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10:09 am. Lunes 12 de Octubre de 2020
Opinión
10:09 am. Lunes 12 de Octubre de 2020

Donald Trump está a punto de nombrar a su tercer juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos en apenas cuatro años. Está presupuestado que la jueza conservadora Amy Coney Barret sea elegida antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, es decir, en menos de 22 días. Se trata de un nombramiento en tiempo récord y en plena campaña presidencial que rompe con las mínimas normas de decoro que los anteriores presidentes habían mantenido hasta ahora.

Para hacerse a una idea de la relevancia del nombramiento y de la ‘suerte’ de Trump, baste decir que Barack Obama, por ejemplo, solo nombró a dos jueces de la Corte Suprema, lo mismo aplica a George Bush hijo y a Bill Clinton, todos a lo largo de periodos de ocho años. George Bush padre, quien no ganó la reelección presidencial, solo nombró un juez a lo largo de su mandato. Trump, en cambio, en solo cuatro años ya ha cambiado el 30% del tribunal más poderoso en el país más poderoso.

Los poderes que esto implica no pueden ser pasados por alto. A diferencia de países como Colombia, en el que los jueces de la Corte Suprema de Justicia sirven por un periodo limitado –ocho años en nuestro caso-, en el país norteamericano los jueces observan un mandato vitalicio que, aparte del fallecimiento, solo acaba si el mismo juez decide renunciar o si es destituido en un complicado proceso de impeachment, que debe ser adelantado por el Congreso estadounidense y que nunca se ha producido en la historia de este país.

Esto implica que, guste o no, la presencia de Donald Trump en la política estadounidense se seguirá sintiendo muchísimos años después de que salga de la presidencia, si es que sale. Es importante entender la relevancia de esto, puesto que en el país norteamericano los jueces están mucho más politizados que en países donde la rama judicial se encuentra más aislada del poder ejecutivo o legislativo. Al reposar en la Corte Suprema el poder último de revisión judicial, los futuros gobernantes estadounidenses tendrán que enfrentar los posibles juicios de inconstitucionalidad de un judicial trumpista.

No obstante, poco se puede hacer frente a esta situación más que hacer de tripas corazón y pasar el mal trago, los jueces salientes son mortales y a algún presidente le tenía que tocar reemplazarlos. El problema, sin embargo, radica en las formas. El nombramiento de un juez de la Corte Suprema es un asunto serio que debería tomar tiempo, de hecho ninguno ha sido nombrado en menos de dos meses en los últimos 30 años –al menos-, y ahora Trump pretende hacerlo en menos de uno.

A esto se le suma el momento, justo antes de elecciones. La señal que esto envía es clara, se trata de utilizar las instituciones del poder público para beneficio personal, algo que la mayoría de políticos del mundo suelen tener a bien disimular –siquiera-, sin embargo, Trump no tiene reparo alguno en hacerlo evidente y, lo más inconcebible, es que a sus seguidores no parece importarles que su líder les diga a la cara que los está usando a ellos y a su país para hacerse con más poder.

Esta es solo la última en una seguidilla de acciones no convencionales del presidente estadounidense. Quizá la más preocupante no sea esta, sin embargo, sino la facilidad con la que ha estado insinuando durante las últimas semanas de campaña que si pierde las elecciones será debido a un fraude electoral.

Lo más básico para que una democracia funcione es que quienes compiten en ella estén dispuestos a aceptar la victoria del otro, esto asegura que ninguna victoria sea definitiva y da razones para esforzarse en mantener el sistema saludable y seguro, así como para evitar violencia innecesaria. Durante siglos ha habido un consenso tácito en Estados Unidos en respetar este principio básico, reforzado a través de los años, que le han dado la virtud de jamás haber experimentado ningún desliz hacia la autocracia a lo largo de sus más de doscientos años de independencia. Algo que en Latinoamérica es impensable, pues a lo largo de los últimos dos siglos prácticamente todos los países de la región han tenido alguna forma de dictadura.

Que un solo hombre se atreva a intentar echar a la basura una norma institucional tan fuerte, y que su intento resuene en tantas personas, nos lleva a cuestionarnos la verdadera seguridad de los sistemas democráticos, ¿qué es lo que las mantiene en pie? Aún más urgente, sin embargo, es la inevitable pregunta sobre el futuro de la democracia estadounidense, si Trump pierde y se reúsa a aceptar los resultados ¿qué estaría dispuesto a hacer para mantenerse en el poder?, ¿intentaría capturar otros poderes públicos y reformar instituciones para obtener su cometido?, ¿asistiremos a inicios de noviembre al fin de la democracia del país más poderoso en la historia de la humanidad?

Como a comienzos del mandato de Donald Trump, no dudo de que La mayoría de analistas y científicos políticos dirían que no, que la democracia americana es demasiado grande como para caer. Sin embargo, tampoco dudo de que ahora la respuesta venga acompañada de una diciente sonrisa nerviosa.

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