El Presidente Gustavo Petro sigue su recorrido por Córdoba y esta vez le tocó el turno de llegar a Tierralta, donde tuvo que escuchar con atención la corrección pública que le hizo el alcalde de este municipio, David Contreras.

El pasado martes 19 de marzo, el Presidente ordenó a las Fuerzas Militares acabar con un supuesto bloqueo en la vía que lo llevaría de Ayapel a Tierralta. Sin embargo, no era el Clan del Golfo el responsable de este hecho, como dijo Petro, sino que era la comunidad de Gramalote.

“Presidente, sabe lo que realmente nos dio tristeza... Llevamos más de 20 años tratando de cambiar ese estigma negativo que tenemos. Presidente hace dos noches dijo que estaba listo para hacer la paz con el Clan del Golfo, pero anoche usted anunció algo negativo para nosotros…”, dijo con voz entrecortada Contreras. 

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“Yo llevo recorriendo 140 días los ministerios y las entidades diciendo que este es un territorio turístico, cultural y en paz. Ese anuncio suyo nos estigmatizó más, eso nos dolió en el corazón”, aseguró.

#ATENCIÓN | 🚨Con la voz entrecortada, el alcalde de Tierralta (Córdoba), David Contreras, rechazó las declaraciones del presidente Petro sobre los supuestos bloqueos del Clan de Golfo.

El mandatario municipal dice que se trataron de protestas de comunidades y no de… pic.twitter.com/YSEdj1UvVw

— Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) March 20, 2024

El alcalde apuntó que al Presidente lo “desinformaron” y anotó que lo que pasó es que la comunidad estaba pidiendo el inicio de una obra que llevan varios años esperando. 

“Lo que había aquí era un bloqueo porque a una comunidad no se le ha iniciado una obra sobre la bancada del Río Sinú, vía a Valencia. Pararon y reclamaron que esa obra no ha iniciado, ese recurso lo puso la gobernación, ya esa obra está contratada, no se ha iniciado porque cuando la comunidad la requirió hace seis meses las condiciones eran unas, pero ahora el Río se ha adentrado más y requiere un rediseño”, manifestó.

Pero Contreras, ante la mirada de Petro, no dudó en reclamar un trato que consideró “injusto” a la comunidad de Gramalote, que “fue tratada como delincuente y no lo son”.