Por: Roque Yidi

El Sistema General de Participaciones (SGP) permite al gobierno transferir recursos a departamentos, municipios y distritos para financiar servicios esenciales como salud, educación y agua potable. Con el nuevo proyecto aprobado, las transferencias aumentarán del 21% al 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación en los próximos años. Aunque a primera vista parece positiva, sus consecuencias podrían ser devastadoras para las finanzas del país.

El impacto será inmediato: el déficit fiscal alcanzará el 4,7% del PIB para 2038, frente al 2,8% proyectado sin la reforma. Esto se debe al incremento insostenible en las transferencias, que hará que el gasto público supere la capacidad del Estado para financiarlo sin recurrir a niveles alarmantes de endeudamiento. La deuda pública escalará al 64,6% del PIB para 2038, casi 10 puntos porcentuales más que en el escenario sin esta ley.

Este endeudamiento no solo comprometerá la sostenibilidad fiscal, sino que también afectará la economía directamente. Una mayor deuda aumentará los intereses, reduciendo el margen para invertir en áreas clave y elevando los costos de financiamiento para empresas y hogares.

Los efectos macroeconómicos serán significativos. Un mayor riesgo de impago podría llevar a un alza en las tasas de interés internacionales, encareciendo aún más la deuda y depreciando el peso. Esta devaluación incrementará los precios de las importaciones, afectando tanto a las familias como a las empresas. Además, los altos costos de financiamiento reducirán el consumo y la inversión privados, contrayendo el PIB hasta un 11,6%. Aunque la inversión pública podría aumentar, el impacto negativo en el sector privado sería mucho mayor.

Es crucial que los actores políticos reflexionen sobre las consecuencias de este proyecto. No se trata solo de aumentar las transferencias, sino de poner en riesgo el futuro económico de todos los colombianos. Gobernadores y alcaldes deben entender que un gasto público descontrolado traerá más problemas que beneficios a largo plazo.

La Corte Constitucional también tiene un papel clave. Si este proyecto supera sus análisis, estará aprobando una bomba de tiempo para las finanzas del país. Según el Banco de la República, los riesgos son claros: mayor deuda, menor crecimiento y una economía en peligro. No se puede permitir que esta reforma avance sin un análisis serio y responsable de sus efectos.