Con problemas complejos y estructurales, así está la empresa Air-e, que según la Superintendencia de Servicios Públicos fue intervenida, con fines administrativos el pasado 11 de septiembre, a solicitud de la misma compañía que aseguraba no tener flujo de caja.

No hay muchos detalles del estado contable pues el hackeo que se dio al inicio de septiembre ha paralizado a la empresa.

La facturación también se ha visto afectada en los dos últimos meses y está paralizada en gran parte.

El nuevo agente interventor busca “restablecer toda el área comercial porque no tenemos ni wifi, ni teléfonos fijos. La situación es bastante compleja pero aquí estamos”.

Todo esto “hace parte de los problemas por el ataque cibernético que sufrimos”. 

Después de 45 días de intervención, en su primer día como agente interventor, Palma, confió en que se pueda atender el tema de las altas tarifas. “Responder a los usuarios en un mes y medio de intervención es absolutamente imposible, la situación es bastante compleja, ustedes más que nadie lo saben porque la viven”. 

Como apenas llevaba pocas horas en Barranquilla, al frente de Air-e, el agente interventor anunció diálogo con organizaciones sociales para que todos pongan su parte: Gobierno, Ministerios de Minas y Hacienda, CREG, Superintendencia de Servicios Públicos, las generadoras y usuarios.   

Edwin Palma, en su primer día al frente de Air-e anunció también que se analizará el tema de los cobros que se hacen en las facturas (impuesto de alumbrado público y sobretasa de seguridad). “Lo estamos revisando y lo conversaremos”, señaló. Anticipó una próxima reunión con las autoridades locales. 

Sobre un normal suministro de energía para la región, Edwin Palma mencionó que es su propósito al frente de la entidad. "Este es el reto más importante es garantizar la compra de energía”. 

“Ustedes saben, estamos muy expuestos a bolsa. Y el precio de la bolsa está muy elevado y garantizar la compra de energía y garantizar que nuestros proveedores nos sigan prestando un servicio, ese es el reto que venimos a asumir", puntualizó para referirse a la mayor preocupación de 1.3 millones de usuarios de los departamentos de  Atlántico, La Guajira y norte del Magdalena.