Los órganos de control del Estado (Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo) y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas denunciaron que el modelo de reparación colectiva continúa presentando "serios rezagos" en la implementación de la ruta de atención y en el cumplimiento de los planes integrales establecidos. 

Durante la presentación del XI Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas, la Procuradora Margarita Cabello señaló que la "deuda histórica que tenemos en el país requiere mejorar los procesos y rutas para el acceso a la oferta institucional en favor de las víctimas, como sujetos de especial protección constitucional".

Los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas continúan siendo insuficientes para la asistencia, atención y reparación integral de los 9.737.008 víctimas registradas, en especial en la generación de ingresos, acceso de tierras, vivienda, salud y educación.

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Según los entes, desde que entró en vigor la Ley 1448 de 2011 se han indemnizado 1.368.269 víctimas, lo que corresponde al 14% de las 9.409.808 víctimas que son objeto de indemnización.

Los cálculos realizados estiman que se requieren $303,9 billones constantes de 2024 para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) entre 2024 y 2031.

Dentro de los recursos requeridos para la asistencia, atención y reparación integral de la población víctima, se destacan: vivienda con $118 billones, indemnización individual y colectiva con $83,6 billones, generación de ingresos con $36,8 billones, subsistencia mínima con $12,9 billones y educación superior con $7,1 billones.

Asimismo, la Comisión ha hecho seguimiento a los avances y retos en los procesos de diálogo y negociación que adelanta el Gobierno con estructuras armadas ilegales, que no han sido homogéneos, lo que ha generado impactos humanitarios en cada territorio y afectaciones a derechos de la población civil.

Entre las principales consecuencias se destacan el endurecimiento de las pautas de control poblacional y territorial sobre las comunidades; aumento de la extorsión, secuestro y del reclutamiento forzado.

Con información de Procuraduría