Por Alix López Vargas y Sorel Bolívar Díaz

Horas antes de morir por asfixia mecánica al parecer a manos de Néstor Andrés Poveda Florián, su pareja durante 16 años y padre de su hija de 13, Lorena Patricia Avendaño Urueta estaba decidida a darle fin a la relación, agobiada por las frecuentes escenas de celos y la permanente ingesta de licor que lo convertía en un hombre agresivo y ofensivo.

La comerciante murió la madrugada del domingo 3 de marzo en el Hospital de Usiacurí, y una semana después, un juez de control de garantías envió a la cárcel a su esposo y a un amigo de este, Oswaldo César Santiago Sierra, ambos señalados de este nuevo caso de feminicidio en el departamento.

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Zoraida Avendaño, hermana de Lorena, dijo en diálogo con Zona Cero, que si bien la pareja vivía en la misma vivienda del barrio Centro de Usiacurí, hacía meses no compartían habitación.

“El sábado, horas antes de su muerte, Néstor, llevaba dos días bebiendo licor con su amigo que vino de Bogotá (Osvaldo Santiago Sierra), la llamó múltiples veces para salir a almorzar, pero ella se negó. La presión fue tanta, que Lorena terminó apagando el celular”, narró.

Esa tarde –continuó- le había dicho a mi mamá: ahora sí me voy a separar de Néstor, no lo aguanto más.

Ella, de 41 años, es una de las 27 mujeres que han muerto en circunstancias violentas en el Atlántico, 11 de ellas en Barranquilla, en lo que va corrido de este 2024.

Sin embargo, vale aclarar que no todos los casos han sido por feminicidio, en algunos otros han sido ataques sicariales por hechos al margen de la ley.

Esto último, según el catedrático e investigador de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, no era usual en Barranquilla.

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“Pareciera que dentro de esos roles se evidencia el manejo del microtráfico, y dineros de extorsión, por eso insisto en que hay que analizar caso por caso y ver el contexto en que se dan, parecen dar a entender que los grupos armados están también atacando a mujeres de los grupos contrarios, lo que no era habitual en Barranquilla porque la ‘guerra’, el ‘ajuste de cuentas’, era casi exclusiva entre hombres”.

Para el catedrático, en medio de este clima de violencia se puede evidenciar que hay una degradación del contexto de violencia en el cual ya no hay límites para los sicarios.

 “Se han presentado casos en el que van a asesinar a determinada persona que se encuentra con el hijo o el sobrino y eso no se convierte en un límite para el sicario porque eso de que los menores y mujeres no entraban dentro de esas vendettas ha quedado atrás”.

Trejos reconoce el trabajo de las autoridades para frenar los delitos, pero por lo que ha visto, esos esfuerzos no han logrado los objetivos.

“Pareciera que las bandas criminales van dos pasos adelante de las autoridades, pero también hay que tener en cuenta que esta administración acaba de llegar”, agrega.

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Entre las salidas a esta ola criminal, confió en que en el Plan de Desarrollo 2024-2027 esté incluida la política pública de seguridad y convivencia ciudadana que se adapte a la realidad actual de inseguridad que se vive en el territorio, lo que va a demandar que la administración distrital despliegue esfuerzos en aras de lograr cooperación con el Gobierno Nacional, especialmente con el Ministerio de Justicia y Ministerio de Defensa para lograr robustecer la política pública local que se formule para atacar la inseguridad.

Trabajar desde la infancia

La psicóloga Ruth Pareja, considera que es necesario trabajar desde la infancia para que, en el caso de los niños, crezcan teniendo conciencia de la importancia de los valores, de tal manera que sus comportamientos sean los adecuados y no pongan en riesgo la integridad física y emocional de las mujeres.

“Desde niños se debe comenzar a trabajar todo lo que es el tema de autocuidado de las violencias basadas en género para que verdaderamente ocurra un impacto en la sociedad. Si no comenzamos a educar, vamos a seguir repitiendo esta historia sobre el cuerpo de las mujeres donde hay una violencia que pareciera que está enquistada en una sociedad indiferente, indolente ante lo que está pasando en el Atlántico”.

También se refirió a la necesidad que tiene la sociedad de romper las brechas de género para dejar de lado los roles que se han estigmatizado a las personas en el transcurrir de los años. Como psicóloga, Pareja también profundizó un poco una de las razones por las cuales este tipo de actos ocurren.

El contexto familiar –explica- "influye mucho desde el punto de vista psicológico. La mayoría de estos casos de hombres violentos provienen de unas familias disfuncionales o provienen también de maltratos de violencias basadas en género, indudablemente la historia se repite".

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Para la especialista, lo positivo en medio de este panorama es que las mujeres cada día se empoderan para prevenir la violencia.

Sin embargo, añade que sería contundente que los hombres también se involucren en esta problemática para que apoyen la lucha constante a fin de erradicar o, al menos, minimizar este flagelo.

Recordó además la relevancia de que las mujeres continúen empoderándose y apropiándose de su auto sostenimiento tanto económico como emocional.

“Para alzar nuestra voz yo creo que desde la individualidad de cada una de nosotras como mujeres, es seguir empoderándonos en nuestro auto sostenimiento, en la economía, en la independencia emocional, seguir trabajando porque cada una de nosotros logre espacios importantes escenarios políticos. Mujeres que logren avanzar, que tengan oportunidades también en el trabajo que podamos ser más independientes y romper el silencio”.

Otra de las consultadas, la Comisaria de Familia Cecilia De Alba, resaltó la necesidad de llevar a cabo un Consejo de Seguridad que reúna distintas voces representativas para tomar acciones puntuales que ayuden a esparcir conocimiento en los atlanticenses sobre el tema.

“Es necesario trabajar en la socialización para llegar más a las comunidades porque el 80 o el 90% de los feminicidios se han dado en víctimas que nunca han acudido a las instituciones del Estado para buscar la protección, lo que nos demuestra que falta más conocimiento o más confianza de la ciudadanía, de las víctimas en estas propuestas de seguridad o programas de seguridad que tiene el Estado”.

Asegura que otra de las medidas a seguir es reforzar y capacitar a las personas que rodean a las involucradas para que puedan influir en la víctima sobre la necesidad de acudir a las instituciones encargadas de protegerlas.

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“Debemos presionar para que se reproduzca más el compromiso de las familias y el compromiso de la sociedad porque vemos que la familia y las amigas están enteradas de la situación, pero nadie lleva a la víctima o acude a informar de esa situación. Por eso, muchos de las víctimas de feminicidios nunca habían acudido a las instituciones que brindan esa protección a las mujeres”.

También recomendó involucrar a los lugares donde las víctimas de violencia laboran para que denuncien si conocen casos donde se ponga en riesgo a la mujer.

“Alejarse completamente, alejarse lo más posible, buscar la protección de la familia, buscar la protección de los conocidos, cambiar de residencia y buscar la protección del Estado, esa es la ruta. Cuando se detecten estas situaciones ya sea en la parte laboral, porque muchas veces sucede que en las empresas se dan por enterado de estas situaciones y las empresas no están comprometidas con esta problemática que también es un problema de orden privado, de orden social”.

De Alba concluyó que las estrategias actuales para mitigar los homicidios contra la mujer deben ser evaluados y, si es necesario, modificados para hacer frente al preocupante panorama que atraviesan las mujeres en el Atlántico.

“Hay que evaluar qué está pasando, por qué las mujeres no están acudiendo a las instituciones de protección, por qué no se llega a tiempo para protegerlas, si las medidas que tenemos son eficaces o son ineficaces. Es el momento de evaluar porque el Estado, a pesar que ya lleva tres décadas con estas medidas de protección, aún se siguen presentando casos”.

La ruta de atención

María Lourdes Dávila, secretaria de la Mujer, Equidad y Género del Atlántico, dice que desde la dependencia a su cargo están trabajando en varios frentes.

Uno de ellos, el empoderamiento económico, que busca brindar oportunidades de empleo y capacitación laboral a mujeres en áreas afectadas por el narcotráfico, para reducir su dependencia de esta actividad ilícita y mejorar su situación económica.

A lo anterior se suma el acceso a servicios de salud mental y apoyo psicosocial para mujeres que hayan sido víctimas de violencia relacionada con el narcotráfico, así como para aquellas que estén en riesgo de ser reclutadas por grupos criminales.

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Sobre la ruta de atención, explica que  es un conjunto de acciones articuladas en respuesta a los mandatos normativos para garantizar la protección de las víctimas, su recuperación y la restitución de los derechos.

De la ruta de atención para víctimas de violencia, explica que la mujer puede acudir a la Fiscalía y los jueces, las comisarías, la Policía y el Bienestar Familiar.

En cada uno de los 22 municipios hay una comisaría de familia donde se puede presentar la denuncia. La Policía, a través de la Estrategia Integral de Protección Mujer, Familia y Género, tiene una patrulla púrpura para la atención de estos casos.

De manera adicional habilitaron una línea de atención que funciona las 24 horas del día: 3167975969 para apoyar la activación y dinamización de ruta a las víctimas que los contactan, que recibe orientación y acompañamiento.

Hasta marzo pasado recibieron 70 casos, de los cuales el 67 % corresponde a violencia psicológica, 41% a violencia física, 9% a violencia sexual y 30 % violencia patrimonial.

“En un mismo caso, la mujer puede ser víctima de distintos tipos de violencia, por eso las cifras”.

Por el lado de la Alcaldía de Barranquilla, Helda Marino, Jefa de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, destaca que habilitaron la línea 315 6389391 para atender casos de violencia o maltrato contra la mujer.

“Cuando una mujer considere que se encuentra en riesgo alto de feminicidio o sufra situaciones extremas de violencia de género, puede solicitar las respectivas medidas de protección y atención (alojamiento en casa refugio) a la Comisaría de Familia de jurisdicción de su barrio o a la Fiscalía General de la Nación”.

En la Casa de la Mujer se les brinda alojamiento temporal a ellas y a sus grupos familiares que reciben atención de un equipo para asesoría legal, psicosocial y acceso a derechos.

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Con esta oferta se busca el empoderamiento de la mujer, su fortalecimiento con sus redes de apoyo, su autonomía y económica y la estabilización de su situación.

En las jornadas ‘Vamos Pal barrio’, realizan actividades lúdicas y pedagógicas para prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres.

Además, la funcionaria se reunió el viernes con delegados de la Organización Internacional para el Trabajo (OIT), ONU Mujeres y el Servicio Público de Empleo para la presentación de un programa piloto que busca fortalecer la empleabilidad en mujeres sobrevivientes de violencia en el Atlántico.

Las víctimas

Las asesinadas hasta la fecha son: Karina del Carmen López Sánchez, Liseth María Acosta Jiménez, Julieth Ester Castro Macea, Wendy Lorena Pedraza Bautista, Edith Paola Barrero Vargas, Lennier Dave Gómez Villa, Diana Rosa Julio Anaya, Maryuris De La Hoz De La Hoz, Zuele del Carmen Alvear Olmos, Rosiris Esther Suárez Molina, Yureidis Andrea Camacho Gómez, Ana Perfinia Gómez Martínez, Juana Bautista Rebolledo Camargo, Lorena Avendaño Urueta, Luisa Cárdenas Robles, Angie Romero, Laura Vanessa Benítez Miranda, Gabriela Ester Acosta Mantilla, Leidy Dianis Rincón Díaz, Cundry Yurley Rivera Restrepo, Limcy Zulmira De Moya Villanueva, Katty Del Carmen Vásquez Caballero, Zulay Sofía Ávila Sierra, Jessica Martínez Castro, Jennifer Paola Barandica Carrillo, Yarlis Gregoria Arnedo De Lima y otra de las víctimas no fue identificada tras ser hallada en estado de descomposición.