La Fiscalía acusó formalmente al exdiputado Nicolás Petro Burgos por su responsabilidad en las conductas de enriquecimiento ilícito y lavado de activos frente al Juez Segundo Especializado de Barranquilla, Hugo Junior Carbonó Ariza.

Entre los fundamentos el fiscal Mario Burgos recordó que en la época de diputado del Atlántico el procesado obtuvo para 2022 un incrementado patrimonial injustificado.

Para darle base a su acusación, el fiscal enumeró los siguientes gastos por parte del hijo del Presidente Gustavo Petro:

- Se pagó arriendo por un inmueble 23 millones de pesos en efectivo.

- Se pagó arriendo de una casa por 86 millones de pesos. 

- Pago de arriendo de 38 millones 500 mil pesos. 

- Se pagó por servicio doméstico 11 millones de pesos.

- Cuota inicial de una casa por 600 millones de pesos.

- Se inicia pago de casa en Tubará por 384 millones.

- Materializa la compra un carro Mercedes E200 por 200 millones de pesos.

- Gastos en locales de comercio por 157 millones de pesos. 

- Servicios públicos por 3 millones de pesos.

“Por todos estos gastos debía tener 1.450 millones de pesos para poder soportarlos, sin embargo, para el año 2022 el señor Petro Burgos contaba con 280 millones por lo que existen 1.053 millones que no son producto de su labor como diputado, estos se reputan como incremento patrimonial injustificado. Son dineros que recibió en efectivo de manera voluntaria ajenos a su labor como diputado”, señaló el fiscal.

Con respecto al lavado de activos, el fiscal Burgos lo señaló de “adquirir, invertir, ocultar y encubrir bienes que se consiguieron con dinero de enriquecimiento ilícito” y mencionó que los bienes se pusieron a nombre de César Emilio Vásquez, quien es el tío de su ex pareja, Day Vásquez.

“Es por eso que la Fiscalía puede afirmar con probabilidad de verdad la responsabilidad en dolo del delito de enriquecimiento ilícito y en calidad de coautor del delito de lavado de activos”, agregó Burgos. 

La Fiscalía recordó que el cargo de enriquecimiento ilícito podría tener una condena de nueve a 15 años prisión y una inhabilidad 96 a 180 meses; además, son de 10 a 30 años por lavado de activos, 1.000 y 50.000 salarios mínimos legales.

Tras esto, la defensa de Nicolás Petro pidió que el ente investigador permitiera el acceso de los audios de las audiencias de solicitud de legalización de captura y el nombre de un presunto infiltrado que señaló la Fiscalía como fuente de su investigación.

“La defensa no puede tener un límite en la información de la acusación para contar con la garantía para preparar la defensa”, indicó el abogado Sebastián García.