El exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid, pidió la palabra en la sala de audiencia y la juez de control de garantías se la concedió para decir que durante el tiempo que ha permanecido con detención domiciliaria ha mantenido una buena conducta.

“Mi arraigo está totalmente en la ciudad de Barranquilla. Mi familia vivía en el sur de la Florida, hoy por hoy mi arraigo está en Barranquilla y como garantía de mi desempeño en este periodo bajo una medida de aseguramiento domiciliaria mi defensor abortó ayer todas las certificaciones e informes de buena conducta”, precisó.

El exrector manifestó que la Fiscalía no han encontrado un elemento material probatorio que lo lleve a que lo condenen.

“Soy un ciudadano que fui víctima de un linchamiento mediático más agresivo en las historia de las comunicaciones de la ciudad con 14 meses presos y 302 días en espera que se haga el descubrimiento de la acusación le manifiesto que lo que ha pasado con la Fiscalía es que luego de dos años de pesquisas no han encontrado un elemento que garantice una condena. Es por eso que nos han hecho pasar por casi todos los tipos del Código Penal y no los han querido aplicar, pero por poca  evidencia no han tenido para demostrarlo”, dijo el exrector ante la juez.

Sobre el argumento que presentó la Fiscalía n el sentido de que los términos no se han vencido porque el caso se está manejando bajo la  Ley 1908 del 2018, que tiene que ver con Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y en la que los términos en esta situación se vencen cuando hayan pasado 500 días desde que se presentó el escrito de acusación hasta el inicio del juicio, Lamadrid lo consideró como absurda.

“De un mes para acá la tesis de moda de la Fiscalía es que somos una GDO, pero se le agotaron para demostrarlo. Me parece una una interpretación absurda”, dijo indicando que esta Ley aplica para delitos transnacionales y no lo cobijan a él.

Su abogado, Diego Muñetón, había expuesto el día anterior que los términos sí están vencidos porque ya han transcurrido 301 días de los 240 máximos que se tiene estipulado en el Código Penal para que se inicie el juicio desde que fue presentado el escrito de acusación.

Durante la audiencia de este viernes, también intervino la representante de la Procuraduría quien apoyó la tesis de la defensa asegurando que debía concederse la libertad al exrector porque al no cumplirse los requisitos para ser tipificado como miembro de un Grupo Delincuencial Organizado sus términos se cumplieron al sobrepasar los 240 días y no 500 como dice la Ley de GDO. 

Tras escuchar a todas las partes, la juez dejó fijada la continuación de la audiencia para el próximo martes a las 2 de la tarde, cuando dé a conocer su decisión sobre si deja libre o no al exrector, quien en la actualidad cuenta con la detención domiciliaria.