Cuatro años y tres meses completa la investigación que cursa en la Procuraduría Provincial de Barranquilla en contra de 16 concejales (8 de ellos activos) y el exalcalde de Soledad, Franco Castellanos Niebles, por la aprobación de un Acuerdo que comprometió vigencias futuras excepcionales, presuntamente sin el cumplimiento de los requisitos legales.

El Acuerdo 000184 fue firmado el 9 de diciembre de 2014 y una queja contra lo dispuesto por el Concejo fue presentada el 30 de enero de 2015 por el periodista Elmer Rudas Menco señalando que el mismo fue aprobado en primer debate por la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública integrada por los concejales Robin Castro Fallace, Enrique Del Castillo Jiménez, José Florián Jiménez, Álvaro Martìnez González, Rodrigo Martínez Rodríguez, Jairo Samper Rojas y Rodolfo Ucrós Rosales.

Luego, en la plenaria, para la aprobación en segundo debate se sumaron los concejales Erwin Baena Lozano, Montewuiliano Balvuena Rojas, Carlos Cabrera Rodríguez, Doris Cáceres Yepes, Félix Donado Escorcia, Luis Espinoza Figueroa, Ruby Puente Garizábal y Johnny Pulgar Severiche. Paradójicamente, en el listado de investigados la Procuraduría incluyó al entonces Concejal William Torres Arcila, pese a que el Acuerdo aparece aprobado por los otros 16 concejales y él fue el único que se opuso.

De ellos, se encuentran activos los concejales Robin Castro Fallace, Enrique Del Castillo Jiménez, Rodrigo Martínez Rodríguez, Montewuiliano Balvuena Rojas, Félix Donado Escorcia, Ruby Puente Garizábal, Johny Pulgar Severiche y Álvaro Martínez González.

Las vigencias futuras excepcionales tendrían como finalidad la prórroga del contrato de concesión suscrito con la Empresa Aseo Especial de Soledad hasta el 28 de febrero de 2031.

Lo curioso del caso es que dicho contrato vencía en 2020 y fue prorrogado por 16 años, es decir, 6 antes que se cumpliera el término vigente en ese entonces.

En torno a esta queja, la Procuraduría Provincial formuló pliego de cargos tanto al Alcalde Franco Castellanos como al grupo de concejales el 30 de octubre de 2017. Es decir, 2 años y 9 meses después de haber sido presentada dicha queja. Desde entonces se espera una decisión por parte del Ministerio Público.

Al formular los cargos la Procuraduría Provincial consideró que en este caso se infringió posiblemente el artículo 1 de la Ley 1483 de 2011, toda vez que no se cumplieron los requisitos establecidos en este, al no tenerse en cuenta ni valorarse, previa a la aprobación del Acuerdo 000184 de 2014, el tipo de proyecto sobre el cual fuese viable utilizar las vigencias futuras excepcionales; las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de conformidad con el artículo 5 de la Ley 819 de 2013; la aprobación del Confis Territorial u órgano que haga sus veces; la consignación del proyecto objeto de vigencia futura en el plan de inversiones del Plan de Desarrollo Municipal, así como la capacidad de endeudamiento del municipio de Soledad frente a los costos de duración de la autorización para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras.

La Procuraduría advirtió en los investigados “un actuar doloso dada su clara intención de vulnerar el ordenamiento jurídico aun conociendo la antijuricidad de su comportamiento”.

También consideró que la conducta de los concejales se vio perturbada en alto grado “pues al no dar aplicación a las normas jurídicas que tenían congruencia con la temática alusiva a las vigencias futuras excepcionales, no desarrollaron cabalmente las funciones que por Ley están obligados, además de defraudar la confianza depositada por la comunidad a la que representan".

Además, “el comportamiento asumido por los investigados conlleva un impacto negativo en los intereses de la sociedad ya que se espera que los servidores cumplan con los requisitos de probidad y honestidad, los cuales resultaron abiertamente lesionados en la medida que no dieron aplicación a la norma alusiva a la temática”.

En concepto de la Procuraduría, “no se aprecia voluntad distinta de los investigados en defraudar la administración pública al no acatar la respectiva Ley y aprobar vigencias futuras excepcionales para ser dispuestas por el Alcalde".

Por estas y otras razones la Procuraduría calificó provisionalmente la falta como Grave a título de dolo, argumentando que “el comportamiento estuvo en contravía del principio de responsabilidad que rige la Funciòn Pública, aunado a que para evitar incurrir en comportamiento no adecuado debieron tener especial cuidado debido a la trascendencia social de su actuar, al momento de aprobar por unanimidad el proyecto en mención, sin el cumplimiento de los requisitos legales”.

En la misma queja, el periodista Elmer Rudas Menco pidió investigación contra el Alcalde Franco Castellanos Niebles y el grupo de 16 concejales por la aprobación del Acuerdo 000186 del 26 de diciembre de 2014.

Con ese Acuerdo los concejales autorizaron al Alcalde para gestionar y suscribir operaciones de crédito interno, por 65 mil millones de pesos, para financiar las siguientes inversiones:

- Mantenimiento de la malla vial de Soledad, $44.000 millones.

- Construcción de obras de saneamiento básico - alcantarillado, $13.000 millones.

- Adquisición de lote para la construcción del Palacio Municipal, $8.000 millones.

Según Rudas Menco, con ese Acuerdo el entonces Alcalde Franco Castellanos Niebles pretendió hacer en un año lo que no hizo en los otros tres de su mandato, dejando al municipio endeudado con una multimillonaria suma, pese a estar incurso en la Ley 550 o Ley de Quiebra.

Es de anotar que, en principio, la Procuradora Provincial, Iveth Castaño Duarte, ordenó la terminación de la actuación y archivo definitivo a favor del entonces Alcalde Franco Castellanos Niebles.

Sin embargo, el quejoso Elmer Rudas Menco apeló la decisión y el Procurador (e) Regional del Atlántico, Eurípides Castro Sanjuan, revocó el archivo definitivo y ordenó vincular a Castellanos Niebles a la investigación.

Rudas Menco expresó preocupación por la demora de la Procuraduría para proferir el fallo y aseguró que ante las consideraciones ya expuestas el mismo debe tener un sentido sancionatorio y de inhabilidad para los investigados.