y atentados.

 “Parece que vamos en un retroceso en cuanto al orden público y a la seguridad en el país, especialmente en las zonas críticas que más necesitan un refuerzo en su seguridad”.