La Procuraduría General de la Nación acusó de manera formal al exalcalde de Tierralta, sur de Córdoba, Fabio Leonardo Otero Avilés y a entonces secretario de Gobierno para el mismo período, Willingtón Ortiz Naranjo, por la muerte de la lideresa social María del Pilar Hurtado Montaño, asesinada de varios disparos delante de su hijo el 21 de junio de 2019.

Tanto Otero como (2014 -2019) fueron imputados por desatender las denuncias de la lideresa frente amenazas contra su vida, lo que para Ministerio Público es una decisión histórica en Colombia, declaró el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmento.

Los cargos contra el exalcalde y su exsecretario de Gobierno está relacionado con la omisión de sus deberes, como autoridades del municipio, por no diseñar estrategias ni tomar las medidas necesarias para mantener el orden público y proteger la vida y los derechos de la lideresa social.

A Otero también se le formuló otro cargo por posible conflicto de intereses teniendo en cuenta que el predio que la lideresa asesinada reclamaba, era de propiedad del padre de Otero.

El día del homicidio, la lideresa se dirigía a llevar a su hijo al colegio, pero a los sicarios no les importó porque delante del menor le dispararon en repetidas oportunidades, en medio de los gritos y el llanto del niño.

Hurtado trabajaba como recicladora y al mismo tiempo lideraba un grupo de personas, especialmente mujeres reclamantes de tierras que para ese momento estaban ocupando un lote en jurisdicción de ese municipio, cuyo propietario era el padre del alcalde investigado.

María del Pilar había denunciado haber recibido un panfleto firmado por las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, en el que la amenazaban de muerte con nombre propio por lo que de inmediato se dirigió a las  autoridades.

En su investigación, el Ministerio Público recogió testimonios de personas cercanas al ‘Clan del Golfo’, banda criminal que opera en el sur de Córdoba, según los cuales el crimen habría sido ordenada por un comandante de ese grupo ilegal como retaliación por la toma del predio en cuestión.

“La lideresa social reconocida por esa administración municipal, ya había asistido oficialmente al menos a una reunión citada por el alcalde, y no una extorsionista, como habrían tratado de hacerla ver sus verdugos para justificar su muerte”, dijo la Procuraduría en un informe.