Se trata de 468 familias de 30 comunidades indígenas de tres cabildos del Resguardo Emberá Katío del Alto Sinú y de comunidades campesinas de la vereda Naín, en Tierralta.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el exfuncionario hizo parte del denominado ‘carrusel de las pensiones’, del que hicieron parte particulares, abogados y servidores judiciales, entre otros.
El fallo de primera instancia de la Contraloría General cobija además a 4 exsecretarios de Salud, 3 auditores médicos, 2 coordinadores y las IPS Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana.
