El sistemático deterioro de la seguridad está trascendiendo a todos los sectores de la población civil en Colombia. Hechos que van desde sanguinarios asesinatos, secuestros, ataques a la población civil, atentados contra la infraestructura militar y policial, hostigamientos, reclutamiento de menores, desapariciones y amenazas constantes, mantienen en vilo a los habitantes de distintas regiones del país, principalmente en departamentos del Cauca y el Valle del Cauca.

El recrudecimiento de la violencia está llegando a niveles insospechados. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de este 2024, se han registrado 23 masacres, lo que equivale a aproximadamente una masacre por semana. La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los colombianos, así lo confirma la más reciente encuesta Invamer, en la que el 92.8% de las personas consultadas afirmaron que la inseguridad está empeorando, frente a un 5.4%, que piensan lo contrario.

La semana pasada en el municipio de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca se registraron varios ataques por parte de las disidencias de las Farc, entre ellos la explosión de una bomba cerca de la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, y el estallido de una motobomba, cerca al parque principal. El terrorismo se está tomando la región ante una Fuerza Pública cada vez más menguada y con poco respaldo.

A lo anterior hay que sumarle, la nueva estrategia criminal de ataques con drones cargados de explosivos que está implementando las disidencias. Estas estructuras criminales están acudiendo a la tecnología para sembrar pánico, con actos terroristas indiscriminados que atentan no solo contra la Fuerza Pública, sino también contra la población civil. El día de ayer un ataque con drones en la zona rural del municipio de Argelia dejó cuatro civiles afectados. Un método de terrorismo que han empezado a utilizar sin importar si mueren niños, civiles, policías o militares.

No siendo suficiente la proliferación de las mafias criminales y el fortalecimiento de la asociación entre la delincuencia común con peligrosas y estructuradas organizaciones criminales en las urbes, ciudades como Barranquilla ahora se enfrentan a la llegada de grupos de las disidencias. Gran preocupación ha causado, en los últimos días, la alerta de la Fiscalía sobre la creación de un frente urbano de disidencias de FARC en la ciudad, que al parecer planea ataques en el sur de la ciudad. Estamos presenciando un escalamiento sin control del conflicto, que hay que impedir para evitar que se siga multiplicando el conflicto.

Queda claro que nos encontramos en un momento verdaderamente crítico. La problemática, que se incrementa con el paso de los días, se ha vuelto insufrible para los colombianos, quienes claman por el restablecimiento de la tranquilidad en sus veredas, municipios y ciudades, que solo se logrará con el más profundo compromiso institucional y la inmediata intervención del gobierno nacional. Ante esta alarmante situación, es definitivo que el Gobierno Nacional respalde y revista de autoridad a la Fuerza Pública. Necesitamos un Estado que responda con vigor y contundencia, que salvaguarde la soberanía, así como la vida, bienes y honra de los colombianos.