En la actualidad, los colombianos hemos venido observando con preocupación las diferentes declaraciones realizadas por las empresas prestadoras de salud y  del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud en el sentido de afirmar que, si las EPS quiebran, los colombianos tienen la salud asegurada. En este contexto, comparto la firmeza con la cual el señor ministro nos asegura a los colombianos la prestación de este derecho fundamental; pero en el mismo sentido, considero que este argumento es bastante altivo, toda vez que adopta un tono desafiante.

Si bien sabemos que los recursos para la salud que se giran a las EPS no son de las EPS, sino que corresponden al erario público, es decir, son recursos de todos los colombianos, las declaraciones del propio presidente Petro a la revista Cambio fueron también en esa misma línea, ya que se refirió a esta situación como una problemática que se debe solucionar con la reforma al sistema de salud. Incluso, al afirmar que si las EPS se acaban por sí mismas es porque estas mantienen un modelo económico insostenible; ante tal afirmación, me parece aún más delicado expresar este tipo de conjeturas apresuradas, dado que si las EPS han llegado a esa instancia ha sido, en parte, por la deuda acumulada que ha tenido el Estado durante años para pagarles oportunamente.

Por un lado, si bien estamos de acuerdo en que el Gobierno tome medidas razonables encaminadas a corregir las falencias que desde hace muchos años vienen teniendo un sinnúmero de EPS en el país, desde el legislativo no podemos estar de acuerdo en que haga que sus afiliados, en su condición de pacientes, esta situación les haga percibir confusión, al punto de pensar que se les podría afectar su continuidad en su atención médica y tratamientos de salud al tener que contemplarse trasladarlos a otras EPS.

Pero, de la mano de ello, tampoco podemos avalar que se estigmatice a las EPS con este tipo de mensajes que hacen énfasis en la quiebra y en el posible desempleo del personal de la salud, cuando el objetivo principal del Gobierno Nacional, dentro de sus políticas de cambio, es promover un diálogo más amplio y participativo en torno a la solución de las irregularidades que por años se han venido presentando en estas entidades de salud.

Celebro las declaraciones dadas el pasado 28 de agosto por el señor Ministro Guillermo Jaramillo como resultado del espacio de dialogo entre las EPS, el Ministerio, ADRES y ACEMI tendientes asegurarle a la opinión pública que el Gobierno Nacional, mediante mesas de concertación, abordará los temas que generan incertidumbre en cuanto a la prestación del servicio, tales como la suficiencia en la unidad de pago por capitación, presupuestos máximos y deudas que anteceden al Gobierno del Presidente Petro.

Desde el Congreso de la República, seguiré muy de cerca este segundo intento del Gobierno por avanzar en el proceso de consolidación de una nueva reforma a la salud para los colombianos; reforma que deberá propender por asegurarle al sistema, mecanismos que permitan a los usuarios una atención oportuna y eficaz, pero así mismo, brindar garantías a las empresas prestadoras y al país de la no politización de la salud, lo que realmente dificulta el acceso y la óptima prestación del mismo.

De manera que, la muestra de solución que necesitamos los colombianos para que se nos permita apreciar el impulso que se requiere para salir a flote en los temas sensibles para el País, recae en el dialogo, el consenso y la eficaz ejecución de los compromisos entre el sector privado y el Gobierno Nacional; la solución es trabajar por el bienestar de la gente.