La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a funcionarios de la Fuerza Pública y la Alcaldía de Barranquilla, así como de municipios del área metropolitana, por no acatar la Alerta Temprana N° 0 037 de 2020 emitida por la Defensoría del Pueblo sobre los escenarios de riesgo y violencia en la capital del Atlántico.

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El Ministerio Público levanta el proceso en contra del comandante del Gaula Militar Caribe, Ricardo Andrés Díaz Pérez; el comandante de la Segunda Brigada del Ejército, coronel José Luis Agudelo Jaimes, y el comandante del Batallón de Policía N.º 2 de Barranquilla, Jorge Armando Ortiz Toro.

Además, la investigación cobija al actual secretario de Seguridad de Barranquilla, Yesid Turbay Pereira, quien era Secretario del Interior del departamento; al subsecretario de Participación Comunitaria, Jaime Navarro Herrera, y los profesionales especializados de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla, Bertulfo Gutiérrez Vásquez y Piedad Ahumada.

Asimismo, en contra de Leonel Morrón Maiguel, secretario de Gobierno de Puerto Colombia, y Luis Carlos Oquendo, secretario de Gobierno de Galapa.

De acuerdo con las indagaciones de la Procuraduría, para la época de los hechos (2019 a 2023), estos servidores no adelantaron de forma oportuna los planes o acciones necesarias para “mitigar, alejar o disuadir, los escenarios de riesgos planteados; lo que posiblemente ayudó a que se consumaran los hechos violentos”.

El documento emitido por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, aún vigente, advierte sobre el riesgo inminente en que se encuentran las comunidades de Barranquilla y su área metropolitana, que comprende los municipios de Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa.

Lo anterior, debido a la presencia de al menos cinco grupos armados ilegales que se -según el Ministerio Público- disputan el control territorial y negocios ilícitos como microtráfico, prostitución, extorsión y los puertos para el envío de drogas al exterior.

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“La alerta señala que entre la población más vulnerable por el accionar de estas estructuras armadas están comerciantes, tenderos, defensores de derechos humanos, docentes, estudiantes universitarios, líderes sociales, juntas de acción comunal, organizaciones de víctimas, representantes de población desplazada, sindicalistas, población con orientación sexual e identidad de género diversas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre otros”, se lee en el comunicado de la Procuraduría.

Entre las pruebas requeridas por el Ministerio Público están las copias de las actuaciones adelantadas, si las hubo, por las entidades a cargo de los mencionados funcionarios para cumplir con los requerimientos hechos en la Alerta Temprana N° 0 037 de 2020, con el fin de mitigar los riesgos de esta población.

También los listados completos de otros servidores públicos que tuvieron responsabilidades asociadas con el cumplimiento de dicha solicitud.