La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de 177 indagaciones en los 32 departamentos del país, dentro de las investigaciones por corrupción que se adelantan por las contrataciones amparadas en la emergencia sanitaria.

Así lo precisó el Fiscal Francisco Barbosa Delgado en rueda de prensa conjunta con el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba y el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez.

Indicó que los delitos que serán imputados dentro de estas investigaciones son los de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y diversos tipos de peculado.

Dentro de los funcionarios que serán imputados se encuentran los Alcaldes de Necoclí y Barbosa (Antioquia), San José de Miranda (Santander), El Charco (Nariño) y el suspendido Gobernador de Chocó.

También se tienen previstas 17 solicitudes de audiencia para imputación y solicitud de medida de aseguramiento, entre funcionarios y contratistas del Valle del Cauca, Ejército Nacional (en Medellín) y la Secretaria de Salud de Barbosa.

Detalles de las investigaciones

Gobernación de Chocó

En el contrato de prestación de servicios N°198 del 15 de abril de 2020, con la Fundación Chocó Saludable, se contemplaron jornadas de salud y prevención para garantizar la protección de 116 comunidades del departamento frente a la amenaza del coronavirus, y se dispuso el diseño y elaboración de pendones, afiches, pasacalles, cartillas, plegables y cuñas por valor de $2.091’500.000.

El contrato se desarrolló en la modalidad de contratación directa, avalada por el Gobierno Nacional para estos tiempos de emergencia; sin embargo, habría vulnerado decretos, resoluciones y circulares que dictan disposiciones, instrucciones y soluciones en virtud de la coyuntura generada por el Covid -19.

Adicionalmente, se acreditó una supuesta necesidad de las comunidades chocoanas que no correspondería a la realidad y, entre otras presuntas irregularidades, en la selección del contratista no hubo reglas objetivas, claras, completas y precisas respecto a las actividades objeto del contrato que permitieran una adecuada confección de ofertas.

Un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará cargos al Gobernador suspendido de Chocó, Ariel Palacios Calderón, como presunto responsable de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación y lavado de activos.

Paralelamente, un Fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputará al exsecretario de Salud de la Gobernación de Chocó, Carlos Tirso Murillo Hurtado.

Valle del Cauca

Son investigadas presuntas irregularidades en el contrato interadministrativo N° 3313 del 30 de marzo de 2020, por valor de $2.330´517.483, para entregar a domicilio kits alimenticios a población vulnerable de la tercera edad en los 42 municipios de Valle del Cauca.

Por estos hechos será imputado el delito de contrato sin el lleno de requisitos legales a la Secretaria Departamental de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación de Valle del Cauca, Nataly Toro Pardo y al representante legal de la Corporación para el Desarrollo de Valle del Cauca (Corpovalle), Adrián Fernando Zamora.

Cenac - Ejército Nacional

La Fiscalía investiga presuntos sobrecostos en la compra de varios productos de bioseguridad (tapabocas y cloro) en un contrato por 200 millones de pesos, suscrito por la Central Administrativa y Contable de Medellín (Cenac) del Ejército Nacional.

En este caso serán imputados: el Director de la Central Administrativa y Contable de Medellín (Cenac) del Ejército Nacional, Coronel Fredy Alberto Baquero Jaimes; el supervisor del contrato, Capitán del Ejército Nacional Hárold Cárdenas Mesa; el jefe de contratos de la Central Administrativa y Contable de Medellín (Cenac) del Ejército Nacional, Sargento segundo Carlos Eduardo Oviedo Cruz y la contratista Luisa María Zapata Castiblanco.

Necoclí (Antioquia)

El 26 de marzo de 2020, entre el municipio de Necoclí (Antioquia), representado legalmente por el Alcalde Jorge Augusto Tobón Castro, y la Corporación Stage Events se suscribió un contrato por valor de 450 millones de pesos, que estableció el suministro de mercados, agua, productos de cosechas, implementos de bioseguridad, alimentos para animales en situación de calle y accesorios para bebederos y comederos.

Los investigadores detectaron posibles inconsistencias como la no justificación de algunos valores y sobrecostos.

El Alcalde de Necoclí (Antioquia), Jorge Augusto Tobón Castro y la contratista María Luisa Cuesta Machuca serán imputados.

Barbosa (Antioquia)

La Fiscalía identificó que el contrato 000186, del 17 de marzo de 2020, se habría celebrado sin atender los requisitos legales esenciales. Dicho contrato tenía por objeto: "la prestación de servicios para el apoyo a la gestión en actividades logísticas, operativas y asistenciales para la atención de la emergencia nacional presentada por el Covid-19, enfocada en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad desde la educación y capacitación a la población de Barbosa (Antioquia) mediante la utilización de las herramientas TIC".

Por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales serán imputados el Alcalde de Barbosa (Antioquia), Édgar Augusto Gallego Arias; el Secretario de Salud, Protección Social y Desarrollo Comunitario, Daniel Fernando Alcaraz Múnera; y el director Administrativo de Planeación -supervisor de contrato- Hugo Aldemar Suárez Osorno.

San José de Miranda (Santander)

En las verificaciones hechas por la Fiscalía quedaron en evidencia posibles anomalías en el contrato N° CD-038-2020, cuyo objeto es la adquisición de ayudas humanitarias y kits de prevención de propagación del Covid - 19. El valor del contrato es cercano a los 90 millones de pesos.

Aquí serán imputados el Alcalde de San José de Miranda (Santander), Donaldo Ortiz Cárdenas; la jefe de Gobierno y Desarrollo Social, Mónica Alejandra Corzo Rey y la contratista Lucy Amparo Báez Suárez.

El Charco (Nariño)

Respecto a un contrato de adquisición de paquetes alimenticios para personas de la tercera edad y vulnerables de la zona urbana de El Charco (Nariño), se estableció que el contratista tendría vínculos con la Alcaldía municipal. El citado contrato ascendió a $210’120.000.

El Alcalde de El Charco (Nariño), Víctor Candelo Reina, y el docente y contratista Jorge Eliécer Suárez Gamboa serán imputados por violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.

Acacías (Meta)

Con ocasión de la emergencia generada por el Covid -19 fue declarada la urgencia manifiesta en el municipio, mediante el Decreto 056 de 2020. Al amparo de este mandato, la Alcaldía de Acacías celebró el contrato 207 del 20 de marzo de 2020, cuyo valor ascendió a $1.125’000.000 y buscaba el suministro de mercados para atender a la población vulnerable, en un plazo de 20 días.

El contratista César Alonso Ladino Daza habría sido seleccionado en medio de irregularidades en el trámite y celebración del contrato. Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputará el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales al exjefe de la Oficina de Contratación de Acacías (Meta), Óscar Javier Ortiz Arteaga; y a la exsecretaria de Gobierno de Acacías (Meta), Bertha Amanda Perilla Villamil.

Villavieja (Huila)

La Gerente de la Empresa Social del Estado del Perpetuo Socorro, en Villavieja (Huila), comisionó para el retiro de elementos de bioseguridad (tapabocas, batas, guantes y gorros) a Jesús Aníbal Camacho, quien funge como conductor de la citada E.S.E.

El funcionario recogió los artículos en la Secretaría Departamental de Salud y se habría apropiado parcialmente de algunos.

El conductor investigado será imputado por peculado por apropiación.

Finalmente, el Fiscal General anunció que fueron identificados 44 contratistas que fungieron como aportantes en 6 Gobernaciones, 37 Alcaldías y una candidatura a Edil.