La Sección Quinta del Consejo de Estado blindó al Consejo Nacional Electoral frente a las demandas que se radiquen para tumbar la investigación contra el Presidente Gustavo Petro por la presunta violación de topes en la campaña electoral de 2022 por $5.355 millones. 

Esto surge como respuesta a una primera acción que instauró el abogado Sebastián Méndez Tolosa, quien advertía que el CNE no tenía competencia para imputar al Presidente.

Alegaba que "operaba el fenómeno institucional de la caducidad", ya que señalaba que había pasado el tiempo para una medida administrativa contra la campaña. 

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También acusó al Consejo Nacional Electoral de incurrir en prevaricato por acción y violar de manera "flagrante" la Constitución Política.

Sin embargo, en su decisión, el Consejo de Estado advirtió que "no constituye un acto susceptible de control judicial, pues no contiene una decisión de fondo que culmine la actuación administrativa, sino que se trata de un acto de trámite".

"Debe precisarse que el acto administrativo por medio del cual se termine la actuación administrativa sancionatoria por parte del Consejo Nacional Electoral, es el acto definitivo demandable ante esta jurisdicción, frente al cual se puede adelantar el estudio por todos los cargos de ilegalidad y vulneración a normas superiores que se presenten, tal como lo ha hecho esta Corporación en situaciones anteriores", agregó.