La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha venido haciendo monitoreo y advertencias sobre los factores de amenaza que constituyen riesgos para la población a causa del conflicto armado en el país.

Entre el 2017 y lo que va del 2024 ha emitido 317 Alertas Tempranas (AT); en 173 de ellas, es decir, del 54% del total, ha alertado sobre la presencia y operación criminal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-'Clan del Golfo') en distintos lugares del territorio nacional.

La presencia, injerencia o tránsito del grupo armado entre el 2019 y el 2024 tuvo un aumento del 84%, al pasar de 213 municipios hace cinco años a 392 este año. Es una de las estructuras al margen de la ley con mayor crecimiento en Colombia.

Los departamentos con más número de AT emitidas que advierten sobre las actividades delictivas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son Antioquia, con 39; Chocó, 38; Bolívar, 21; Córdoba y Meta, 17 cada uno; Nariño, Cauca y Valle del Cauca, 15 cada uno; Cesar y Cundinamarca, con 13 AT cada uno. Hoy la operación de las AGC se ha extendido a 24 de los 32 departamentos del país.

Su accionar criminal ha llevado a la Defensoría a alertar sobre la posible ocurrencia de más de 50 tipos de conductas vulneradoras de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), siendo los desplazamientos forzados masivos, confinamientos, reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, masacres, desapariciones forzadas, enfrentamientos armados con interposición de la población, violencia sexual, restricciones a la movilidad, entre otros hechos, los más recurrentes.

En relación con las economías ilícitas de las AGC, del total de las AT emitidas hasta la fecha, en 166 de ellas —el 92%— ha identificado al narcotráfico como una de las principales actividades asociadas a su actuar delictivo. Igualmente, en 70 AT ha identificado su operación en minería ilegal; en 66 AT, actividades relacionadas con contrabando, y en 20, con los préstamos conocidos como ‘gota a gota’. 

Los hechos sistemáticos, que vulneran y violentan los derechos humanos, además de que van en contravía de lo establecido por el DIH, llevan a la Defensoría del Pueblo a solicitarles e insistirles al Gobierno Nacional y los entes competentes del orden territorial lo importante que es emprender acciones y planes de protección efectivos para las comunidades, especialmente en aquellas zonas convulsionadas por el conflicto armado, sin tener en cuenta si solamente hay presencia de las AGC o de otros grupos armados al margen de la ley. Es obligación del Estado garantizar los derechos de la población civil.

*Con información de la Defensoría del Pueblo