En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución e inhabilidad general de 12 años del Superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, por solicitar a las cajas vigiladas un aporte en dinero para la población de Buenaventura, Valle del Cauca.

El Ministerio Público estableció que Pérez solicitó dinero a cajas de compensación vigiladas con lo que utilizó su posición para una finalidad distinta a las establecidas en la ley. Añadió la entidad que la petición resulta inaceptable al ser sobre entidades a las que debía inspeccionar, vigilar y controlar, apartándose así de los fines misionales de la Superintendencia de Subsidio Familiar. 

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento confirmó que mientras lideró la entidad, el disciplinado hizo modificaciones a la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación.

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Igualmente, la Procuraduría entiende que Pérez modificó, sin justificación constitucional, legal o reglamentaria, la lista de elegibles mediante la variación de los requisitos inicialmente exigidos, con lo que fueron incluidas personas que no participaron en la convocatoria realizada en mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos para integrarla. 

"La Procuraduría estableció que con al cercenar los derechos de quienes conformaban las listas de elegibles el servidor vulneró los principios de igualdad, legalidad y moralidad que deben inspirar la función estatal, e incurrió en faltas disciplinarias que fue calificadas de forma definitiva como gravísimas cometidas a título de dolo", explicó el Ministerio Público.