11:42 am. Lunes 15 de Abril de 2019
Opinión
11:42 am. Lunes 15 de Abril de 2019

Las palabras construyen realidad y además se definen y redefinen, se actualizan, fundamentalmente por la necesidad de sobrevivir, de mantener su significado, su relevancia  y de seguir dando sentido  a lo que nombran y  a las personas que las utilizan.

El concepto de democracia nació en la Atenas del siglo V antes de Cristo para denominar un sistema, que en lo medular, salvo el  principio de la isonomía, es decir, de la  igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, es muy distinto al que nosotros entendemos hoy. En la Grecia clásica se consideraba válida la institución de la esclavitud, la mujer era considerada inferior, lo mismo que el hombre del campo con respecto al de la ciudad y los metecos (todos aquello que no tuvieran a sus cuatro abuelos atenienses) eran considerados extranjeros y no podían acceder a la toma de decisiones. Es decir, en la práctica, era un sistema bastante restringido y con instituciones que son incompatibles con la democracia actual. Más aún, ninguno de los filósofos clásicos que tanto valoramos en sus aportes, se planteó partidario de este sistema que, antes de la invasión macedónica a la extremidad sur de  los Balcanes,  había perdido bastante de su credibilidad.

Desde esa primera experiencia el vocablo se pierde durante muchos años en la Historia, empieza a ser recuperado a principios del siglo XIX en el contexto del intento griego por lograr su independencia del imperio otomano. Su resurgimiento estuvo más bien eclipsado por el concepto de República (que en términos actuales tiende erróneamente a homologarse con el de democracia) y porque la misma independencia helena se hizo realidad a través de una monarquía y no del sistema de gobierno del pueblo.

A principios del siglo XX los países que vivían bajo un sistema que podemos llamar democrático eran contados con los dedos de una mano. La Primera Guerra Mundial y el derrumbe de cuatro imperios en Europa permitieron una pequeña primavera del concepto que pronto fue eclipsado por las nefastas consecuencias de la gran depresión que permitieron el surgimiento de los totalitarismos fascistas y estalinista.  Es en la segunda mitad del siglo  donde, según los planteamientos de Samuel Huntington, se viven dos importantes oleadas democratizadoras que se inician con la destrucción material del fascismo (fue la guerra la que lo derrotó), por el noble proceso descolonizador en África y Asia y, posteriormente, la caída de las dictaduras en España y Portugal, la recuperación democrática en nuestra América Latina y en los países de la Europa del Este después del derrumbe de la URSS.

El famoso politólogo estadounidense, Francis Fukuyama, entrega una estadística que demuestra que el sistema democrático es el más extendido en el mundo de hoy y que serían más de 140 los países del mundo que adhieren a este sistema que nunca deja de ser cuestionado e incluso amenazado.

La democracia que hoy reconocemos se legitimó en función del voto y sin duda que el respeto a la soberanía popular es incuestionable, pero la viabilidad del sistema hoy no sólo depende de aquello. En el mundo que vivimos, más allá de que se puede cuestionar la eficiencia del sistema, (como decía un querido alumno hace unos años, es el menos malo) lo que parece no estar en duda es la relevancia que le asignamos a los valores y principios en los que la democracia se sustenta: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (dijo Lincoln), la alternancia en el poder, la solución pacífica de nuestros conflictos, el pluralismo ideológico y el respecto a la diversidad, el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías y, muy especialmente, la posibilidad de renovarse y cuestionarse internamente.

Nuestra querida Latinoamérica nos habla de la necesidad de valorar la democracia más allá del simple ejercicio democrático del voto. La realidad de nuestros gobiernos así lo demuestra, son muy pocos los que mantienen, a pocos meses de haber llegado al poder, el apoyo popular con que iniciaron sus gobiernos, es más, en la gran mayoría de los casos las encuestas demuestran que son muy pocos los que logran mantener una mayoría de apoyo ciudadano y son cada vez más los que terminan con índices de apoyo que son verdaderamente paupérrimos. ¿Es esto lo que nos debe importar? ¿El escaso apoyo ciudadano de los gobiernos electos deslegitima su autoridad? ¿Es necesario acortar aún más los períodos presidenciales y de cargos parlamentarios para el buen funcionamiento, y por qué no decirlo, la defensa del sistema? Sin duda, desde mi opinión, la respuesta es de una rotunda negativa. La validez del sistema debe descansar no solo en la legitimidad de origen, sino que también, y fundamentalmente, en la legitimidad de contenidos y de funcionamiento, en que el comportamiento de las autoridades y las políticas públicas  se apeguen a los valores y principios democráticos, que la democracia deje de ser puramente electoral y avance hacia un verdadero gobierno del pueblo a través de la institucionalización de referéndum y plebiscitos vinculantes, de la iniciativa ciudadana de ley, del mandato revocatorio, en fin, una ciudadanía no solo lo más amplia, sino que también lo más empoderada posible.

Es este el concepto que hoy debemos defender de democracia, es por ello, que tengo el derecho a cuestionar la legitimidad de contenidos del gobierno de Bolsonaro (que fue elegido por una amplia mayoría de votos) en el mismo momento en que hace un acto de celebración (y sin duda con mucha admiración de por medio) al golpe de Estado cívico militar de su país. Dicha celebración nos lleva a la memoria las dictaduras militares que se pusieron de moda en nuestra realidad en las décadas de 1970 y 1980, a lo mejor los más tristes recuerdos de repudio a la legitimidad de origen y de contenido de la democracia en nuestra historia.

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