La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por un total de $27.923 millones contra el exdirector de Coldeportes, Andrés Botero Phillipsbourne; el exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, y dos funcionarias de su administración; el exdirector del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué -Imdri-, Carlos Heberto Ángel, y dos funcionarios de esta entidad; así como el contratista y el interventor del proyecto de construcción de los escenarios del Parque Deportivo que debieron haberse utilizado en los Juegos Nacionales de 2015. 

Los $27.923.077.821,59 millones que se emplearon para la financiación del proyecto “Construcción, adecuación y/o remodelación de escenarios del parque deportivo en la ciudad de ibagué para los xx Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015” dieron como resultado obras inconclusas, cantidades de obra pagadas y no ejecutadas y deficiencias constructivas y de calidad que generaron detrimento patrimonial. 

Para la Contraloría, la Alcaldía de Ibagué, el Imdri  y Coldeportes, como fuente de financiación, omitieron tomar acciones frente a las falencias del proceso constructivo de los escenarios deportivos objeto del contrato No. 119 de 2015 y el grave atraso de estas obras, que eran de su conocimiento. 

No se actuó oportunamente frente a incumplimientos del contratista 

Las irregularidades presentadas durante la ejecución del contrato de obra No. 119 de 2015, influyeron de manera significativa en los retrasos en el cronograma, situación que conllevó a que no se garantizara la entrega oportuna de los escenarios deportivos en el plazo inicialmente previsto (31 de octubre de 2015), razón por la cual estos no fueran utilizados para los Juegos Nacionales de ese año. 

Al contratista se le reconoció el pago por obras no ejecutadas y otras que presentaban deficiencias constructivas, lo que ocasionó que se tuviera que disponer de nuevos recursos para su culminación. 

Pese a los incumplimientos que presentó el contratista de obra, la Alcaldía de Ibagué, el Imdri y Coldeportes no tomaron acciones en oportunidad que permitieran salvaguardar los recursos invertidos en el proyecto de construcción de los escenarios deportivos. 

En forma solidaria con los entonces alcalde de Ibagué y  director del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación –IMDRI-, quienes tenían a su cargo la ejecución del proyecto, se le imputó responsabilidad fiscal al director de Coldeportes del momento por cuanto omitió su deber de controlar, vigilar y hacer seguimiento a los recursos destinados a la financiación del proyecto, al contratista, supervisor del contrato de obra y la interventoría, a las supervisoras técnica y financiera, en cuantía de $ 25.288 millones, toda vez que intervinieron en el giro de los recursos sin ejercer un debido control de los mismos.  

Dentro de las personas imputadas por este caso se encuentran: 

- Vera Construcciones Sucursal Colombia, Benjamín Tomás Herrera Amaya y Coning – Construcción y Obras de Ingeniería Civil S.A.S., como integrantes de la Unión Temporal Parque Deportivo Ibagué 2015, en calidad de contratista. 

- LKS Colombia S.A.S y Diego Fernando Fonseca Chaves como integrantes del Consorcio Juegos Nacionales, en calidad de interventores. 

- Por el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué – Imdri- Carlos Heberto Ángel Torres, en su condición de Gerente, Mauricio Campos del Cairo como Supervisor, y Maritza Rozo Riveros como Directora Administrativa y Financiera. 

- Por la Alcaldía Municipal de Ibagué Luis Hernando Rodríguez Ramírez, en su condición de alcalde del Municipio de Ibagué entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, Sandra Yolima Rodríguez Guzmán, como supervisora técnica, y en calidad de supervisora financiera. 

- Por Coldeportes Andrés Carlos Botero Phillipsbourne, en su condición de Director. 

Exhaustiva revisión documental 

Para llegar a esta decisión, proferida por la Contralora Delegada Intersectorial No. 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, se revisaron los informes de interventoría, correspondencia cruzada entre todos los intervinientes, bitácoras de obras, actas de comité, constancias de pago, así como las demás pruebas recaudas, practicadas y valoradas integralmente a lo largo de la causa fiscal. 

Lupa a convenios interadministrativos 

En el auto de imputación se dejó claro que “Si bien el daño antijurídico y patrimonial objeto de investigación en la presente causa fiscal tiene su origen y fundamento en las irregularidades presentadas durante la ejecución del contrato de obra No. 119 de 2015”, el análisis de gestión fiscal en el manejo de los recursos se realizó en concordancia a los convenios Interadministrativos celebrados, por ser estos, la fuente de los recursos destinados para la ejecución de las obras pactadas.