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Opinión
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El 21 de noviembre se produjo un paro nacional convocado, inicialmente, por el sindicalismo, que luego contó con el apoyo de amplios sectores sociales, y de la oposición al presidente Duque. Fundamental en esa protesta fue la participación de la juventud, es decir, de los estudiantes de las universidades públicas y privadas.

Más allá de los medios empleados por algunos para deslegitimar o potenciar el movimiento (utilización de infiltrados con capuchas, fake news, terrorismo virtual o telefónico, etcétera), esa movilización masiva deja en claro que existe mucho descontento con la forma como actúa el gobierno nacional.

Ese malestar se asocia a la polarización que aún divide al país, y, también, a los demás problemas que existen, y que es imposible desconocer. Los primeros de ellos son la tremenda desigualdad y la falta de oportunidades, que golpean de modo especial a la juventud.

El otro tipo de asuntos que no han recibido respuestas adecuadas del Estado son el asesinato sistemático de líderes sociales (van casi 500 personas asesinadas en lo que va del gobierno actual), y la muerte de los reinsertados de las antiguas Farc (la cifra ya casi llega a los 200).

Es lógico que exista preocupación e indignación entre los sectores que no votaron a Duque, y que intuyen, en su actitud indolente ante los asesinatos, una especie de visto bueno otorgado a los núcleos de la ultraderecha que ganaron las presidenciales anteriores, azuzando los bajos instintos de la parte de la nación que odia a la izquierda y a las guerrillas.

Se sabe que Duque asumió el poder cabalgando en los lomos de un partido que se opuso a los acuerdos de paz de La Habana, y que trazó como estrategia hacerle mamola a la paz y a las reformas que deseaba la otra mitad del pueblo colombiano que está más hacia el centro y la izquierda del espectro político.

La negativa a proseguir la línea del gobierno anterior (de intentar la pacificación por la vía del diálogo y la reforma), y la decisión de rodearse de funcionarios guerreristas (que niegan la necesidad de la paz por esta ruta, y que sabotean la aplicación de los acuerdos), son otras de las tantas variables que explican el polvorín que ahora estalló. Es decir, los uribistas continuaron sembrando la semilla de la guerra, y esta les estalló, en plena cara, en su forma de protesta social.

Otro asunto causante de descontento es la falta de voluntad para aplicar la reforma agraria que se derivó de los acuerdos, y que beneficiaría a la mayor parte del campesinado. Es casi imposible que el partido de los grandes terratenientes dé un solo paso a favor de combatir la extrema pobreza y la iniquidad que cruza la vida campesina, asumiendo un compromiso serio con la reforma del campo.

Este es un gobierno que padece de autismo suicida con respecto a los problemas sociales, porque maneja una concepción económica basada en una dogmática neoliberal (que tiende a favorecer los intereses de las élites que concentran la mayor parte de la riqueza), cuyo efecto perverso es hacer más ricos y poderosos a los estratos altos, pero más pobres y pauperizados a los medios y bajos.

Esto es lo que fundamenta la indolencia de Duque y sus aliados ante los intereses de los jubilados, y de los otros sectores que requieren una mayor protección del Estado, o una redistribución más igualitaria de la riqueza social. Y eso es lo que está detrás de las amenazas de sus aliados contra el poder adquisitivo de los trabajadores, y de quienes están próximos a la jubilación.

¿Cómo quieren los uribistas que la gente no se rebote si están saboteando sus anhelos de paz y de reforma? ¿Cómo se puede construir una sociedad más igualitaria y justiciera sino es a través de un modelo que exprese honestamente los intereses y aspiraciones de las mayorías?

El ejemplo de Chile en esa materia es muy claro. Los líderes chilenos se solazaron con las bondades de la economía de mercado (y con las ganancias), y descuidaron sus efectos perversos, sobre todo contra los sectores populares. Consecuencia: un estallido social provocado, básicamente, por la indolencia del gobierno Piñera.

Le pueden echar la culpa al fantasma que quieran (castrochavismo, saopaulismo, o lo que sea), pero en Chile ese sonido de la protesta social fue un claro síntoma del malestar de la gente común, de esa que no se beneficia realmente de la generación de riqueza, y que cada día se estrella contra la desesperanza.

El sonido de la protesta social en Colombia tiene un claro parecido con el de Chile. Es una explosión de la furia popular que rebasó el llamado de los sindicatos y la oposición, o de los grupos clandestinos que combaten al gobierno. El golpe de las cacerolas representa un basta ya sin balas, un no más contra el autismo oficial.

Es un sonido que refleja aún la polarización que dejó la guerra, pero que expresa, también, el profundo malestar de los trabajadores, de los estudiantes, de los intelectuales y reinsertados que no confían en un gobierno mentiroso, incapaz de cumplir lo que promete.

Ya Duque y los suyos tienen la medida de lo que puede ocurrir si no superan la indolencia y la ineficacia para resolver los problemas. Y les quedan solo dos caminos: el de un compromiso serio con los acuerdos de paz (que, paradójicamente, es lo que más les conviene), y el de respetar los derechos e intereses populares.

El camino traumático de la represión y la violencia es el horizonte que se debería excluir, pues con solo mirar al pasado reciente basta para comprender sus consecuencias catastróficas. Una sociedad en paz depende del respeto de los acuerdos de La Habana, y de tener en cuenta los intereses de las mayorías. Si no se atiende a ese sonido, lo que podría seguir se llama barbarie…

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